"El discurso de la represión ya no cala en la sociedad"

Cualquier lector que se haya sumergido en las notas periodísticas o en los libros de Horacio Verbitsky sería capaz de afirmar que se trata de un profesional riguroso, detallista, afecto a una precisión extrema. Ese mismo perfil que aquí, y en todo el mundo, le reconocen por su trabajo incansable como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una de las principales organizaciones no gubernamentales de América Latina dedicada a promover y proteger los derechos humanos así como a contribuir con el fortalecimiento del sistema democrático en la Argentina.

Cruzar el umbral de su oficina implica descubrir, en aquel reducto, esas mismas características: una biblioteca prolijamente ordenada, una luz tenue, un ambiente ideal para refugiarse en busca de la máxima concentración. Es decir, si se quiere, un estado necesario para quien, además, le agrega a su labor cotidiana el formar parte del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo y ser integrante del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y de la Junta Directiva de Human Right Watch/Americas. Pero ni la magnitud de las responsabilidades ni los años de profesión acumulada –ejerce el periodismo desde 1960– erosionaron la tenacidad y el ímpetu productivo de Verbitsky. Más bien, todo lo contrario.

Entre sus últimas denuncias periodísticas, figura el brutal asesinato de dos adolescentes en José León Suárez, víctimas de disparos por la espalda que realizaron efectivos de la policía bonaerense. El episodio, que tuvo lugar el jueves 3 de febrero, dejó otra vez en evidencia la discrecionalidad en el accionar de la policía en la provincia de Buenos Aires y reavivó el debate respecto a qué hacer con los menores de edad involucrados en delitos penales. En su columna dominical del diario Página 12, Verbitsky expresó que el hecho era "una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal (...) delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir".

–Para el ministro, los jóvenes estaban robando. Para los vecinos, estaban esperando que se hiciera la hora de ir al basural del Ceamse a recolectar los alimentos que pudieran encontrar...

–El ministro Ricardo Casal planteó que los jóvenes habían hecho descarrilar un tren y lo estaban robando. Los acusó de pertenecer a una peligrosa banda, con asiento en una de las villas cercanas. Pero sus dichos no se asentaron en pruebas concretas, que pudiera investigar la justicia.

–Los casos que involucran a menores de edad siempre reavivan el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y la sanción de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, un proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado y debe ser discutido en la Cámara de Diputados. ¿Es la solución al problema?

–Hay dos aspectos a debatir, que se superponen pero que son distintos. Por un lado, un modelo que no apunte a otorgarles   mayor poder a las fuerzas de seguridad, delegándoles su propia conducción, sino que encauce los conflictos desde otra perspectiva. Y, por el otro, el debate sobre el nuevo régimen, que tiene como objetivo ofrecer un nuevo marco de custodia para los adolescentes en conflicto con la ley, de entre 14 y 18 años, a quienes se les debe ofrecer un juicio con todas las garantías, con penas máximas de hasta tres años. Somos el único país de Latinoamérica que tiene a menores de edad condenados a cadena perpetua, una situación denunciada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que evidencia incluso el incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Reducir todo a la cuestión de la edad es tergiversar la cuestión. Se trata de extender derechos que hoy no existen, porque un chico puede pasar años detenido sin defensa ni juicio. Y requiere inversión, en tribunales, en institutos decentes, en programas educativos, en asistencia psicológica.

–El caso de José León Suárez, como el de Baradero –donde un joven murió producto de un tiro por la espalda que habría recibido por parte de un oficial de la policía–, llevaron al gobernador Daniel Scioli a defender al cuerpo policial así como a su ministro, Casal. ¿Cómo explica ese posicionamiento?

–Scioli tiene en la cabeza un modelo de seguridad que es absolutamente contrario al nacional. Es muy claro, por ejemplo, cuando se contrasta el modo en que la provincia llevó adelante el caso de José León Suárez con la resolución de la toma del Club Albariños, que encabezó el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Nilda Garré. Mientras uno buscó combatir la problemática social a los tiros, el otro se desactivó sin heridos, con una investigación del ministerio –realizada con inteligencia en los dos sentidos de la palabra–, que luego le entregó pruebas a la Justicia, y un manejo político de la situación.

–¿Podría realizarse la misma comparación con la forma de manejar la toma del Parque Indoamericano, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

–Así como digo que lo que hizo Garré en el caso del Club Albariños es la antítesis perfecta de lo que hizo Casal en José León Suárez también podría decir que lo que planteó Cristina Fernández en el Indoamericano es el reverso perfecto de lo que plantea Mauricio Macri. Macri abandonó todo plan de construcción de viviendas, redujo al mínimo el presupuesto destinado a ese tema –y subejecutó el existente—y, al mismo tiempo, tiene una política que llama de recuperación del espacio público que significa correr a patadas a todos los feos, malos y sucios, que deben ir a parar adonde puedan. El Indoamericano fue la consecuencia de esa política.

