El examen buitre de Martín Guzmán, trincheras opositoras y revolución judicial con las jubilaciones

Ignacio Zuleta

Escritor - Periodista

De bailar en el Ritz a reuniones estratégicas (secretas) en NYC

Martín Guzmán terminó con una cena de balance del viaje del G20 con la delegación que lo acompañó a Riad en el fino restorán Layali Al Daraa, que inspira su menú en delicias de la cultura Najdi. Se entusiasmó con escenas de amor financiero de todos sus interlocutores, de Kristalina Georgieva a Steven Mnuchin (ministro de Hacienda de Trump), pasando por el francés Bruno Le Maire, que le prometió un pase para una charla pacífica con el Club de París para cerrar los entuertos de tasa que heredó de Axel Kicillof. Se encantó con la ministro de Hacienda de la India Nirmala Sitharaman. "Está muy preparada", la elogió. También se fascinó, como debutante en tan altas ligas, con el minué de los grandes cabezones de esta historia, como la Georgieva, que se saludaba como si nada con Christine Lagarde. Escenas de Puttin' On the Ritz (Bailando en el Ritz, Irwin Berlin, fox trot,1927) que ocurrieron en el hotel homónimo de Riad.

Allí el ministro y sus acompañantes -Miguel Pesce, Sergio Chodos y algunos más- recogieron los testimonios de que el mundo está más globalizado de lo que creían, pero hoy con un rostro humano que parece derramar sobre los hombros de usureros y buitres las bienaventuranzas de la "economía de Francisco", de la cual es cabecera hoy este FMI, que parece más un asistente terapéutico que enfrenta, junto a los Fernández, a los buitres. Vivir para verlo. Después de la despedida de este domingo -Pesce se vuelve e Buenos Aires- el ministro reaparece a mediodía del lunes en Washington, en donde tiene compromisos armados por el embajador Jorge Argüello con funcionarios del FMI. Con ellos iniciará el compromiso mayor que tampoco nadie creía que iba a ver en un gobierno cristinista, la revisión de los números de la economía bajo el artículo IV de la carta del organismo. Cristina nunca lo permitió. A mí los números no me los tira nadie.

Sigue la gira de Guzmán el martes con una agenda discreta, que el propio ministro definió como de "encuentros estratégicos". Si se traduce periodísticamente, serán reuniones con acreedores, bancos y fondos de inversión, a quienes el funcionario someterá a la práctica que va a marcar la negociación: el examen de buitre. Consiste en indagar cuánto está dispuesto a admitir un inversor como recorte del capital invertido. En el pronóstico más pesimista, los bonistas hablan de un recorte del 50%. Quien admite eso, será un buen cooperante y será distinguido; quien no lo acepte recibirá la medalla ominosa de buitre de toda buitredad.

La pelea en Buenos Aires le resta apoyos a la renegociación

Con todo bien en el viaje -que fortalece el corazón, como dice el vate- lo que va a necesitar el ministro es que en Buenos Aires no le mojen los papales. Pidió y logró un apabullante apoyo de la oposición a la renegociación, con votos unánimes (45 a 0) en el Senado, pero en la semana que se inicia va a tener que empezar de nuevo para retener ese apoyo. La andanada del oficialismo en el terreno judicial vaticina un estallido de esos buenos modos que se vieron en el Congreso. Vuelven las trincheras de la oposición para revisar la reforma de jubilaciones a los jueces y rechazar el pedido de intervención a la justicia de Jujuy que busca beneficiarla a Milagro Sala, emblema del peronismo como antisistema.

El fin de semana los radicales entornaron a Gerardo Morales y o ayudaron a “desenterrar el diablo”, ritual carnavalesco que en estas circunstancias llegó cargado de simbolismo. Junto a él estaban el correntino Gustavo Valdés, legisladores como Mario Negri o José Cano, y funcionarios del gobierno local, como Normando Álvarez García. Éste viene de ser embajador en Bolivia entre 2015 y 2019 y animó las cenas que mantuvieron los carnavaleros con datos sobre la crisis de aquel país que terminó con la salida de Evo Morales. Fue quien abrió la embajada para proteger a varios funcionarios hasta que salieron de ese país.

