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El colmo de la pachorra burocrática

Que se rematen escuelas impresiona tanto como si se pusiesen en venta cementerios estatales o se viesen como signo de superioridad de una ciudad o un país la mayor cantidad de sus cárceles.

Claro está que aquí se alude a edificios escolares públicos, que a diferencia de los de propiedad privada, al menos en teoría son tan inviolables como lo fueron los templos en otros momentos de la historia.

Sin embargo, los vecinos del barrio 9 de Julio están en el colmo de la estupefacción ante la noticia de que la escuela y un predio deportivo ubicado en el barrio serán ofrecidos en subasta por quienes serían los verdaderos propietarios de estas áreas que en su momento fueron objeto de expropiación por parte del Gobierno de la Provincia, pero de expropiación inconclusa, pues nunca se cerró el trámite ni se inscribieron los bienes en el Registro de la Propiedad como patrimonio del Estado. De este modo, en ningún momento habrían perdido su condición de propietarios quienes ahora impulsan el remate que, en principio, estaba programado para ayer.

Le historia, que empezó en 1963 cuando comenzó a construirse el barrio, atravesó épocas de gobiernos "de facto" y de gestiones democráticas, sin que en lo que toca al caso la suerte haya sido diferente. Pese a las demandas vecinales, el organismo de la propiedad, y por tanto esos gobiernos, mantuvieron la misma inercia, que es la verdadera causa de la angustia de quienes sufrirán directamente los efectos del remate y los catamarqueños en general que, aunque indirectamente, se estremecerán frente a este colmo de la irresponsabilidad gobernante que notifica acerca de la limitada confianza que puede depositarse en los organismos en que se procesa considerable porción de la suerte de los ciudadanos.

Los detalles de esta historia son complejos y ya han sido expuestos en "El Ancasti" de ayer. Lo que debe agregarse hoy es que el remate ha quedado en suspenso, supuestamente a fin de hallar una solución, probablemente la que debió haberse tenido en cuenta hace ya casi un medio siglo o en 1982, cuando se abrió un nuevo expediente que, según los vecinos, "duerme" en la Fiscalía de Estado desde entonces.

La comunidad educativa de la Escuela 162 "9 de Julio" a estas horas todavía no se repondrá de su agravio por un remate que estuvo a punto de concretarse y cuyo fantasma seguirá sobrevolando hasta que todo quede en regla. Y, sin duda, no descansará hasta que se firmen y sellen todos los papeles que aseguren para siempre el funcionamiento de la escuela en el barrio que le dio el nombre.

Está de más decir que el barrio está movilizado, con los mismos reflejos que demostró en el pasado, cuando en 1970 los entonces preadjudicatarios tomaron el predio y lograron que las casas siguieran construyéndose.

La lentitud con que se movió el sistema burocrático de la provincia en este caso merecería rescatarse como una de las más demoledoras pruebas de una pesadez universal que en Catamarca logra registros seguramente insuperados en el mundo. Tal vez no fuese excesivo concluir que en esta provincia un expediente puede sobrepasar en vida a la propia creación que la burocracia genera por su intermedio.

La Escuela 162 del barrio "9 de Julio" estuvo a punto de sufrir el remate de su edificio, que había sido expropiado en 1975 pero nunca inscripto como propiedad del Estado.