–Si Macri demostró un ejercicio de lo público donde no existe un Estado presente, ¿por qué es un candidato presidencial que concentra una intención de voto envidiada por muchos políticos?

–Porque hay un sector de la sociedad que no quiere un Estado presente. Hay un sociólogo francés que se llama Loïc Wacquant, que en su libro Las cárceles de la miseria plantea que donde se retira el Estado providencia aparece el Estado penitencia. O el rostro del Estado es un rostro de cuidado, de apoyo, de promoción o es el rol de la represión. El Estado no se retira nunca, no desaparece. Simplemente muestra otro rostro. Y el rostro que quiere mostrar Macri es el rostro de la represión. Esa fue la polémica de diciembre en torno al Indoamericano. Aunque también ahí se mezclaron las cosas porque apareció la Policía Federal tirando con armas de fuego sobre la gente. Y eso es otro tema. Pero la idea de que esto se soluciona con represión y sin ningún tipo de planes sociales y de vivienda, es una idea retrógrada. Porque es muy probable que, de ese modo, el conflicto termine en represión. Cuando se mete presión y no se deja salida, algo explota. Es elemental que suceda de ese modo.

–Hizo mención al accionar de la Policía Federal y al modo en que el gobierno bonaerense manejó el conflicto de José León Suárez. ¿Cómo explica dos modelos tan distintos en gobiernos de un mismo color político?

–El modelo de seguridad de la presidenta Cristina Fernández es claramente distinto al de Daniel Scioli. No hay dudas. Semanas atrás escribí sobre la "inmigración descontrolada" a la que se había referido el jefe de Gobierno porteño y recordé las declaraciones del gobernador bonaerense cuando era diputado y en el Congreso se debatía la derogación del 2x1. En aquella oportunidad, en marzo de 2001, Scioli dijo que no era una medida suficiente porque la Argentina estaba importando delincuentes. El entonces diputado diferenció a los inmigrantes españoles e italianos, que habían hecho grande a nuestra patria, con los que llamó tours de delincuentes que vienen de otros países azotando con delitos a la ciudad de Buenos Aires, ocupando los hospitales y usurpando casas. Es un modelo de país diferente, es claro. En todo caso, la convivencia del gobierno nacional y el provincial debe entenderse como parte de la amplitud del kirchnerismo. Sin perder de vista, además, que el discurso de represión no cala en la sociedad como muchos dicen. Al contrario, la sociedad puede estar preocupada por el tema de la inseguridad pero exige otras soluciones, que no van por el camino de la mano dura.

–¿La creación del Ministerio de Seguridad nacional se enmarca en ese sentido?

–Exactamente. Lo que sucedió en el Parque Indoamericano dejó en evidencia el descontrol que existía en la Policía Federal, un cuerpo policial que no habían podido encauzar ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio del Interior, en su momento. La decisión de la presidenta Cristina Fernández demostró la necesidad de responder a esta situación, poniendo al frente de la nueva dependencia a una funcionaria que había logrado hacer un trabajo similar en la cartera de Defensa, con las fuerzas armadas.

–Se dijo que usted ofició de asesor en la creación del Ministerio así como en la recomendación de Garré como ministra.

–Hay quienes buscan descalificar a la presidenta diciendo que soy su asesor y hay quienes buscan descalificarme afirmando que trabajo para el kirchnerismo. Desde el Cels, trabajamos diversos temas sobre los que publicamos estudios. Si el gobierno toma esos informes para generar políticas de Estado vinculadas con la problemática es otra cosa. Tampoco me molesta que lo digan, porque no oculto que me parece  el mejor gobierno en medio siglo.

–¿Por qué?

–Porque no hay que olvidar que el kirchnerismo recuperó al país que venía de la crisis de 2001. Néstor Kirchner y Cristina Fernández lograron recuperar el empleo, poner el manejo de las jubilaciones nuevamente en manos del Estado, incrementar los haberes, disminuir los índices de pobreza e indigencia, aplicar planes como la Asignación Universal por Hijo, volver a otorgarle al Estado la regulación de la economía. Reducir la deuda pública con privados del 160 por ciento del Producto Bruto a menos del 30 por ciento.

–¿Y cuáles son las cuentas pendientes?

–Queda mucho por hacer. Las familias enteras que buscan alimentos en la basura constituyen una aberración que tiene que terminarse. Pero existe un piso desde donde pensar en la necesidad de invertir más en la industria, de mejorar la calidad del empleo, de generar un modelo más inclusivo.

–¿Cristina Fernández debería ser candidata en las próximas elecciones?