En ese encuentro se comprometieron a la vuelta de las grandes batallas como las que libraron contra los Kirchner antes de 2015. En aquellas lides, el dúo Morales-Ernesto Sanz hizo historia desde una minoría apabullante en el Senado y pudieron remontarla. Se tienen confianza ahora. Prepararon la reunión de la mesa de Cambiemos de este miércoles y también un viaje para la semana que viene de un malón de legisladores de todo el país a un mega acto en Jujuy. Esa provincia es cabalística para Cambiemos. Allí cerraron campañas electorales, salvo la última, y Macri perdió. El ex presidente, como todo futbolero, cree en las cábalas y debió respetar ésta y alguna otra, porque no la invitó a Elisa Carrió el día de las elecciones a la quinta Los Abrojos, ignorando otra cábala infalible hasta entonces.

Alberto confunde para acumular poder

Bulle la oferta explicativa en torno a un prejuicio que no está demostrado: que Alberto y Cristina son distintos y que disputan por el poder con armas hirientes. Lo formuló, con la energía de sus pronunciamiento más racionales, Elisa Carrió. Señaló que la vicepresidente arrincona al presidente y lo compromete en un proyecto de desmantelamiento institucional que va desde los indultos a procesados del último gobierno peronismo, hasta un vaciamiento del poder judicial con una reforma previsional para ese sector que dejará a los tribunales sin jueces ni fiscales para brindar el servicio de justicia. Hay constancias en contrario, como las que le hacen decir a Alberto, en un video inexplicable por su intencionalidad, que durante el gobierno de Cambiemos el país "sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare".

Es un cañonazo al sistema institucional que viene de parte del Presidente, que además es un abogado que:

1) Debería dar alguna prueba de esas violaciones.

2) Explicar por qué, siendo un catedrático de derecho penal en una universidad pública, adhiere a ese lema de la lucha partidaria que es el "lawfare", un presunto pergeño de periodistas y jueces que además está por probarse como novedad.

La confrontación de los políticos con el sistema judicial es universal y es un lugar común de la política contemporánea, en donde se construye poder con el ejercicio del control de la virtud ajena. Basta con leerlo a Richard Nixon en sus memorias "In the Arena", que acusa al Watergate que produjo su renuncia, como un caso de lo que hoy se llama por acá "lawfare". Lo mismo dijeron los militares enjuiciados por delitos de lesa humanidad, Menem por el caso armas y otros, De la Rúa por los no-sobornos del Senado, y los Kirchner por las sospechas de corrupción. En todos esos casos el motor eficiente fue el sistema judicial, sin intervención de los poderes del momento.

En la Argentina los políticos, gobiernen o no, no manejan a los jueces, que constituyen un poder propio. A algunos les gusta, a otros no, pero es así. O tiene razón Carrió que son diferentes y que están en guerra disputando poder, o se le cree al video y terminan siendo lo mismo. Quienes ponen la mirada en la primera hipótesis profundizan en esa contradicción y rescatan las frases del Presidente sobre que no va a indultar a nadie o que una reforma de la justicia no incluirá cláusula de impunidad tácita como el cambio de jueces en causas contra ex funcionarios. Esa contradicción por parte de Alberto revela una estrategia elemental: profundizar la confusión sobre lo que en realidad piensa y dice con el propósito de ampliar su margen de libertad. Pone fichas en varios números del tapete, adherir al cristinismo judicial y al mismo tiempo negarlo, cuando lo que está haciendo es asegurarse un margen para, al final elegir alguna de esas posiciones.

El peronismo se arriesga a repetir la historia

La tasa de corte es aquí la actitud del peronismo como conjunto: ¿están dispuestos los gobernadores, que constituyen una liga que controla al oficialismo a verse envueltos en una reiteración de lo que vivieron durante la presidencia de Cristinas, vinculados una guerra dialéctica con la oposición, los medios y la opinión pública en torno a la calidad republicana de su gestión? El peronismo perdió el poder en 2015 después de una serie de derrotas electorales motivadas en la división de esa fuerza. Las razones de esa división estuvieron en el rechazo de un sector importante de los gobernadores y del peronismo que representó Sergio Massa, de los intentos de reelección, de reforma de la justicia, de pelea con la opinión pública y los medios que la expresaban.

Esa lección seguramente servirá como regulador de la actitud ante el intento de un sector del Gobierno de repetir una historia que terminó mal. No es una especulación. Hay gobernadores y legisladores que se han alineado con el nuevo gobierno después de estar en la disidencia desde 2009, pero que ya dicen que su posición está condicionada a que no se repitan aquellos proyectos hegemónico. Uno de los senadores el oficialismo más identificado con el cristinismo deslizó ante sus colegas que si el Gobierno vuelve sobre aquellos proyectos como la ley de medios o la reforma judicial, le retirará el apoyo. Lo sabe Alberto seguramente cuando busca ampliar el margen de manejo para, en un determinado momento, elegir el camino que le asegure la gobernabilidad. Cristina o el apoyo de los gobernadores. Estos son los responsables de que él haya llegado a la presidencia porque condicionaron su apoyo a que Cristina no fuera la candidata. Esa es la clave de bóveda del actual gobierno.

