Efectos de la restricción de importaciones
La cada vez mayor limitación a las importaciones practicada por el gobierno nacional está generando consecuencias mucho más negativas que positivas para la economía argentina.
En oportunidad en que el Ministerio de Industria amplió de 400 a 600 el número de productos cuya importación se restringía, decíamos en esta columna que este tipo de medidas siempre benefician a algunos y perjudican a otros.
Estos últimos comienzan a hacer oír sus quejas, tal como está ocurriendo con la maquinaria agrícola en nuestra provincia: no hay stocks, ni precios, ni fecha de entrega. Esto era lo previsible, dada la forma en que se implementan estas medidas de política económica.
A esos productos el gobierno les aplicó las denominadas "licencias no automáticas", política contemplada por la Organización Mundial de Comercio, que establece que el gobierno tiene un plazo de 60 días para aprobar o rechazar un pedido para importar.
En la práctica, como el propósito del gobierno es limitar todo lo posible las importaciones, el plazo se prolonga mucho más. Cabe apuntar que la restricción se ha aplicado a productos que ya se encontraban en los puertos, impidiendo su salida y despacho al mercado.
La propia UIA ha reconocido que así como hay sectores industriales que se han visto ampliamente favorecidos por las "licencias no automáticas" o medidas antidumping, hay otros que sufren inconvenientes de escasez de insumos. Concluyendo que la política es favorable siempre que se realice con cuidado y moderación. Justamente dos condiciones de las cuales no hacen gala los funcionarios, como el secretario de Comercio Interior, encargado de aplicar las regulaciones.
Por el contrario las restricciones se han agudizado con la aplicación de disposiciones, que ni siquiera están formalizadas, como la necesidad de que los propios importadores compensen los valores con exportaciones.
Esta medida absurda, que desconoce un principio elemental como el de la ventaja de la especialización, lleva a situaciones casi grotescas, como el caso de una conocida empresa local que exportará vinos y aceites para poder importar autos. O como algunas cadenas de supermercados que ahora deben comprar a proveedores argentinos productos para exportarlos, cuando antes eran los propios productores los que los exportaban.
El hecho concreto y cierto es que hay una variedad de bienes cuya importación está prácticamente prohibida y que no se producen en el país, o se lo hace en cantidad y calidad insuficiente para los requerimientos de quienes los demandan.
Las consecuencias también son concretas y ciertas: suben los precios y desmejora la calidad de los productos. Los efectos sobre el comercio especializado en ciertas líneas de productos electrónicos pueden llevar al cierre de los mismos ya que no tienen qué vender, a pesar de que los compradores están en la puerta. Debe recordarse que hay productos que por su tamaño y características son pasibles de ingresar de contrabando. La prohibición de importar siempre ha estimulado estás prácticas, que conocemos desde la época de la Colonia.
Se sabe de sobra que el cierre de una economía produce atraso, no desarrollo. El crecimiento del comercio internacional es el indicador más representativo del desarrollo de los países. Los países exportan para poder importar. La Argentina ha incrementado notablemente sus exportaciones y por tanto su capacidad de importar; ha superado el antiguo problema del denominado "estrangulamiento externo".
El problema es que el Estado necesita dólares, superávit comercial, para afrontar pagos de deuda, emitir pesos y evitar que una excesiva demanda de dólares haga subir el tipo de cambio. Entonces recurre al método más sencillo de impedir o limitar las importaciones. Ese objetivo lo logra, pero no puede evitar los efectos negativos sobre la economía. Estas políticas, repetidas desde hace décadas, dieron origen al dicho "atado con alambre". Es de esperar que no terminemos otra vez en lo mismo.