El abogado del vigilador acusado de matar al jubilado que hurtó comida: “Le pegó otra persona del supermercado”

El abogado de Gabriel de la Rosa, el vigilador detenido junto a un cajero acusado de haber matado a golpes a un jubilado que hurtó comida de un supermercado en Constitución, dio detalles del hecho y negó que su defendido haya participado.

“Gabriel es un vigilador de una cooperativa, externo al supermercado. En un momento divisa que esta persona estaba saliendo con bultos entre su ropa por el costado donde salen los que no realizaron compra. Le pide que se levante la ropa, no hace caso y traspasa la vereda. Él lo agarra del brazo y evita que se dé a la fuga. Se produce un forcejeo porque el hombre se quería ir. El señor no quería entregar la cosas, por lo que Gabriel va a buscar a la Policía”, relató el abogado Alejandro Broitman en diálogo con La supermañana de Chiche Gelblung en Radio Rivadavia.

“Demora un minuto y medio y cuando vuelve el señor estaba reducido por personal del supermercado. Mi defendido solo le agarró las piernas y cuando llega la Policía lo  levantan, lo ponen contra una reja, comienza a sudorizar excesivamente y se descompensa”, señaló Broitman.

La autopsia realizada al cuerpo de Vicente Ferrer, de 68 años y quien hurtó dos chocolates, un queso y una botella de aceite de oliva del supermercado Coto ubicado en Constitución, confirmó que el hombre murió por un “traumatismo de cráneo”.

Una testigo aseguró que Ferrer fue golpeado brutalmente luego de ser interceptado, hecho que confirmó Broitman, a la vez que sostuvo que su defendido no participó de la golpiza.

“El no vio cuando se dio el supuesto enfrentamiento, estaba de espaldas porque fue a buscar a la Policía. Alguien le dio una gran cantidad golpes, pero le pegó otra persona que era empleado de supermercado. Gabriel no es empleado del supermercado”, remarcó el defensor.

Por último, el abogado indicó que las cámaras de seguridad del supermercado no funcionan y aseguró que el vigilador está acusado de “homicidio simple”, por lo que se enfrenta a una posible condena de entre 8 a 25 años de prisión.