El escándalo de los subtes
Lo que la ciudadanía quiere y espera, en un país normal, es que las relaciones entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes sean normales...
...cualquiera sea el partido político o coalición a los que pertenecieren.
Lo que la ciudadanía quiere y espera, en un país normal, es que las relaciones entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes sean normales, cualquiera sea el partido político o coalición a los que pertenecieren. Que no siempre haya acuerdo o que existan diferencias también es normal, porque se trata de distintas jurisdicciones.
Pero esta interminable guerra política que se ha entablado entre la presidenta de la República y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está sobrepasando todos los límites. No se habían acallado los ecos de la tragedia ferroviaria de Once cuando Mauricio Macri anunció la suspensión del traspaso de los subterráneos, que había sido acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado.
Y a nadie le cabe duda de que hay una relación directa entre ambos hechos, aunque desde tiempo atrás se habían evidenciado fuertes discrepancias entre las dos partes acerca de los alcances del convenio, sobre todo en materia de subsidios y de seguridad.
"No podemos hacernos cargo de estos 10 años de falta de inversión", dijo Macri en conferencia de prensa, rodeado por los integrantes de su gabinete. El jefe del Gobierno porteño calculó que esa desinversión alcanzó los mil millones de dólares, en un periodo durante el cual la tarifa del subte fue la más baja del país en materia de transporte urbano. Y era difícil, en efecto, que la Ciudad de Buenos Aires pudiera afrontar con recursos propios semejante deuda.
Pero hubo otra razón que precipitó la ruptura: la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de retirar a la Policía Federal de la custodia de los subterráneos, medida que fue revisada al día siguiente por la presidenta de la República en su discurso en el Congreso, cuando anunció que dicha custodia sería restablecida por un mes más.
Como puede advertirse, ni el Gobierno nacional ni el de la Ciudad de Buenos Aires se caracterizan por su coherencia, ya que hoy deciden una cosa y al día siguiente, otra. Lo que debió ser un traspaso ordenado de una jurisdicción a otra se volvió un verdadero escándalo, que afecta ante todo a los usuarios de un servicio de transporte público por el que se desplazan más de un millón y medio de personas por día laborable.
Parece ser, según la palabra de algunos ministros y legisladores oficialistas, que la verdadera intención del Gobierno de la Nación es descabezar la Jefatura de Gobierno porteña, es decir acorralar y destruir políticamente a Mauricio Macri.
Pero este también estuvo muy lejos de hacer bien las cosas, porque jamás debió aceptar el traspaso de los subterráneos si no estaban previamente acordadas las cuestiones fundamentales. Y lo que la ciudadanía pide, exige, es que se dé marcha atrás en este penoso y lamentable episodio y se llegue a un acuerdo racional, coherente y factible.
Lo que la ciudadanía quiere y espera, en un país normal, es que las relaciones entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes sean normales, cualquiera sea el partido político o coalición a los que pertenecieren. Que no siempre haya acuerdo o que existan diferencias también es normal, porque se trata de distintas jurisdicciones.
Pero esta interminable guerra política que se ha entablado entre la presidenta de la República y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está sobrepasando todos los límites. No se habían acallado los ecos de la tragedia ferroviaria de Once cuando Mauricio Macri anunció la suspensión del traspaso de los subterráneos, que había sido acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado.
Y a nadie le cabe duda de que hay una relación directa entre ambos hechos, aunque desde tiempo atrás se habían evidenciado fuertes discrepancias entre las dos partes acerca de los alcances del convenio, sobre todo en materia de subsidios y de seguridad.
"No podemos hacernos cargo de estos 10 años de falta de inversión", dijo Macri en conferencia de prensa, rodeado por los integrantes de su gabinete. El jefe del Gobierno porteño calculó que esa desinversión alcanzó los mil millones de dólares, en un periodo durante el cual la tarifa del subte fue la más baja del país en materia de transporte urbano. Y era difícil, en efecto, que la Ciudad de Buenos Aires pudiera afrontar con recursos propios semejante deuda.
Pero hubo otra razón que precipitó la ruptura: la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de retirar a la Policía Federal de la custodia de los subterráneos, medida que fue revisada al día siguiente por la presidenta de la República en su discurso en el Congreso, cuando anunció que dicha custodia sería restablecida por un mes más.
Como puede advertirse, ni el Gobierno nacional ni el de la Ciudad de Buenos Aires se caracterizan por su coherencia, ya que hoy deciden una cosa y al día siguiente, otra. Lo que debió ser un traspaso ordenado de una jurisdicción a otra se volvió un verdadero escándalo, que afecta ante todo a los usuarios de un servicio de transporte público por el que se desplazan más de un millón y medio de personas por día laborable.
Parece ser, según la palabra de algunos ministros y legisladores oficialistas, que la verdadera intención del Gobierno de la Nación es descabezar la Jefatura de Gobierno porteña, es decir acorralar y destruir políticamente a Mauricio Macri.
Pero este también estuvo muy lejos de hacer bien las cosas, porque jamás debió aceptar el traspaso de los subterráneos si no estaban previamente acordadas las cuestiones fundamentales. Y lo que la ciudadanía pide, exige, es que se dé marcha atrás en este penoso y lamentable episodio y se llegue a un acuerdo racional, coherente y factible.