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El ejemplo santafesino de boleta única

*Por Gabriel C. Salvia. Las elecciones provinciales realizadas el domingo pasado en Santa Fe demostraron la importancia que tiene la implementación de la boleta única por categoría, aunque no son muchas las chances legislativas de poner a funcionar el sistema en todas las provincias e inclusive en la Nación.

A diferencia del sistema de "sábana" que rige a nivel nacional y en la mayoría de las provincias, el modelo santafesino evita el robo de boletas a los distintos partidos, disminuye notoriamente el clientelismo político y, especialmente, le otorga un carácter más competitivo y representativo al acto electoral.

En efecto, el resultado de la elección provincial en Santa Fe mostró ganadores y perdedores bien diferenciados, que le dieron al nuevo esquema de poder un balance acorde al deseo más puntual de los votantes.

El gobernador electo (Antonio Bonfatti) fue un socialista, pero la gran estrella de la jornada (Miguel del Sel) representó al PRO y al Peronismo Federal. Al mismo tiempo, el derrotado kirchnerismo (Agustín Rossi) consiguió la mejor votación para diputados provinciales (María Eugenia Bielsa) y logró la mayoría de miembros de la Cámara baja. A su vez, el intendente socialista de Rosario y candidato a senador provincial (Miguel Lifschitz) obtuvo el mayor caudal de votos y se convirtió de esa manera en el gran ganador dentro del oficialismo provincial.

Es decir, al poder cada votante elegir un solo candidato de los distintos partidos, bien identificado con su foto en color entre todos los que se presentaron para un mismo cargo, es el elector quien termina tomando una auténtica decisión personal para cada categoría. Así, la boleta única representa todo lo contrario a la llamada boleta "sábana", ya que ésta genera el efecto arrastre entre candidatos de distintas categorías del mismo partido y tergiversa la representatividad. Y cuantas más categorías tenga la boleta, mayor será la cantidad de candidatos beneficiados por el arrastre y menor la idea de cada elector sobre lo que está votando.

Es cierto que la boleta única por categoría mantiene para cargos legislativos el arrastre que provoca el sistema de lista cerrada e incluso lo profundiza. Pero, tanto desde los medios como a través de la sociedad civil o mediante iniciativas personales y grupales por internet, seguramente se realizará un monitoreo para informar sobre quiénes van detrás de quien aparece en la foto. Sin embargo, a pesar de que los beneficios son mayores, no será fácil implementar la boleta única por categoría a nivel nacional y en casi todas las provincias. Es que en la Cámara de Diputados de la Nación existe una sobrerrepresentación de las provincias más pequeñas las cuales, gracias a un decreto de la dictadura militar de 1983, gozan de un mínimo de cinco integrantes en la Cámara baja, a diferencia del histórico número de dos miembros que existía anteriormente.

A ello hay que sumarle que dichas provincias se caracterizan por una muy mala calidad institucional y altos niveles de clientelismo político, con lo que sería perjudicial para sus eternos gobernantes aplicar la boleta única por categoría y contradictorio que sus legisladores lo voten a nivel nacional.

En cambio, la sanción de la boleta "sábana" tuvo un trámite legislativo exprés. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, el cual lo consideró y aprobó –sobre tablas– durante los días 17 y 18 de septiembre de 1985. El mismo 18 fue tratado –también sobre tablas– y sancionado definitivamente por la Cámara de Diputados. Luego, el 25 de septiembre de 1985 fue publicado en el Boletín Oficial.

En las elecciones del retorno a la democracia del 30 de octubre de 1983 se aplicó por única vez lo dispuesto en la ley 22.864, que establecía: "... se utilizarán las boletas separadas y de colores blanco, celeste y amarillo según se trate de elecciones nacionales, provinciales o municipales, respectivamente...". El cambio de las boletas de tres colores para cada categoría y su reemplazo por la boleta "sábana" blanca se fundamentó en que mantenerlo así era engorroso para el elector y en especial por el "costo adicional que implicaría una erogación considerablemente gravosa para los partidos políticos e indirectamente para el Estado", un argumento de austeridad muy poco creíble viniendo de los legisladores.