El estado de la salud en Córdoba

Lo que subyace debajo del conflicto salarial es el errático camino tomado en materia de salud pública por parte del Gobierno de Córdoba. Las decisiones erradas fueron:

1) La cartera sanitaria inauguró su gestión declarando el fin del Programa de Salud Familiar sólo por cuestiones presupuestarias. Esta medida impactó profundamente en los sectores más desprotegidos de la población, fundamentalmente la que se encuentra alejada del Gran Córdoba, y en particular, sobre los habitantes de los departamentos del norte de la provincia. El programa había tenido logros importantísimos respecto de la reducción de la mortalidad materna e infantil, en el cuidado de la mujer embarazada y de los niños durante sus primeros años de vida.

2) El Estado abandonó su rol de ejercer una potente voluntad política de transformar la realidad. Se ha producido una fenomenal transferencia de tecnología e infraestructura hospitalaria a favor de la medicina privada, al calor del abandono de la salud pública. Lo que decimos se puede verificar con datos simples del año próximo pasado. Por ejemplo, en el sector privado había 22 resonadores magnéticos nucleares, mientras que en el público había sólo dos. En el sector privado existían más de 65 equipos de tomografía computada, mientras que en el público, apenas seis. En el sector privado se computaban 44 centros de atención de hemodiálisis, mientras que en el público sólo uno. En radioterapia, en el sector privado había cinco centros de atención, mientras que en el público sólo uno.

Estos datos se agravan cuando los combinamos con la poca inversión pública en salud por año por persona (aproximadamente 60 pesos) y con la realidad de que más del 40 por ciento de la población no tiene obra social.

3) Se dejó de lado la contratación de médicos full time .

4) No se respetó la ley de equipos de salud, por la inexistencia de concursos. Ello hizo que los jefes de servicio se eligieran a dedo y por razones políticas.

5) Pésima infraestructura hospitalaria en el interior de la provincia. Se da la paradoja de que establecimientos del interior no cuenten con ambulancia propia.

6) No existe campaña de concientización odontológica.

7) Conformación de un sistema caótico de derivación de pacientes.

8) Inexistencia de un plan nutricional para la provincia.

9) La creación de las zonas sanitarias (hoy llamadas programáticas) es difusa, y no hay descentralización de funciones y recursos.

Como conclusión, podemos decir que el conflicto salarial es sólo la punta del iceberg de cuatro años de políticas erráticas llevadas a cabo por el Gobierno de Juan Schiaretti, que determinaron el abandono de gestiones activas por parte del Estado en esta materia, fundamentalmente en el interior. Cabe esperar que la administración que asumirá el 10 de diciembre tome nota de la realidad sanitaria de la provincia y lleve adelante una política de protección, fundamentalmente de los más necesitados.