El acoso al campo

Es público y notorio que el campo no goza de un buen concepto de parte de la presidenta de la Nación, por más que su gobierno y el de su antecesor le deban la bonanza de los últimos años. Pero no puede dejar de llamar la atención la mala fe y la ignorancia expuestas por la primera mandataria en la reciente inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, cuando afirmó que la actividad rural aporta muy poco al fisco, omitiendo que sólo por las retenciones a las exportaciones se obtiene un siete por ciento de la recaudación. También se refirió al trabajo esclavo como si se tratara de un fenómeno generalizado y acusó al sector agropecuario de ser uno de los principales evasores de impuestos.

Cuesta comprender semejante grado de ensañamiento frente a un sector productivo que no sólo es uno de los más dinámicos de la economía argentina, sino también uno de los que más procesos de modernización emprendió para llegar a ser lo que es hoy.

El precio mundial de los alimentos llegó a su mayor nivel en 20 años y podría seguir haciéndolo debido al encarecimiento del petróleo por los acontecimientos en Libia y otros puntos de Medio Oriente, según advirtió la Organización para la Alimentación y la Agricultura. En la Argentina, en lugar de aprovechar esta oportunidad, la imposición de restricciones a las exportaciones y las confiscatorias retenciones existentes impiden el crecimiento de vastos sectores del campo y sus industrias. Y, por ende, del país en su conjunto.

El campo reclamó durante años la creación de un ministerio en lugar de una secretaría. Ahora que cuenta con esa dependencia, no parece serle de gran utilidad, pues el ministro Julián Domínguez reparte subsidios selectivos entre algunos productores con una mano, mientras que con la otra convalida todo tipo de trabas y restricciones a la producción.

Al mismo tiempo, un funcionario ajeno a la política agropecuaria y sin conocimiento en las materias que va abordando sin cesar, como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se la ha pasado imponiendo trabas al crecimiento del sector mediante órdenes a menudo emitidas a voz en cuello y bajo la amenaza permanente de represalias de toda clase.

Las consecuencias no podrían ser peores: consumidores que hoy pagan más caro en los mostradores por reducción de la oferta, productores que perdieron su capital, muchos que jamás repondrán su stock y más desprestigio para nuestros productos en un mundo que requiere, como pocas veces en nuestra historia, nuestra producción. Todo en aras de "cuidar la mesa de los argentinos". ¿Cuánto más sano y transparente sería todo si se pudiera vender al valor real, sin cupos ni distorsiones pergeñadas por un puñado de funcionarios?

Con un precio menor que el real, el trigo queda en poder de unos pocos molinos en perjuicio de la mayoría. Se suma a esto la ahora antojadiza pretensión de obligar a los molinos harineros a adquirir medio millón de toneladas del grano a una única empresa cooperativa, en pos, supuestamente, de obtener una normal operatoria del mercado del cereal.

También hay que destacar que la intervención del gobierno nacional en el mercado lechero ha comenzado a crear serios problemas, pues las subas de precios internacionales dejaron de trasladarse a los productores locales y esto va en camino de convertirse en otro importante conflicto.

Ningún gobierno ha machacado tanto como éste sobre la necesidad de evitar la concentración en defensa del pequeño productor. Paradójicamente, ningún gobierno ha favorecido tanto aquello que combate, fomentando la desaparición de miles de pequeños productores y beneficiando así la concentración. Sirven como ejemplos el trigo, con un precio inferior al real que pagan unos pocos molinos en perjuicio de la mayoría, o el de miles de pequeños ganaderos que se vieron obligados a vender sus vacas por monedas cuando el negocio se volvió antieconómico al punto de no poderlo sostener, sabiendo que jamás podrían recuperar sus stocks y favoreciendo la sojización de vastas extensiones otrora ganaderas.

El Gobierno no podrá aducir desconocimiento, pues viene recibiendo claras advertencias desde hace años sobre los nefastos efectos de su política en distintos foros y de boca de los propios productores.

La ganadería y la agricultura, como toda actividad, requieren reglas claras en el largo plazo para construir algo tan simple y elemental como la confianza. Ningún gobierno ha provocado tanta desconfianza en un sector tan clave como éste y, a pesar de ello, aún insiste en lanzar el Plan Estratégico Alimentario 2, cuya implementación resulta imposible, pues, justamente, carece del elemento fundamental de todo acuerdo: la confianza entre las partes. Sin ella, no habrá definitivamente posibilidades de crecimiento.

Socavar el potencial agroindustrial de nuestro país es condenarlo a renunciar al destacado papel de productor de alimentos que el mundo de hoy le ofrece. Un lujo que no podemos darnos.