El desafío de la droga

A inicios de junio pasado, "la Comisión Global sobre Políticas de Drogas" señaló que "la política contra la producción, el tráfico y la distribución de droga, que criminaliza al consumo ha fracasado, si consideramos que en América latina han aumentado el consumo, la violencia y el crimen organizado, que condujeron a la criminalización de la política, a la politización del crimen y a la creación de múltiples vínculos que favorecen la corrupción de funcionarios y policías, y la infiltración del crimen en las instituciones".

Esta alerta contra la lucha que día a día realizan nuestros países contra el cultivo ilegal de plantaciones ilegales de drogas lleva a analizar lo que está sucediendo, actualmente, en el caso particular del Valle del Rió Apurímac y Ene (VRAE), la segunda cuenca cocalera de importancia en el Perú. En esa área el cultivo de la hoja de coca se conduce básicamente a "cielo abierto" con una alta tecnología de manejo y, de manera encubierta se viene brindando asesoramiento para el manejo del cultivo y el incremento de su productividad.

Este hecho ha llevado a que en menos de una década se ha incrementado el continuo flujo de migrantes de las zonas andinas, consideradas como de extrema pobreza, atraídos por la demanda de mano de obra requerida por la actividad cocalera, estimándose un aproximado de 120.000 habitantes. Un gran porcentaje de esta población se queda en la cuenca y se involucra directa o indirectamente con esta actividad.

MAYOR TRAFICO

Pese a los programas que desarrollan el Estado peruano, las Naciones Unidas o la cooperación internacional, tendientes a reducir la dependencia a los ingresos generados por la coca y a fortalecer la presencia del Estado, el tráfico de drogas se ha incrementado en la zona trayendo como consecuencia la creciente presencia de narcotraficantes en la zona y que los cultivos ilícitos de coca se vean protegidos por estos, articulando a grupos violentos (Sendero Luminoso o mercenarios que protejan estos).

El problema es que el narcotráfico y la coca ilegal en este ámbito son una gravísima amenaza a la seguridad nacional, ya que desestabiliza el clima social y político de nuestros países, atentando contra la gobernabilidad y fortalecimiento de las instituciones pilares de un sistema democrático. Para enfrentar la situación no solamente será necesaria una clara estrategia antisubversiva sino también un política social y económica que ayude a los cocaleros a cambiar de cultivo sin caer en la pobreza y que les permita mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, desde el año 2000, las diversas políticas económicas y sociales han sido ineficaces para contrarrestar la pobreza y extrema pobreza, desigualdades sociales, y corrupción dentro de estas zonas motivadas mayormente por la falta de coordinaciones y la toma de decisiones de los entes encargados de implementar los proyectos de inversión, perdiéndose liderazgo y el cauce estratégico que debe tomar la lucha contra el Terrorismo, Narcotráfico en la zona. A esto se le agrega la carencia de una política ambiental débil donde la deforestación y desertificación en zonas de narcotráfico son evidentes.

Para conseguir que estas actividades se corrijan adecuadamente en el espacio del narcotráfico, se requiere la implementación de estrategias, como la identificación de los recursos naturales (políticas sociales e instrumentos económicos) que están siendo afectados, aprovechar el sistema productivo de acuerdo a su potencialidad y fragilidad (zonificación ecológica, económica y ordenamiento ambiental), aplicar medidas para corregir los efectos negativos (evaluación del impacto), entre otras acciones.

Asimismo, que se optimice la gestión del gobierno en la zona del VRAE, a través de sus instancias civiles y de las Fuerzas Armadas, para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y amenazas, en tal sentido debe mantenerse un proceso de gestión altamente competitivo y que se planteen mecanismos de erradicación del cultivo de hoja de coca mediante el Programa de Desarrollo integral en la zona del VRAE.

(*) Abogada y diplomática; ex funcionaria del Consulado de Perú en La Plata