El fútbol , víctima de la violencia
La violencia en el fútbol es el espejo más crudo de una compleja realidad social alimentada por la marginación, la anomia, la corrupción, los abusos policiales y las deficiencias estatales.
Las responsabilidades por la muerte de Ramón Aramayo deben determinarse, es especial para que se evalúe la posible intervención policial en el hecho. Pero las respuestas deben ir más allá de las judiciales, ya que sería enormemente significativo que esta pérdida tuviera las repercusiones adecuadas tanto de parte de las autoridades públicas como de la dirigencia deportiva, a fin de ponerle punto final a la red de complicidades que a lo largo de las últimas décadas se han tejiendo entre los dirigentes, las fuerzas policiales y las barras bravas.
Los hechos previos y posteriores a la muerte de Aramayo deben ser evaluados para aprender todas las lecciones. Los antecedentes de violencia entre las barras de Vélez y San Lorenzo -en 2008 fue muerto un hincha de Vélez- habían tratado de ser mitigados por los presidentes de los clubes, pero esta buena intención chocó con una estructura poderosa, que involucra a grupos de choque asociados al fútbol y también a la droga y negocios turbios que se entrelazan con la política.
La cultura de la violencia se manifestó antes y después del partido, en las afueras del estadio y en las tribunas. Una vez más, hubo muerte y destrucción de bienes y debió interrumpirse el partido.
El origen de la formación de grupos violentos en el fútbol es parte de la difusión de una cultura de la violencia y el desprecio por las normas de convivencia civilizada que se registra en numerosos aspectos de la vida social. Pero las barras bravas, que actúan con la tolerancia o la complicidad de dirigentes del fútbol y de la política, tienen un papel fundamental en iniciar y promover incidentes.
En la medida que estos vínculos se mantengan, la sociedad seguirá expuesta al riesgo de la violencia y el delito que campean en el mundo del fútbol.
La muerte número 256 en nuestro fútbol demanda tanto la determinación de la responsabilidad en sede judicial como una respuesta de parte de las autoridades políticas y deportivas.