El expediente judicial por las escuchas ilegales en la causa Mi Sangre

 El juez federal Claudio Bonadío investiga una causa que podría terminar en un verdadero escándalo con implicancias internacionales, por la utilización en forma ilegal de un sofisticado equipamiento de interceptación de teléfonos celulares que está prohibido en la Argentina y que podría haber copiado información de miles de teléfonos.

Pero ese no es el único expediente que tiene como sospechosos a oficiales de la Policía Nacional de Colombia. En el mencionado país, también se abrió un expediente similar para analizar el comportamiento de dos espías identificados como Diego Hernán Rosero Giraldo y César Gonzalo Triana Amaya.

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Ambas denuncias fueron presentadas por el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Henry de Jesús López Londoño, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza por tener un pedido de extradición de los EEUU en el marco de una causa por presunto narcotráfico. López Londoño, conocido como "Mi Sangre" o "Carlos Mario", aseguró a través de las presentaciones penales que ese equipamiento fue ingresado ilegalmente a la Argentina para realizar tareas de inteligencia en su contra en el año 2012.
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Lo más grave de esta situación, más allá de la prohibición que existe en el país para utilizar dicho equipamiento por violar las leyes de seguridad nacional, es que los oficiales de la Policía Colombiana pudieron haber copiado y robado información de miles de teléfonos argentinos.

El equipo en cuestión es de marca Harris modelo "Stringray" que, cuando fue ingresado al país por los mencionados policías colombianos, se informó a la justicia que sólo podía detectar dónde se encontraba un teléfono celular con número de Colombia que, aparentemente, utilizaba en ese momento López Londoño. Fue en mayo del año 2012.

Pero, cuando se denunció el escándalo, un ingeniero especializado informó que "una forma particular de uso de un Stingray es como interceptación de comunicaciones, esto se puede llevar a cabo dirigiendo a un objetivo una antena direccional o hacer un barrido general de un sector con una antena omnidireccional y recopilar los IMEI e IMSI dentro del alcance". Además, el especialista agregó: "con esa información y con registros previamente obtenidos del objetivo, (teléfono o localizador) se pueden almacenar en el computador portátil, los mensajes de texto y las llamadas entrantes y salientes..."

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El primer juez interviniente en la búsqueda de López Londoño, Norberto Oyarbide, fue alertado por la Secretaría de Inteligencia de nuestro país sobre la utilización de este equipo, por lo que el magistrado, textual, ordenó lo siguiente el 31 de mayo de 2012:  "haga saber a los funcionarios colombianos que el dispositivo de radiolocalización de aparatos celulares, deberá ser retirado en forma inmediata del territorio de la República Argentina, por contrariar las disposiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional".

En rigor, a Oyarbide le habían mentido cuando le pidieron permiso unos meses antes: por escrito le dijeron que ese equipo no podía escuchar llamadas ni grabar mensajes ni información alguna del teléfono y que sólo se utilizaría para localizar el lugar donde estaba el celular colombiano que utilizaba López Londoño.

Ahora el juez Bonadío investiga la grave denuncia. Lo que quiera saber es quiénes fueron los responsables y, a la vez, deberán determinar si en los meses en los que se usó ese equipo en el país, en la memoria del aparato se llevaron información privada de miles de teléfonos argentinos. El caso amenaza con ser un verdadero escándalo internacional.