El caso Garzón

... como los de la banda ETA, puede considerarse un tanto irónico el fallo del Tribunal Supremo español según el que el accionar del juez Baltasar Garzón cuando investigaba las denuncias de corrupción contra ciertos funcionarios y políticos fue "digno de regímenes totalitarios".

Exageró el Tribunal, ya que Garzón no sometió a los acusados a apremios ilegales como suelen hacer los totalitarios de verdad sino que se limitó a meter micrófonos ocultos en la cárcel en que estaban detenidos, pero parecería que sí cometió un abuso lo bastante grave como para justificar una amonestación severa, aunque no necesariamente la condena a once años de inhabilitación que, es de suponer, ha puesto fin a su carrera descollante en la Justicia.

Era previsible que el fallo en contra del juez más famoso de los años últimos fuera interpretado en clave política, al insistir los admiradores de Garzón en que es víctima del odio de la derecha aún franquista para entonces atribuir la actitud del Tribunal a las presiones del Partido Popular actualmente en el gobierno, además de los celos de magistrados que se sienten molestos por la celebridad internacional de su colega más mediático.

Si bien es más que probable que las opiniones políticas hayan incidido en la actitud asumida por los encargados de juzgarlo, no cabe duda alguna de que las protestas indignadas de sus simpatizantes se inspiran más en sus propios compromisos en tal sentido que en una eventual preocupación por los detalles jurídicos que, es innecesario decirlo, no carecen de importancia. Puede que sea inevitable que esto ocurra –como sabemos muy bien, parece imposible mantener separada la política de la Justicia–, pero el que tantos se hayan convencido de que los jueces de un país democrático como España automáticamente privilegian sus opiniones políticas o sus relaciones personales por encima del respeto por la ley es de por sí inquietante. Mal que bien, lo que sucede en el ámbito jurídico español suele repercutir de alguno que otro modo en todos los países de tradiciones parecidas.

Según los partidarios de Garzón, su "martirio" es la consecuencia directa de su voluntad un tanto tardía de iniciar una investigación exhaustiva de los crímenes perpetrados por el régimen de Francisco Franco; tardía porque, durante años, el juez se había dedicado a perseguir a personas como el ex dictador chileno Pinochet y diversos guerreros sucios argentinos mientras que en su propio país sus equivalentes disfrutaban de los beneficios de una amnistía consensuada. En vista de que los crímenes más salvajes de la dictadura franquista –y, no lo olvidemos, los cometidos por sus a menudo igualmente sanguinarios enemigos republicanos– ocurrieron hace sesenta años o más, los esfuerzos de Garzón y otros por impulsar las causas correspondientes sólo motivaron el entusiasmo de los deseosos de descalificar a los dirigentes del Partido Popular que, a su juicio, son herederos del movimiento formado por el "generalísimo" que falleció en 1975. Asimismo, por haber cumplido Garzón funciones en el gobierno socialista de Felipe González, era natural que a ojos de sus adversarios estuviera más interesado en el impacto político, y en su papel internacional como "el juez de los derechos humanos", de sus actividades que en la Justicia, aunque parecería que el juez discrepaba ya que no vaciló en investigar la guerra clandestina, y claramente ilegal, librada por dicho gobierno contra los terroristas etarras.

Sea como fuere, aunque todo hace pensar que a Garzón no le será dado reanudar su carrera como juez, podrá aprovechar la fama internacional que ha logrado, y sus muchos talentos, para emprender otra carrera como político sin sentirse cohibido por la necesidad de defenderse contra quienes lo acusan de procurar subordinar la Justicia a sus ambiciones en el ámbito así supuesto, minimizar el significado de sus vínculos personales con dirigentes del PSOE o abstenerse de dar conferencias bien remuneradas.