Rarezas criollas: el Senado, dominado por Cristina que no es senadora

En una pulseada sorda, Alberto logra que se no le rearme un foco de poder en una comarca que no domina, como es el Senado. Por primera vez en años, jefes de bloque de esa Cámara no concentran las negociaciones y las decisiones. Hasta el año pasado, el Senado era una cámara en la que tallaban Miguel Pichetto por el bloque de peronismo federal, Marcelo Fuentes como delegado del cristinismo, y Federico Pinedo como referente del oficialismo de entonces. La salida de esos tres legisladores abrió un panorama singular: un Senado dominado por Cristina, que no es senadora. Difícil de imaginar tamaña disminución de gravitación de esa cámara, que es en donde se presume que están representados los gobernadores.

La cámara federal por antonomasia funciona ahora dominada por el peronismo a través de un circuito de transmisión que termina en la vicepresidente. El bloque formal lo conduce José Mayans, que había secundado a Pichetto en el formato anterior. Pero las decisiones las consulta con la senadora Anabel Fernández Sagasti, la legisladora más cristinista. Ella, a su vez, se referencia en Fuentes, quien fue confirmado en la sesión del jueves en el cargo de Secretario Parlamentario, uno de los superpoderes del Senado, pero que en este caso tiene terminal en Cristina. La novedad no es que el peronismo controle la cámara, porque lo hace desde 1983. Alfonsín debía acordar todo con Vicente Saadi, De la Rúa con Augusto Alasino y Macri con Pichetto. Todos esos interlocutores negociaban porque eran senadoras. Cristina no es senadora, pero tampoco negocia y ese es un nuevo elemento del poder para tener en cuenta de este armado.

Se entiende que los gobernadores no anden mucho por el Senado y sí por Olivos o en Casa de Gobierno. Su gobernabilidad depende de la política, que es lo más lejos que hay de la intransigencia de Cristina, que blinda situaciones en defensa de su interés personal -como la captura del sistema de justicia -, mientras que Alberto tiene que vérselas con el interés público, que sólo se puede hacer mediante la política, que es negociación. Por ahí pasa el corte entre el presidente y la vice y no tanto en el nivel de las anécdotas, que entretienen, pero no explican mucho.

Jueces: buscan forzar a la oposición a defender privilegios

La juntada jujeña es excepcional para una oposición que hasta ahora le ha colaborado como nunca hizo ninguna fuerza antes con necesidades del Gobierno. Desde la oposición ven que la reforma previsional para los jueces puede dejarle vacantes al Gobierno en cerca de la mitad del millar de plazas de magistrados nacionales y federales de todo el país, por el retiro masivo de quienes querrán jubilarse en las condiciones actuales, y no pasar a regímenes generales sin movilidad ni relación con los salarios en actividad. Más que una reforma será una revolución judicial, que no está en la letra de ninguno de los proyectos que estudia el gobierno, sino que surge de los hechos que desencadena la sola amenaza de la reforma de jubilaciones.

El Gobierno ata su iniciativa en la demanda de la opinión, que apoya todo recorte de diferencias en el tratamiento de jubilados, sean jueces, diplomáticos o docentes. El envión obliga a la oposición a ponerse en el peor lugar, que es aparecer defendiendo privilegios. Un clásico de la vida legislativa en gobiernos peronistas: hacer músculo con iniciativas que la oposición comparte para asegurarse el voto, pero a costa de la debilidad de sus contradictores para defender aquello que no comparten. Pasó en el ciclo Kirchner, cuando el Gobierno de entonces arrinconó a la oposición con proyectos propuestos por ellos. La ley de medios nació con el gobierno de De la Rúa y Gustavo López en el ex Comfer, las estatizaciones de jubilaciones, YPF y de Aerolíneas eran banderas del radicalismo desde los años ’90, con las que enfrentaron a Menem. El último gobierno peronista los reflotó para montar sobre esos proyectos importantes victorias legislativas. Proponían lo que antes habían defendido sus opositores y los obligaban a posiciones vergonzantes por defender aquello en lo que no creían. No hay nada peor para un político aparecer en esa posición. En el peronismo eso no tiene mucho costo porque importan los “posicionamientos” más que el principismo. El mejor elogio que puede recibir un peronista es que “quedó bien posicionado”, es decir en el lugar adecuado en el momento adecuado.

Extraído del diario Clarín