El Congreso Nacional y la inflación
Que el Congreso Nacional se haya transformado en garante creíble de la inflación que revelan institutos privados testimonia el descalabro de la calidad institucional solemnemente prometida.
Por supuesto que el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, no se privaría del placer de confrontar con el Congreso Nacional, aunque ahora no pueda hacerlo calzando guantes de boxeo, como se presentó para discutir con ejecutivos de Papel Prensa. Le basta con la estadística, que es para él una especie de arsenal que le provee de proyectiles sin límites éticos: siempre están cargados de mentiras y torpezas.
Al día siguiente de que el Parlamento anunciara que la inflación de mayo último fue de 1,5 por ciento y que la de los últimos 12 meses asciende a 23,5 por ciento, Moreno esgrimió los increíbles datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y descerrajó 0,7 y 9,7 por ciento, respectivamente. Nadie cree en ellos. Y si hay alguien que descree más que todos los demás es precisamente Guillermo Moreno. Miente a designio; su intención no es desinformar ni convencer, sino prolongar la estafa que el Gobierno nacional perpetra con sus papeles de deuda, ajustables por un coeficiente que sigue a la inflación oficial.
La obstinación en la mentira del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que cohonesta por acción y omisión las manipulaciones numéricas de Moreno, obligó a los diputados nacionales a asumir una misión por completo extraña a sus atribuciones y deberes constitucionales. Que se sepa, en el mundo entero no es misión de ningún Congreso tomar a su cargo la difusión creíble de indicadores macroeconómicos. Un nuevo ejemplo de que no se alcanza la calidad institucional que prometió de modo solemne la presidenta de la República en su discurso de investidura.
Entre las atribuciones y deberes constitucionales del Congreso, figura su principio fundamental: legislar. Es verdad que se podría sancionar una ley que penalizara la falsedad ideológica en los documentos gubernamentales; también lo es que una legislación de esas características sería de inmediato vetada por la jefa del Estado.
Por lo demás, poner en vigencia semejante ordenamiento legal implicaría destruir una de las grandes tradiciones nacionales: la de falsear oficialmente la información económica, una práctica de antigua data, que tuvo uno de sus períodos de esplendor durante la presidencia de nuestro comprovinciano Miguel Juárez Celman.
Hay datos de la realidad que refutan a Moreno y al kirchnerismo: los reajustes salariales que se están pactando llegan a duplicar o triplicar los índices elaborados por el Indec, además de la incesante remarcación de precios de los productos de consumo masivo. El ciudadano no necesita de índices de aumento del costo de vida, porque quien mejor los mide es su propio bolsillo. Lo que sí exige es que no se le mienta de modo tan grosero. Moreno demuestra que el índice oficial de falsedad informativa sigue subiendo a vertiginosos niveles de desvergüenza en relación con el trato digno que merecen los ciudadanos.