El embrollo de los precios congelados

A medida que transcurre el tiempo crecen las distorsiones y una corrección resultan cada vez en consecuencias más dolorosas e impolíticas. Esto está sucediendo en la Argentina. Desde enero de 2002 las tarifas de diversos servicios públicos han permanecido casi congeladas, con ninguno o muy pequeños ajustes en comparación con la inflación realmente ocurrida. El Gobierno se ha visto obligado a compensar con subsidios directos o indirectos a las empresas prestadoras requiriéndose fondos presupuestarios que han crecido año a año. La imaginación oficial ha recurrido además a otros arbitrios, por ejemplo controlar el precio de ciertos insumos relevantes de esas cadenas productivas. Por ejemplo, también se congeló la tarifa del transporte de gas por gasoductos y el precio pagado en boca de pozo. Ahora Guillermo Moreno ha vuelto a intentar congelar el precio de los combustibles en los surtidores, aplicando aunque no esté vigente la Ley de Abastecimiento. Se suman los disparates y las distorsiones.

El precio del petróleo crudo en las refinerías se ha mantenido por debajo del precio internacional introduciendo una retención móvil, que hoy supera el 50%. Esto se agrega al ridículo precio del gas reconocido a los productores y explica porqué ha caído la producción. Con todas estas intervenciones del gobierno la cadena de comercialización de combustibles trabaja con márgenes insuficientes y las inversiones no se hacen o van a otros países. Hoy se importa gas licuado a un costo que es más de cuatro veces el reconocido a los productores locales. Las insignificantes tarifas del gas por redes han inducido a consumos suntuarios como es el de la calefacción de piletas, mientras que en barrios marginales sin acceso a redes se debe usar la garrafa con un costo por caloría diez veces superior. El transporte ferroviario y por colectivos en la región metropolitana de Buenos Aires, que está bajo regulación nacional, no cubre con sus tarifas ni lejanamente sus costos. Por lo tanto recibe subsidios. Además, las empresas de colectivos tienen cupos de gasoil a precios inferiores a los del surtidor, con cargo al presupuesto público. Todo esto no solo desvirtúa el manejo eficiente y desalienta la inversión en estas actividades, sino que crea amplios espacios de corrupción. Un boleto de tren u ómnibus en Buenos Aires cuesta entre cinco y quince veces menos que en cualquier ciudad de otro país. El argumento social de estos enormes subsidios resulta poco comprensible cuando se observa que no se aplican en similar proporción en otras provincias del país.

Las deformaciones en las tarifas eléctricas son también impresionantes. Para 2011 el monto de los subsidios por controles de precios probablemente superará los 60.000 millones de pesos. El creciente y palpable deterioro de la situación fiscal hará necesario en algún momento ponerle fin a este dislate. Pero ¿cómo se sale del embrollo? ¿Qué dice la historia frente a situaciones parecidas? Lo que dice es que cuando las correcciones se demoraron más de lo debido ya no pudieron adecuarse a un plan controlable, y como consecuencia no fueron graduales sino abruptas e impuestas por las circunstancias. Las experiencias han sido similares a los casos de fijación artificial del tipo de cambio. Este gobierno ya lo experimentó con la carne, no sin antes haber logrado destruir el stock ganadero. No debiera por lo tanto esperarse más para sincerar toda la estructura de precios de la energía, el transporte, los productos alimenticios y otros servicios con precios controlados. El impacto social para los que verdaderamente no puedan pagar los aumentos, debería solucionarse con subsidios específicos a la demanda y no a la oferta. Con un ritmo inflacionario que supera el 25% anual, la demora en resolverlo hasta después de las elecciones configurará un cuadro para nada deseable para quien se haga responsable de la futura gestión de gobierno.