El espejo ecuatoriano
Si el gobierno de Rafael Correa quiere acallar a los medios críticos de su gestión, cuenta con el aval de una Justicia condescendiente, que se suma a esa campaña destructiva de un derecho fundamental, como es el de la información.
La libertad de prensa en el continente acaba de sufrir un durísimo golpe con la condena a tres años a directivos del diario El Universo , de Ecuador, y la obligación de pagar 40 millones de dólares de indemnización al presidente Rafael Correa, quien se sintió agraviado por un artículo de opinión del rotativo.
Sugestivamente, en apenas 12 horas, que fue lo que duró la audiencia judicial, un juez fue capaz de redactar una condena de más de 150 carillas a partir de más de cinco mil páginas del expediente. Esto abre una ominosa sombra de sospecha sobre las garantías del derecho de defensa que ofrece ese país.
La condena, además, se produjo apenas horas después de que una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitara Quito para advertir la existencia de un "clima de acelerado deterioro" de la libertad de expresión. Clima que, alertó, se profundizará aun más con la aprobación de una futura ley de comunicación, a la que consideró "nefasta y mordaza" y que, estimó, "coadyuvará a aumentar la autocensura más allá de la actividad periodística".
La futura ley, reseñó la SIP, obligará a los medios a tener códigos de ética, pero arrogará al Estado la potestad de discernir sobre asuntos que conciernen a temas profesionales; devuelve la colegiación obligatoria de periodistas, figura que había sido declarada inconstitucional en el país, y regula en materia de deberes sobre derecho de respuesta y de réplica, aspectos que conciernen a la ética o son dirimidos en la práctica por tribunales ordinarios.
Es evidente que si el gobierno ecuatoriano de Correa quiere acallar a los medios críticos de su gestión, cuenta con el aval de una Justicia condescendiente, que se suma a esa campaña destructiva de uno de los derechos fundamentales, como es el de la información.
Es obvio, también, que el monto impuesto como indemnización (40 millones de dólares) está destinado a poner en jaque o, peor aun, a quebrar a la empresa editora. Aun si no llegase a ese extremo, ninguna compañía está en condiciones de salir indemne de tamaña pérdida financiera.
Desde luego, no es Correa el único presidente de la región que intenta legitimar, vía leyes o fallos judiciales, su avance sobre la prensa libre. Lo que ocurre en la Venezuela de su amigo Hugo Chávez tal vez sea el modelo que esté mirando el mandatario ecuatoriano.
También el periodismo de la Argentina vive momentos de zozobra. La ley de medios, dictada a instancias del kirchnerismo gobernante; el intento oficial de apropiarse de Papel Prensa; las presiones sobre cableoperadores y proveedores de Internet y las multas a las consultoras por hacer públicos índices de inflación que no se condicen con los números que dibuja el Indec son apenas botones de muestra.
Frente a esta realidad, Ecuador es un espejo en el que podemos ver el futuro que nos espera si el Estado sigue avanzando sobre los medios.