El desafío de evaluar a los docentes

E n 1918, el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, proclamado en Córdoba, planteó –entre otras definiciones fundamentales– la necesidad de concursos docentes abiertos, de antecedentes y de oposición, lo que dio pie a un debate que se extiende hasta nuestros días.

Este se enmarca en dos principios: la necesidad de promover y garantizar la carrera docente y la igualmente necesaria renovación de las cátedras, para evitar el anquilosamiento e impulsar el mejoramiento de la enseñanza a través de una especie de competencia de ideas y corrientes científicas y culturales.

Sucede que, hasta 1918, las universidades habían sido tomadas como coto de caza por la oligarquía y grupos dirigentes. Así, la exigencia de concursos abiertos y periódicos se inscribía en el proceso de democratización que avanzaba en esa época, y que incluía no sólo a la política.

Las universidades no podían estar ausentes de esa fuerte tendencia y de ahí que la Reforma enarbolara las banderas de la libertad de opinión y expresión, la apertura a las ciencias y las nuevas vertientes de la cultura, como también la participación de estudiantes y graduados –o sea, el gobierno tripartito de esos dos claustros con el de los docentes– y la periodicidad de la cátedra.

Todos esos principios fueron incorporados con el tiempo a los estatutos universitarios y están establecidos en la Ley de Educación Superior, aunque las sucesivas dictaduras y gobiernos de facto los dejaron en suspenso o simplemente los derogaron. Pese a la vigencia de la democracia universitaria, se siguió discutiendo si los concursos periódicos eran la mejor alternativa para cubrir las cátedras, ya que se comprobó que la obligación de un profesor de ser sometido a un nuevo concurso cada cinco o siete años a veces comprometía la integridad de la carrera.

Se llegó así a una solución intermedia, que es la que se está aplicando en la mayoría de las universidades nacionales: que se debe acceder a una cátedra a través de concurso abierto de antecedentes y de oposición, y después estar bajo la supervisión de un sistema de control de gestión, a través del cual se determina si el docente puede seguir al frente de la cátedra o si se debe llamar a un nuevo concurso.

Todos los sistemas para concursar cátedras son imperfectos, y éste también lo es. Pero el control de gestión aparece como más apropiado e incluso más justo que el concurso periódico o a plazos eternos. El gran problema es que en las megauniversidades o universidades de masas es mucho más difícil aplicar un sistema de concurso, cualquiera sea éste, que en las casas de estudios chicas o medianas.

En la Universidad Nacional de Córdoba se ha regularizado en un 70 por ciento el acceso a las cátedras a través de un primer concurso y se pone ahora a prueba el nuevo régimen de control de gestión.