El fiscal Pollicita se opuso a la venta de Indalo y complica la situación del Grupo
La operación ya fue rechazada por la AFIP y por los veedores judiciales.
El fiscal Gerardo Pollicita se opuso a la venta del Grupo Indalo. Así, los planes de Cristóbal López de desprenderse de la totalidad de acciones de su holding para ser vendidas a OP Investiment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, suman dificultades y se alejan cada vez más de una venta. La operación ya fue rechazada por la AFIP y por los veedores judiciales.
Con 170 empresas, el Grupo Indalo atraviesa su peor momento desde que fue constituido- durante el gobierno kirchnerista-. Sus dueños Cristóbal López y Fabián De Sousa están presos por defraudación al Estado desde el 19 de diciembre. Justamente, buscar desprenderse del holding pese a la inhibición de bienes impuesta por el juez Julián Ercolini en el marco de esta causa, fue uno de los argumentos que sustentan la prisión preventiva.
Consideró que la venta es una de las "diversas conductas tendientes a impedir la conservación" del patrimonio del Grupo que es la garantía para afrontar el pago de la deuda con la AFIP que llega a $ 17.000 millones. Es por la evasión al impuesto a los combustibles, por parte de la petrolera Oil Combustibles.
A fines de diciembre el juez Ercolini, ante un nuevo escrito que presentó Carlos Beraldi, abogado de López y su socio, insistiendo con la venta, le pidió a las partes (el fiscal Gerardo Pollicita, la AFIP y los veedores), que vuelvan a pronunciarse sobre la operación.
En un escrito de 20 páginas al que accedió Clarín, con duras críticas, el fiscal Pollicita rechazó la venta del Grupo Indalo. Entre sus argumentos señaló que el plan de venta "lejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios en el quienes adquieran la propiedad del Grupo Indalo, evidenciarían una ingeniería societaria legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros en particular al Estado nacional".
Dudas sobre OP
Al momento de puntualizar sus críticas, Pollicita señaló en primer lugar, que el grupo inversor "es inexistente y carece de capacidad económica y financiera". Y remarcó que no se aportó "ningún documento jurídico que legitime a OP como compradora". Reiteró que el fondo de inversión "carece de capacidad económica y financiera para afrontar la situación y los riesgos de un grupo de la magnitud de Indalo".
Las principales críticas del fiscal refieren a que la operación se realizó entre López y Rosner y su socio Dellatorre "y posteriormente se creó OP con un capital de 1.000 dólares con los cuales haría frente a cualquier eventualidad", explica el dictamen presentado al juez Ercolini. La sospecha es que OP funciona sólo como "una sociedad vehículo" con fecha posterior a la oferta.
En consecuencia, señala Pollicita que OP "no firmó ninguna intención de compra" lo hicieron Rosner y Dellatorre "dueños del fondo de inversión". "En caso de no poder recomponer la situación del grupo únicamente deberán responder con el patrimonio de la "sociedad vehículo" (OP) con los referidos 1.000 dólares", expresa el escrito.
Inconsistencias en el contrato de compra
El representante del ministerio Público Fiscal indicó como segundo punto que hay "inconsistencias en el contrato de compra venta y el plan estratégico". La operación según Pollicita "no representa un riesgo patrimonial para Rosner y Dellatorre sino más bien una operación en la que sin asumir ningún riesgo aparente obtendrían ingresos millonarios".
Pone en duda al inversor estratégico al considerar que "no cuenta con el respaldo que debería poseer la intención de una empresa de ingresar en un negocio de estas dimensiones".
Para la Fiscalía no está acreditada la intención del inversor que es un trader ruso y que "lejos de prever la inyección de fondos para capitalizar las firmas del grupo, planea inyectar fondos en concepto de mutuos que se garantizan con los mismos bienes que es la garantía del fisco ante la deuda millonaria".
En consecuencia, el Estado afectado por la maniobra defraudatoria de López y De Sousa y Ricardo Echegaray, se vería perjudicado por el plan estratégico impulsado por OP. "Pese a que se auguran ingresos por 300 millones de dólares, únicamente serán aplicados al pago de la deuda con AGIP 972 millones de pesos, unos 48 millones de dólares sólo un 15% del total, mientras el 85% restante los "compradores prevén obtenerlos con un régimen de facilidades de pago en 90 cuotas mensuales, es decir 7 años y medio", indicó Pollicita.
Creación de una firma sospechosa
Otra de las principales críticas del fiscal, refiere a manejos de fondos pocos claros. "Se creó una empresa para cobrar: OP Management, vinculada OP Investiment y/o a los directores Rosner y Dellatore" que ha realizado "operaciones financieras con Oil. La firma se constituyó en noviembre de 2017 por los dueños de OP.
Oil y esta nueva firma sellaron un convenio el 22 de diciembre (tres días después de la detención de Cristóbal López) de cesión de derechos de cobro aplicable a cheques, facturas, certificados de obra-. Se cobraron comisiones de $ 45.000, se autorizó un desembolso de $ 10 millones y se descontaron dos cheques (uno por $ 7 millones y otro por $ 3 millones) entre el 24 y 26 de enero.
Las críticas de la AFIP y los veedores
El rechazo se sumó a la negativa por parte de la querella de la causa y denunciante a su vez, esgrimiendo que "no se prevén garantías", ya que las mismas serían el flujo de fondos de la empresa Oil Combustibles SA, y que se piden levantar la inhibición "para ofrecer los activos como garantía del aporte que realizaría el trader ruso", entonces "la AFIP estaría perdiendo una garantía sobre un activo real".
Oil Combustibles es la petrolera que generó la millonaria deuda con el fisco por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La AFIP en su rechazo a la venta señaló además, que la nueva administración de la empresa -OP Investiment-, generó nuevamente una deuda por no pagar el último trimestre de 2017 dicho impuesto. A la fecha deben 875 millones de pesos.
También indicaron que en la presentación de Indalo sobre la venta "no se informa cuál es el objeto de la necesidad de transferencia de las tenencias accionarias".
Por su lado, los veedores en duros términos plantearon la existencia de un "delicado e inestable estado de las cosas". Se criticó entre otras medidas adoptadas por OP que los actuales administradores -Rosner y Dellatorre-, se han retribuido "con anticipos de honorarios por $ 5.091.310 cada uno".
En sus críticas los veedores remarcaron que OP funciona sólo como "una sociedad vehículo" con fecha posterior a la oferta "no está demostrado que los compradores propuestas dispongan por sí solos, de la capacidad financiera económica ni la estructura administrativa para hacerse cargo del grupo".