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El Congreso tratará los tres proyectos de reformas de la ley de alquileres
Similitudes y diferencias entre el texto que impulsa el Gobierno y otros dos de la oposición.
Este martes a las 17, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tratará tres proyectos de ley de alquileres con el objetivo de emitir un dictamen que permita llevar alguno de ellos -o todos- al recinto antes del 10 de diciembre.
El diputado de Cambiemos y presidente de la comisión, Daniel Lipovetzky, firmó el proyecto en el que trabajaron desde comienzos de año el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. A ese texto se suman otros dos, que llevan firmas de legisladores justicialistas: uno encabezado por Felipe Solá (bloques Red por Argentina y Movimiento Evita) y otro liderado por Agustín Rossi (Frente para la Victoria).
Los legisladores invitaron a exponer al referente de la Federación Nacional de Inquilinos e Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz y al vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federico López Castromil.
Las tres iniciativas proponen subir a tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler de vivienda (actualmente, el mínimo es de dos años).
También coinciden en definir actualizaciones del contrato basadas en un indicador compuesto, en partes iguales, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el índice de remuneraciones Ripte, que el Banco Central deberá informar mensualmente.
Sin embargo, el proyecto del Gobierno autoriza a definir aumentos semestrales, mientras que los textos de Rossi y Solá permiten un aumento por año.
La actualización por precios y salarios regirá en los contratos de hasta 1000 UVA mensuales ($42.200 actuales), según la propuesta del Gobierno. El proyecto de Rossi duplica ese tope hasta el equivalente a 2000 UVA. El de Solá no fija tope para esta regulación.
Los tres proyectos permiten fijar a las partes un domicilio electrónico, para que las notificaciones puedan hacerse por e-mail. También prohíben que se le cobre comisión inmobiliaria al inquilino, aunque el texto del Gobierno permite hacerlo si hay expresa aceptación de todas las partes.
En cuanto a la garantía, los tres proyectos indican que el locatario deberá aceptar garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo). El texto del oficialismo dispone que el locatario deberá acercar al locador al menos dos opciones.
El proyecto de Rossi, en tanto, agrega un beneficio para jubilados y pensionados nacionales. Según esta iniciativa, quienes perciban remuneraciones del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA) accederían a una garantía gratuita otorgada por la Anses.
Los tres proyectos limitan los gastos de ingreso al inmueble, al definir que no se podrá pedir al inquilino más de un mes de adelanto ni más de un mes de depósito. Tampoco se le podrá exigir que firme un pagaré.
En todos los casos, las reparaciones del inmueble (por daños que no sean atribuibles al locador) y el pago de impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias estarán a cargo del propietario.
Los textos también obligan al locador a registrar el contrato. El proyecto de Lipovetzky y el de Solá obligan al propietario a hacerlo ante la AFIP, mientras que el de Rossi propone hacerlo ante el Registro de la propiedad Inmueble.
Los tres proyectos proponen mecanismos para renovar el contrato de alquiler y penalidades por la resolución anticipada.
El diputado de Cambiemos y presidente de la comisión, Daniel Lipovetzky, firmó el proyecto en el que trabajaron desde comienzos de año el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. A ese texto se suman otros dos, que llevan firmas de legisladores justicialistas: uno encabezado por Felipe Solá (bloques Red por Argentina y Movimiento Evita) y otro liderado por Agustín Rossi (Frente para la Victoria).
Los legisladores invitaron a exponer al referente de la Federación Nacional de Inquilinos e Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz y al vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federico López Castromil.
Las tres iniciativas proponen subir a tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler de vivienda (actualmente, el mínimo es de dos años).
También coinciden en definir actualizaciones del contrato basadas en un indicador compuesto, en partes iguales, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el índice de remuneraciones Ripte, que el Banco Central deberá informar mensualmente.
Sin embargo, el proyecto del Gobierno autoriza a definir aumentos semestrales, mientras que los textos de Rossi y Solá permiten un aumento por año.
La actualización por precios y salarios regirá en los contratos de hasta 1000 UVA mensuales ($42.200 actuales), según la propuesta del Gobierno. El proyecto de Rossi duplica ese tope hasta el equivalente a 2000 UVA. El de Solá no fija tope para esta regulación.
Los tres proyectos permiten fijar a las partes un domicilio electrónico, para que las notificaciones puedan hacerse por e-mail. También prohíben que se le cobre comisión inmobiliaria al inquilino, aunque el texto del Gobierno permite hacerlo si hay expresa aceptación de todas las partes.
En cuanto a la garantía, los tres proyectos indican que el locatario deberá aceptar garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo). El texto del oficialismo dispone que el locatario deberá acercar al locador al menos dos opciones.
El proyecto de Rossi, en tanto, agrega un beneficio para jubilados y pensionados nacionales. Según esta iniciativa, quienes perciban remuneraciones del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA) accederían a una garantía gratuita otorgada por la Anses.
Los tres proyectos limitan los gastos de ingreso al inmueble, al definir que no se podrá pedir al inquilino más de un mes de adelanto ni más de un mes de depósito. Tampoco se le podrá exigir que firme un pagaré.
En todos los casos, las reparaciones del inmueble (por daños que no sean atribuibles al locador) y el pago de impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias estarán a cargo del propietario.
Los textos también obligan al locador a registrar el contrato. El proyecto de Lipovetzky y el de Solá obligan al propietario a hacerlo ante la AFIP, mientras que el de Rossi propone hacerlo ante el Registro de la propiedad Inmueble.
Los tres proyectos proponen mecanismos para renovar el contrato de alquiler y penalidades por la resolución anticipada.
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