El debate inmigratorio

Varios negocios hispanos cerraron. Oía hablar de inmigrantes que hacían las maletas y se mudaban a Nuevo México. Se cancelaron cumbres y conferencias de negocios. Y empezó a ver que la oficina del vicealcalde para la cual trabajaba recaudaba menos en impuestos.

"Los hispanos tomaron esa ley de forma muy personal. Afectó su moral", dijo Arellano, de 26 años, y quien hasta diciembre del 2010 trabajó como coordinador de asuntos hispanos del vicealcalde Michael Nowakowski y ahora planea montar una empresa de consultoría política. "Fue un año muy agitado", añadió este mexicano de Nogales, que vino a Arizona con su familia a los cinco años.

La ley exige a la policía que, al hacer cumplir las normas, investigue el estatus migratorio de personas que sospecha podrían estar en el país ilegalmente.

Generó muchos temores y hubo hispanos se fueron del estado. El Centro Hispano Pew, con sede en Washington, asegura que en Arizona había unos 500.000 inmigrantes indocumentados en el 2008 y que en el 2010 el número cayó a 400.000, aunque la mala economía podría ser también uno de los factores de la marcha.

EFECTO CASCADA

Si bien la ley de Arizona está siendo debatida en las cortes, en al menos 20 estados se han presentado proyectos inspirados en ella. En cinco de ellos -Indiana, Kentucky, Misisipi, Nebraska y Carolina del Sur- hay posibilidades de que estas leyes sean aprobadas, según los últimos datos del Foro Nacional de Inmigración, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que monitorea la situación en cada estado.

Legisladores de estos estados aseguran que están llenando un vacío. Dicen que si el gobierno nacional no hace lo suficiente para frenar la llegada de indocumentados, no les queda más remedio que ponerse manos a la obra ellos mismos, aprobando sus propias medidas.

"Lo que estamos viendo es que hay varios legisladores como yo que están básicamente hartos de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para solucionar el problema de la inmigración ilegal, que francamente, está fuera de control", dijo Randy Terril, un republicano miembro de la cámara baja de Oklahoma.

Terril presentó este año una medida llamada "Arizona Plus", que además de contener los mismos elementos que la ley de Arizona, permitirá la incautación de los vehículos o propiedades usados para transportar, proteger o esconder a indocumentados, entre otras cosas.

"Trataríamos a los inmigrantes ilegales como contrabando humano. En la práctica, no es distinto de cuando alguien transporta algún otro tipo de contrabando, como drogas ilegales, o usan su propiedad para facilitar algún delito", dijo Terril. La medida ha sido aprobada en el Senado estatal, pero aún debe llegar a la cámara baja de Oklahoma.

La llegada de más republicanos a las asambleas estatales han propiciado las iniciativas, aseguran los activistas.

Muchos legisladores argumentan que los indocumentados aumentan los niveles de criminalidad y dejan a los estadounidenses sin trabajo.

Los esfuerzos para frenar la llegada de indocumentados se ha reflejado también en las propuestas de anular la ciudadanía estadounidense automática a bebés nacidos en el país con padres indocumentados. Legisladores de Oklahoma, Georgia, Arizona, Pensilvania y Carolina del Sur ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en enero para promover esa propuesta, que algunos sectores califican de inconstitucional.

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes -reunidas en una coalición de 800 agrupaciones llamada Reforma Migratoria PRO América- están trabajando con organizaciones locales para frenar las propuestas estatales.

IMPACTO ECONOMICO

Un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense reportó en noviembre del año pasado que Arizona perdió los 217 millones de dólares que hubieran gastado los participantes en convenciones que fueron canceladas al anunciarse la ley de Arizona.

Debido a esas cancelaciones, se perdieron 4.236 puestos de trabajo, dejaron de ingresar 133 millones de dólares a la economía local y la recaudación de impuestos bajó 14,4 millones de dólares en los meses posteriores a la firma de la ley por la gobernadora Jan Brewer, según reportó el estudio "Stop The Conference".

"Otros estados que consideran legislación migratoria deberían evitar tomar medidas apresuradas y entender las consecuencias económicas y fiscales potencialmente desastrosas de esa decisión", señaló el reporte.

En estados como Wyoming, Colorado, Dakota del Sur y Nuevo Hampshire las iniciativas no tuvieron éxito. Los motivos no fueron tan sólo económicos.

Según Jennifer Allen, directora ejecutiva del grupo Border Action Network, en Tucson, Arizona, la ley "deshumanizó" a muchos inmigrantes que contribuían al desarrollo del estado y promovió la categorización racial.

Su organización creó un línea telefónica a la cual se puede llamar para reportar "casos de abusos" por parte de las autoridades del estado. Desde mayo del 2010, unas 100 personas han hecho denuncias, pero Allen sospecha que la cantidad de abusos es mucho mayor, ya que no muchos hispanos se atreven a llamar.

La semana pasada el senador Russell Pearce presentó en Arizona un nuevo paquete de medidas que obligaría a los padres ha demostrar que sus hijos se encuentran legalmente en el país cuando les ingresan en la escuela, entre otras propuestas que generaron protestas.

Allen dijo que la gente que habla español en espacios públicos siente ahora que está siendo observada y que la ley ha restringido las vidas de muchos. "La gente no quiere aventurarse muy lejos de sus casas", dijo. "Se ha roto el tejido social que existía".