–No lo dudo ni lo afirmo. La lógica de las cosas, tal como se vienen dando, indicaría que va a ser candidata. Ahora, ella no lo dijo. Entonces ¿cómo afirmarlo si ella no lo ha dicho? Tampoco tengo dudas porque no se me ocurre otra alternativa. Una persona que estuviera pensando en no ser candidata estaría actuando de otra manera. Habrá que esperar a ver qué dice ella en ese sentido.

–¿Vislumbra buenas perspectivas para el kirchnerismo en 2011?

–En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, considero que hay posibilidades de que gane el kirchnerismo porque el macrismo se ha derrumbado. Lo mismo podría suceder en Santa Fe. El Partido Justicialista decidió formar parte de un frente, que se llama Santa Fe para todos, para competir en la elección provincial, donde elegirán el candidato a gobernador en una interna de la que participarán kirchneristas y no kirchneristas. La declaración a través de la cual difundieron esa decisión incluye un reconocimiento al proceso de cambio que el país ha iniciado en 2003 y el compromiso de proseguir ese proceso y acompañar lo que decida el Partido Justicialista nacional para la elección presidencial. Es una declaración genérica pero no ambigua. Los reutemistas aclaran que no hubo un apoyo a la candidatura de Cristina Fernández. Es cierto. No la hubo, sino que hubo un apoyo a la candidatura que decida el partido. Si el PJ decide que la candidata sea Cristina, esa declaración incluye el apoyo. No es ambiguo, es genérico. Lo cual es razonable porque todavía nadie sabe quién será el candidato. En Córdoba, en cambio, el kirchnerismo no tiene ninguna perspectiva de poder ganar la gobernación porque no tiene ningún candidato significativo propio. Córdoba, la Capital Federal y Santa Fe son importantes porque sumadas esas tres provincias tienen tantos votos como el conurbano bonaerense. Y en 2009 no lograron hacer una buena elección en esos distritos.

–Producto de la 125...

–Exactamente, producto del conflicto del Gobierno con las patronales agropecuarias. Sin embargo, viajo mucho por el país y veo que hay un cambio en el interior, incluso en las zonas sojeras. Recientemente estuve en Casilda, una localidad a 60 kilómetros de Rosario, en la zona núcleo sojera, cerca de Firmat, donde tiene los campos la productora sojera Vilma Ripoll, y era un lugar donde en el 2008 había furia contra el Gobierno. Ahora no. Eso ha quedado circunscripto a un núcleo reaccionario mínimo. El conjunto de la sociedad de Casilda no está para nada descontento con el Gobierno. Cristina va a ganar las elecciones en Casilda, que fue uno de los centros de contestación contra su gobierno en 2008.

–¿El cambio tiene que ver con las respuestas del oficialismo o con el quiebre de la propia Mesa de Enlace y el descreimiento de su discurso a partir de las denuncias de trabajo esclavo en el campo?

–Es una suma de esas cosas. La gente empieza a estar mejor y comienza a preguntarse qué tienen que ver con cómo le va a (Hugo) Biolcatti –a quien además le va bárbaro– o por qué tienen que asumir las posiciones políticas del señor Biolcatti, que son también ideológicas. Es un proceso de decantación, de reflexión. En sociedades fuertemente mediatizadas, como la argentina, aparecen permanentemente pompas de jabón, muy vistosas, que después caen al suelo y dejan de existir. Son fenómenos mediáticos como fue Aldo Rico, Luis Abelardo Patti o el ex ingeniero Blumberg. Y como fue la Mesa de Enlace.

–Hubo espacios políticos que hicieron de sus reclamos banderas propias...

–Si, es cierto. Pero la forma en que la Mesa de Enlace dejó a la vista sus intenciones fue tan soez, porque no se me ocurre otra expresión, ese diálogo de tahúres entre Biolcatti y Mariano Grondona sobre la posibilidad de que (Julio) Cobos asumiera la presidencia, o la frase de este hombre tan ingenuo, Buzzi, que abiertamente dijo que todo lo que iban a hacer sería para desgastar al Gobierno. Tendría que aprender del Episcopado Católico, que tiene esa intención pero jamás la va a decir. Pero evidentemente la formación que recibió Buzzi en el Partido Comunista es otra. No tiene la hipocresía eclesiástica.

–¿Lo sorprendió la defensa que hizo la oposición de Gerónimo Venegas, asegurando que su detención fue producto de una operación política?

–La oposición... si su postura es la defensa de (Martín) Redrado y de Venegas, ya está todo dicho.

–¿Hay espacio electoral para Duhalde?

–No, me parece que está muy bien en la Secretaría de Derechos Humanos, que no va a aspirar a otra cosa...

–¿Y de Eduardo Duhalde?

–...