El déficit habitacional exige profundizar la búsqueda de soluciones
La instalación de asentamientos precarios, en base a procedimientos que se concretan con llamativa velocidad, volvió a encender luces de alarma sobre el fenómeno de las usurpaciones en distintos barrios platenses.
Preocupó tanto a los vecinos de esas parcelas como a los propietarios que acuden ante la Justicia para hacer valer sus derechos y, a la vez, reactualizó la vigencia de un problema social de enorme gravedad, que pareciera ir en crecimiento y que debería resolverse cuanto antes.
Ahora fueron residentes de un sector de Villa Castells los que reflejaron su inquietud por la erección de varias casillas en un descampado limitado por las calles 2 a 7, desde 485 a 488, donde se han venido sumando numerosas familias. Días atrás, según dijeron, se advirtieron los primeros intentos de usurpación en ese amplio predio. Los pobladores anoticiaron de estos movimientos a Control Urbano y a la comisaría de la zona, desde donde se les informó que no pueden actuar si no existe una orden judicial de desalojo.
Como se sabe, en los últimos meses fueron varias las usurpaciones registradas en nuestra zona. Una de las más resonantes fue la que involucró a medieros que ocuparon lotes en El Peligro, aunque tras varios meses de permanencia decidieron liberar el lugar y trasladarse a otro predio. También se vivió una situación similar en el barrio de San Carlos.
Tal como se ha señalado insistentemente en esta columna y, al margen de otras consideraciones -referidas a la necesidad de que se impulsen políticas de fondo para resolver el problema social de la viviendas- resulta entendible y razonable que los vecinos reclamen para que la policía y la justicia reaccionen y tomen medidas con absoluta prontitud, ante los primeros preparativos, para impedir radicaciones que luego, se sabe, es harto complicado revertir. Ello, sin perjuicio de que las autoridades atiendan en forma perentoria el problema que atraviesan quienes protagonizan las intrusiones.
Nadie desconoce que los operativos de usurpaciones, que suelen implicar el desembarco simultáneo en un mismo terreno de numerosos grupos de personas, se llevan a adelante con algún sigilo y con relativa celeridad; pero aún así esos movimientos exigen algunas medidas de preparación -son habituales, por caso, el rellenado o alisamiento y el desmalezamiento previo de los predios, así como el tendido de alambrados- y son estas acciones las que ponen en alerta a los pobladores regulares.
No puede dejar de tenerse en cuenta frente a estas situaciones que, además de la ilegalidad manifiesta y por lo tanto no tolerable de la usurpación, los asentamientos habitacionales radicados de esta forma carecen en general de absolutamente todos los servicios públicos, por lo que, además de la extrema precariedad de las condiciones generales de la vida en ellos, se convierten en focos de altísimo riesgo sanitario para sus propios habitantes.
Asimismo, en muchos casos, cuando hay vecinos en las cercanías de los asentamientos surgidos de usurpaciones, la utilización irregular de los servicios de la zona -a través del conocido sistema de colgarse clandestinamente de las redes- termina perjudicando a quienes están legalmente radicados en el barrio. Estos y otros antecedentes obligan a las autoridades a encarar soluciones de fondo, para un problema cuya gravedad no admite soluciones improvisadas o carentes de legitimidad.