El detrás de escena del carnaval: El problema de los corsos porteños
Los corsos dicen que no quieren moverse para no perder identidad barrial, pero por los cortes de calles terminan pareciendo un piquete.
Hay muchos temas que no se discuten en la ciudad de Buenos Aires, los corsos o carnavales porteños son uno de ellos. Hay 25 corsos en distintos puntos de la CABA: de La Boca a Saavedra, de Liniers a Barracas podemos encontrarlos por toda la ciudad. Más allá de su relación con la cultura popular porteña, hay dos problemas que debemos atender y resolver en torno a este tema: los innecesarios cortes de calles y los dineros que van para las mafias.
La relación gubernamental con las murgas no es nueva. En 1996, durante la gestión de Fernando de la Rúa al frente de la ciudad, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza Nº 52.039, que declaró patrimonio cultural de la ciudad las actividades vinculadas al Carnaval. Dicha norma obligaba al gobierno a impulsar las medidas necesarias para que los artistas desarrollen su actividad en predios gubernamentales que pudieran adaptarse para tales fines o, en su defecto, en espacios de otras entidades, como clubes o asociaciones civiles. En otras palabras, en lugares donde no molesten al resto de los vecinos.
No hay ninguna ley ni ordenanza que habilite a que se corten calles. ¿Con qué derecho habilita Larreta los cortes de calles que perjudican a miles de vecinos si ninguna ley lo habilita a tal efecto? Los cortes son, a priori, ilegales. Pero no quiero enfocarme en el problema obvio, que vemos todos: es absolutamente innecesario que se corten calles durante varios días, perjudicando al resto de los vecinos, para llevar adelante una actividad que podría realizarse en un punto específico o en clubes barriales sin perturbar a quien no quiere ser parte.
Los corsos dicen que no quieren moverse para no perder identidad barrial, pero por los cortes de calles terminan pareciendo un piquete en el que somos rehenes de esta gente cuya actividad además encubre un gran negocio. Enfocándonos en el problema de ruidos y cortes hay dos soluciones posibles: 1) Tener un gran predio en alguna zona de la ciudad destinado al desfile de los corsos, donde durante el año puedan ensayar. 2) Habilitar algunos clubes porteños para que las murgas hagan sus espectáculos, tratando de juntar a varias agrupaciones en un mismo sitio. Esto requiere solo decisión política, es perfectamente posible y más eficiente.
Los negociados con las murgas en la ciudad los comenzó Aníbal Ibarra. Primero declaró como días no laborales los días de Carnaval, toda la administración pública local frenada por los carnavales. Pésima idea que luego fue replicada por el gobierno nacional kirchnerista. En 2004 crea mediante la ley 1527 el programa Carnaval Porteño en el ámbito del Ministerio de Cultura. A partir de dicha ley, el secretario -ahora ministro- de Cultura se encuentra facultado a otorgar subsidios o premios. Hoy en día las murgas reciben un subsidio anual para costearse sus gastos, como ser uniformes, bombos, platillos, alquiler de colectivos, alimentos. Este año se destinó a murgas 116.620.365 pesos. Esto generó que distintas agrupaciones vinculadas a la política vieran el negocio de apropiarse del manejo de lo vinculado al Carnaval.
Sumado al negocio de los subsidios, Ibarra habilitó el negocio de la venta de cotillón, juego y comida en los corsos mediante la ley 1832. Gracias a este permiso los "dueños" de los corsos adquirieron el derecho a explotar económicamente de forma exclusiva y excluyente lo que ocurre dentro de los corsos.
A raíz de todo lo anterior no debería sorprendernos que a los corsos porteños los manejen en la mayoría de los casos las barras bravas de los clubes. Por ejemplo, Boedo y Boedo II son manejados por la barra de San Lorenzo y su líder conocido como Sandokán. El corso de Villa Urquiza es manejado por Los Borrachos del Tablón, la barra brava de River Plate.
Todo lo anterior habla de un Estado que ha cedido terreno en perjuicio de los vecinos. Por un lado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta habilita cortes de calles sin que la ley lo habilite a tal fin, por el otro hay un complejo entramado económico que implica una transferencia de riqueza de las arcas públicas al bolsillo de los barras. Ambas cosas se pueden resolver con decisión política de enfrentar a las mafias y a los grupos de presión. Podemos hacer que la ciudad deje de estar a merced de unos pocos y sea disfrutable para todos los vecinos. Podemos usar los impuestos para cosas mejores que enriquecer a los barras. El primer paso es reconocer los problemas y decir la verdad. El segundo es tener la voluntad política y el coraje de enfrentarlos.
Nota extraída de La Nación.