El blindaje invisible que protege al poder
*Por Carlos Sacchetto. En un clima electoralmente triunfalista y con una situación económica estable en comparación con los centros de la crisis mundial, ningún escándalo político parece hacerle mella al gobierno nacional, ni siquiera el affaire que enfrenta a Schoklender con Bonafini.
Los que entienden la política sólo como una herramienta con la que se ganan o pierden elecciones, parecen haber clausurado muchas de sus expectativas. A seis semanas de los comicios presidenciales de octubre el oficialismo exhibe un justificado espíritu triunfal, mientras la oposición intenta hacer menos aguda su depresiva resignación. Es una consecuencia lógica de los resultados que arrojaron las primarias de agosto.
Sin embargo, aunque distintos aspectos de la realidad luego no se reflejen en las urnas o estén alejados del inmediato interés de los electores, la política se va construyendo en el día a día y almacena todo lo bueno y también todo lo malo que produce. Es sabido que para hacer desaparecer lo negativo no basta con ocultarlo o ignorarlo. Siempre habrá un tiempo en el que alguien levante la alfombra y deje al descubierto la basura que allí se ha acumulado.
Otras prioridades
En otras épocas, un caso como el que protagonizan Sergio Schoklender, Hebe de Bonafini, el Gobierno nacional y el juez federal Norberto Oyarbide, hubiera tenido, además de repercusión mediática, una valoración mucho más severa por parte de la sociedad. Esto deja en claro que hoy los ciudadanos han elevado en forma notable su tolerancia a la corrupción, ubicándola bien atrás en la escala de sus prioridades.
Ese caso ha surgido justamente del interior de la política y reúne todos los ingredientes necesarios para el postergado estallido de un gran escándalo. Se trata de la utilización indebida de dineros públicos aportados por el Gobierno, y administrados por un hombre que fue protegido por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, símbolo de la lucha por los derechos humanos. Conocido el episodio, se ha sumado la Justicia en el peor de sus roles: demorar el avance de la causa y con eso generar el tiempo suficiente para que cada uno pueda arreglar su situación.
El Gobierno dice que no tiene nada que ver y culpa a Schoklender, quien afirma que nada se hizo sin el consentimiento de Bonafini, y ésta a su vez sostiene que ha sido traicionada por Schoklender. Desde mayo hasta ahora, el juez Oyarbide ha venido prolongando el secreto del sumario y ni siquiera ha indagado a los partícipes del caso. Eso sí, las novedades que se van agregando al expediente se leen confidencialmente todas las mañanas en algunos despachos de la Casa Rosada.
La estrategia del Gobierno frente al escándalo, según comenta en privado uno de los "operadores judiciales" que casi diariamente visita oficinas en el Palacio de Tribunales, está planteada en dos direcciones. Una es apostar al proceso de desprestigio de Schoklender para que no resulte creíble al momento de hacer revelaciones que involucren en forma directa a la Presidenta o a funcionarios oficiales.
Eso es lo que se está haciendo de manera insistente en los medios de comunicación oficiales.
Una mochila
La otra estrategia consiste en aplicar una práctica reiterada del kirchnerismo: cualquiera que plantee la necesidad de que se esclarezcan estos hechos vergonzosos que ligan al poder con la corrupción, debe ser acusado de querer "ensuciar a las Madres de Plaza de Mayo". Entonces, por caprichosa deducción, esas voces críticas son colocadas en el terreno de los enemigos, al mismo nivel que "los asesinos de la dictadura" y "la derecha destituyente".
Nada de esto afectará al caudal de votos con el que cuenta Cristina Fernández para ser reelecta el 23 de octubre, ni la fuerte adhesión que recoge en la militancia kirchnerista. Pero visto hacia adelante, este caso puede convertirse en una pesada carga ética para el Gobierno. De allí la alta valoración y el agradecimiento que tiene la Casa Rosada por las serviciales prestaciones que recibe del juzgado de Oyarbide.
La preocupación de la dirigencia de primer nivel del oficialismo pasa hoy por conocer quiénes serán los elegidos de la Presidenta para formar el nuevo gabinete que la acompañará en su segundo mandato.
Han sido pocas hasta ahora las señales emitidas por Cristina en ese sentido, pero todos en el Gobierno están convencidos de que juventud y lealtad serán las dos condiciones básicas para el reconocimiento presidencial. Eso deja afuera a varios actuales funcionarios que son leales pero no jóvenes. Para ellos, el segmento de supervivencia en la órbita del Estado será el de los asesores.
Para el oficialismo, la política es un área que no presenta dificultades. Está prácticamente blindada a los malhumores sociales y hay por ahora disciplina interna bajo la conducción de Cristina. También una extendida tranquilidad por el seguro triunfo electoral.
No ocurre lo mismo en el terreno económico. Allí, se sabe, todo puede cambiar con rapidez si las condiciones internacionales se modifican.
En ese caso, no sería tan sencillo seguir ejerciendo el viejo sueño de subordinar la economía a la política.