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El comando vegano fue sólo un chisme

En la secretaría del presidente de la Sociedad Rural, estaba la secretaria Pamela Sousa. Muy cerca, otras dos personas, Marcelo Narváez y Juan Harilaos. Después de la explosión todos quedaron alojados en observación en el Hospital Fernández, aunque se descartaron heridas de gravedad.


La División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad detuvo en la noche del viernes a un hombre de 40 años sospechado de ser el autor del ataque el jueves pasado. El  detenido fue atrapado en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, por orden del juez federal
 Daniel Rafecas. Se llama Alberto Santiago Soria, quien trabajaría como agente inmobiliario al momento de la detención cerca de Juan B. Justo y Chivilcoy, en Floresta. 

La identificación se produjo mediante el rastreo de cámaras ubicadas en las cercanías del lugar donde el agresor dejó el paquete explosivo, en la zona de Barracas, y a donde llegó -según el seguimiento que se hizo- tras haber tomado dos líneas de colectivos.  

También se investigó los registros de la tarjeta SUBE, y allí surgió un único perfil probable, que tras ser sometido a un exhaustivo análisis comparativo científico, tanto de la cara como de la postura corporal, dio resultado positivo y precipitó su allanamiento y detención del aprehendido Soria. 

El sospechoso está imputado en una causa de 2017 por efectuar amenazas anónimas antisemitas, fue indagado el sábado por la tarde por el juez Rafecas en los tribunales de Comodoro Py. Se le imputan los delitos de explosión, lesiones dolosas múltiples y daños materiales. Luego de la declaración indagatoria, el sospechoso será trasladado a una unidad penal del Servicio Penitenciario Federal, aunque no se sabe a cuál.

Las pruebas que se pudieron recolectar en el allanamiento en la casa del sospechoso fueron una “Guía T” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual aparece una inscripción manuscrita, presumiblemente por Soria, que dice “LA RURAL”, con la anotación del cuadrante “52 A-5″, correspondiente a la ubicación del edificio de oficinas de la Sociedad Rural (Juncal 4450). 

Fuentes judiciales aseguraron que no descartan que el propio detenido haya sido quien armó el sobre con la bomba, aunque en otro lado. En la casa sólo hallaron “cintas de embalar resistentes”.  La investigación tratará  de establecer los motivos del ataque y si hay cómplices. El Juez ya ordenó pericias sobre el componente químico empleado para fabricar el explosivo, el daño a la salud que esto causó a partir de la inhalación del humo de la explosión de las cinco víctimas alcanzadas y la cuantificación de los daños materiales.

Y si algo no podía faltar, era la visión de la conspiranoica Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional, quien explicó que se  manejaban varias hipótesis sobre el incidente, y señaló similitudes con atentados anteriores. Bullrich mencionó a grupos anarquistas como posibles responsables debido al “modus operandi” de las bombas utilizadas. También recordó otros hechos similares, como el del juez Bonadío, los explosivos en el monumento a Ramón Falcón y también en las oficinas de Indra.   

Pero la  versión más increíble fue días atrás, cuando insinuó que los autores del ataque podrían estar vinculados a agrupaciones veganas, y había enfatizado, la suerte que se tuvo en este ataque ya que, aunque los explosivos no siempre son mortales, la severidad depende de varios factores como el humo y las sustancias químicas liberadas. “Una bomba, aunque los elementos aparentemente pueden no ser mortales... Depende de la persona, el humo que largan, las sustancias químicas, cómo explota. Acá hubo suerte. Hay que considerarlo así”.

Lo bueno de ser viejo, es poder recordar que  hechos como estos, ya sucedieron,  desde el retorno democrático. El 25 de octubre de 1985 el ministro del Interior, Antonio Troccoli, anunció que el Gobierno había dictado el Decreto 2.049 declarando el Estado de Sitio en todo el país y que la medida que se extendería por un lapso de 60 días. En ese tiempo el Gobierno se reservaba el derecho de arrestar a las personas, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar el país.  También se involucraba a una organización comandada por el prófugo general Carlos Suárez Mason e integrada por cubanos anticastristas, “contras” que peleaban contra el gobierno sandinista, unos uruguayos y brasileños. El decreto comprometía también a los coroneles Oscar “Pascualito” Guerrieri y Alejandro Arias Duval; los capitanes Osvaldo Antinori, Leopoldo Cao y al mayor Jorge Granada. Otros civiles eran Ernesto Rivanera Carlés, Alberto Camps y Enrique Gilardi Novaro.  

Estos hechos se dieron en medio de una gran crisis económica. Como puede percibirse, siempre se inventa algo nuevo, y la idea de actividades subversivas de un COMANDO VEGANO, nunca se le habría ocurrido a nadie, estos son nuestros funcionarios y que se encargan más ni nada menos que nuestra INSEGURIDAD…







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