El desafío energético

Quien se haga cargo del gobierno nacional a fines de 2015 tendrá por delante el enorme desafío de restablecer el autoabastecimiento energético y recuperar la calidad y capacidad de los sistemas de transporte y distribución de gas y electricidad. La "década ganada" ha sido en este campo peor que una década perdida.

No sólo se dejó de exportar petróleo y gas como se lo hacía anteriormente, sino que hoy es necesario destinar anualmente más de 15.000 millones de dólares para importar estos productos. Por el gas licuado importado se paga un precio tres veces mayor que por el gas nacional y en los próximos tres a cuatro años estas compras deberán crecer inevitablemente.

Por otro lado, la insuficiencia de inversiones en el sector eléctrico provoca cortes por falta de capacidad generadora en días de alto consumo. Muchas empresas y edificios se han visto obligados a instalar grupos electrógenos propios y el sistema nacional de despacho de cargas operado por la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) se ve necesitado de hacer funcionar equipos antiguos e ineficientes.

El cuadro energético es crítico y, además, tiende a deteriorarse, ya que los requerimientos aumentan a mayor ritmo que las inversiones aplicadas para satisfacerlos. La producción de energía, como cualquier actividad económica, necesita de un marco institucional y de reglas estables que incentiven las inversiones y premien la eficiencia. Ese marco fue destruido a partir de la salida de la convertibilidad y de la devaluación de comienzos de 2002. En los 12 años posteriores, sólo hubo desaliento y una mayor intervención del Estado tratando de cubrir una demanda que, a su vez, creció impulsada por precios y tarifas artificialmente bajos. Las consecuencias han sido desastrosas. La relación entre las reservas de yacimientos convencionales y la producción de gas y petróleo se desplomó y se encuentra en valores críticos. Sólo la novedad de los avances tecnológicos para explotar comercialmente el gas y petróleo de esquistos o shale -los yacimientos "no convencionales"- genera una expectativa distinta.

Casi todos los expertos prevén que en las próximas décadas los hidrocarburos proveerán inevitablemente no menos del 80% de la energía primaria en nuestro país. No hay ninguna otra fuente de energía que pueda sustituirlos en condiciones económicas razonables. La expectativa apoyada en los yacimientos no convencionales (Vaca Muerta y otros) es muy promisoria, aunque, según expuso el especialista Jorge Ferioli en una reciente conferencia en la Fundación Libertad y Progreso, se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo. Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de gas licuado hacia el año 2030 habría que perforar dentro de los próximos 15 años 7042 pozos deshale oil y 7505 pozos de shale gas. Esto implicaría inversiones por unos 143.000 millones de dólares, casi 10.000 millones por año, una suma que el Estado argentino no puede afrontar y que los inversores privados sólo asumirían si se les ofreciera un marco institucional y de confianza del que hoy nuestro país carece.

Se trata de un desafío que no se podría lograr sólo mediante contratos dadivosos que intenten compensar caso por caso el elevado riesgo político ocasionado por un Gobierno que no respeta compromisos ni derechos de propiedad.

Otra cuestión latente es la propiedad de los recursos hidrocarburíferos. La reforma constitucional de 1994 consagra la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales. Pero este concepto se ve limitado, en tanto el precio de esos recursos es fijado de forma arbitraria e inconsulta por el Estado nacional, como señala el ex diputado nacional por Neuquén José Brillo. Es así como el gas convencional se paga a un promedio de 2,5 dólares por millón de BTU en las cuencas productoras de la Argentina, mientras el que se compra a Bolivia ronda los 11 dólares y el gas licuado que se obtiene de Venezuela o Qatar alcanza los 18 dólares.

En 2007 se perdió totalmente el margen de reserva que es usual y técnicamente requerido en la generación eléctrica. Como consecuencia de ello y del deterioro de las redes, los cortes de energía comenzaron a ser más frecuentes. Esta situación perdura actualmente. En adelante deberían incorporarse 1500 megavatios anuales netos de potencia, más lo necesario para reemplazar a los equipos que deban descartarse por antigüedad u obsolescencia.

Las proyecciones de consumo eléctrico descuentan que habrá una fuerte suba de las tarifas eléctricas y un uso más eficiente de la energía que morigerarán la demanda. Igualmente la inversión requerida alcanzará el orden de 2000 millones de dólares por año, a lo que deberá sumarse lo necesario para rehabilitar las redes de transmisión y distribución. Estos montos se incrementarían si una parte de la nueva capacidad se quisiera cubrir con centrales hidráulicas y nucleares. La generación eólica no es ni será por ahora determinante.

Estas necesidades de inversión, al igual que las hidrocarburíferas, no podrían nunca resolverse mediante fondos públicos. Exigirán inversión privada, la que a su vez reclamará que se recomponga la organización institucional, el marco regulatorio y el sistema de precios del sector eléctrico. Además, habrá que ofrecer señales contundentes y creíbles de que no se volverán a modificar.

Si hay un sector sobre el que se han anticipado los problemas que hoy se viven, es el de la energía.

Los ex secretarios de Energía lo vienen haciendo desde hace varios años. Se han realizado informes, conferencias y seminarios por distintas entidades entre las que cabe mencionar a FIEL, la Fundación Mediterránea, el Instituto de la Energía de la Academia Nacional de Ingeniería, el Instituto General Mosconi y muchos otros. Sin embargo, la reacción oficial ha sido negadora y escapista, y aún no se ha traducido en un plan integral que tome el problema e intente resolverlo.