El caso del avión y el narcotráfico
El Gobierno tiene la obligación de investigar las responsabilidades en las áreas del Estado que aparecen comprometidas, por acción u omisión, con un grave hecho de narcotráfico.
Tras la admisión oficial de que la droga incautada en el avión detenido en Barcelona pudo haber sido cargada en Argentina, el Gobierno tiene la obligación de investigar a fondo las responsabilidades en las áreas del Estado que aparecen comprometidas, por acción u omisión, con un grave hecho de narcotráfico y tomar las medidas que correspondan. Este hecho involucra en principio a quienes tripularon la nave, familiares directos de ex jefes de la Fuerza Aérea detenidos y procesados en España. Pero deben ser investigadas las conexiones y complicidades así como las negligencias que debieron haber existido en la administración y control de aeropuertos para que tamaña operación pudiera realizarse. El lujoso avión, perteneciente a una empresa privada con vinculaciones con dirigentes y funcionarios que utilizaron su servicio, estuvo estacionado en Ezeiza, Aeroparque, el aeropuerto de Mar del Plata y la base aérea de Morón sin que, al parecer, llamara la atención ni generara sospechas de nadie.
Fueron las autoridades españolas quienes detectaron hace tiempo maniobras sospechosas y capturaron en Barcelona el cargamento de una tonelada de cocaína. Inicialmente, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, intentó deslindar responsabilidades señalando que la droga fue cargada en Cabo Verde, donde el avión realizó una escala. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tampoco contribuyó a esclarecer la situación. Mientras tanto, las autoridades de la Fuerza Aérea y el funcionario a cargo de la Base Aérea de Morón deslindaron responsabilidades por la falta de los debidos controles. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, admitió finalmente lo que indica la evidencia: que la droga incautada en Barcelona pudo cargarse en la Argentina. Mientras se aguardan más elementos de juicio y el avance de las investigaciones judiciales, el hecho agrega un elemento más de preocupación y alarma sobre la penetración del narcotráfico afectando áreas sensibles del Estado a las que les toca precisamente controlar la seguridad y prevenir delitos de esta naturaleza.