Efecto narcoavión: controlarán pasajeros en vuelos privados
* Por Mariano Martin. Fin de la discreción en los taxis aéreos: deberán identificarse todos los que viajen.
Una derivación del escándalo del narcoavión promete llevar preocupación a empresarios, políticos y muchos artistas: como parte del nuevo protocolo de seguridad aérea, deberán registrarse todos los pasajeros de taxis aéreos y vuelos privados, un requisito que hasta ahora solo regía para los viajes al exterior y que brillaba por su ausencia en los de cabotaje, lo que garantizaba privacidad y discreción a los usuarios de este tipo de servicios.
La modificación, una incorporación segura del nuevo protocolo cuya elaboración adelantó este diario, apunta a dejar expuestos a viajeros y pilotos sospechosos de operaciones ilegales, en particular de narcotráfico y trata de personas. Pero también tendrá impacto entre quienes se valían de este vacío legal para aventuras amorosas, por caso. En la actualidad, solo están obligados a informar sus identidades los pasajeros de los servicios aéreos internacionales. Los vuelos internos están exentos de esta obligación.
Por caso, eso le permitió al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime desplazarse sin llamar la atención en taxis aéreos que la Justicia sospecha fueron pagados por empresarios a los que el exfuncionario debía controlar. «Los taxis aéreos tienen un doble fin: trasladarse y hacerlo con absoluto anonimato. Desde ahora nadie podrá viajar sin su documento. Al fin y al cabo hay que presentarlo para comprar un pasaje en micro y no vemos por qué no hacerlo en un vuelo privado», le explicó a este diario un funcionario del Ministerio de Seguridad.
La obligación de identificarse es una de las principales medidas consensuadas en una reunión que mantuvieron el viernes último los miembros de organismos de control aéreo. Convocados por la ministra Nilda Garré, participaron funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana, Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. Facultades La PSA quedó a cargo de la elaboración del nuevo protocolo, que en el mediano y largo plazo incluirá la extensión de sus facultades a otros aeropuertos.
En la actualidad, la Policía Aeroportuaria tiene presencia en 39 estaciones -entre ellas, todas las de vuelos internacionales- de las 53 que forman parte del sistema nacional. El cambio surgió a partir del escándalo por el hallazgo de un avión en España cargado con 944 kilogramos de cocaína, proveniente de la Argentina y tripulado por los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, y por Matías Miret, tres hijos de brigadieres fallecidos.
Los datos provenientes de la Justicia española y de la investigación local motivaron al Gobierno a reconocer como más probable que la droga hubiese sido cargada en la Argentina, luego de haber intentado imponer en un principio la hipótesis de que se había embalado en el avión en una escala previa a Barcelona, en Cabo Verde, África. Fuentes oficiales dijeron que el nuevo protocolo tendrá un capítulo «reservado», que consistirá en una tabla con asignación de puntaje para la evaluación de la matriz de riesgo de cada avión, su tripulación, su pasaje y su carga. Ese capítulo tendrá como eje las tareas de inteligencia a desarrollar por los agentes de la PSA a la hora de controlar un servicio aéreo. Y en función del puntaje obtenido en esa evaluación, se hará una verificación más o menos estricta.
En el Gobierno reconocen graves falencias en el sistema de controles a raíz de la salida del país del jet Challenger de los hermanos Juliá. La aeronave estuvo casi dos meses apostada en la Base Aérea de Morón, donde se presume que fue cargada la cocaína, con un vuelo intermedio a Mar del Plata. Y estuvo 48 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previo a su partida a Barcelona, sin que hubiera verificaciones de ningún tipo por parte de la PSA y la Aduana. El caso disparó acusaciones cruzadas por parte de las autoridades de esos organismos, así como entre la Fuerza Aérea y la ANAC, que comparten la administración de la base de Morón.
La modificación, una incorporación segura del nuevo protocolo cuya elaboración adelantó este diario, apunta a dejar expuestos a viajeros y pilotos sospechosos de operaciones ilegales, en particular de narcotráfico y trata de personas. Pero también tendrá impacto entre quienes se valían de este vacío legal para aventuras amorosas, por caso. En la actualidad, solo están obligados a informar sus identidades los pasajeros de los servicios aéreos internacionales. Los vuelos internos están exentos de esta obligación.
Por caso, eso le permitió al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime desplazarse sin llamar la atención en taxis aéreos que la Justicia sospecha fueron pagados por empresarios a los que el exfuncionario debía controlar. «Los taxis aéreos tienen un doble fin: trasladarse y hacerlo con absoluto anonimato. Desde ahora nadie podrá viajar sin su documento. Al fin y al cabo hay que presentarlo para comprar un pasaje en micro y no vemos por qué no hacerlo en un vuelo privado», le explicó a este diario un funcionario del Ministerio de Seguridad.
La obligación de identificarse es una de las principales medidas consensuadas en una reunión que mantuvieron el viernes último los miembros de organismos de control aéreo. Convocados por la ministra Nilda Garré, participaron funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana, Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. Facultades La PSA quedó a cargo de la elaboración del nuevo protocolo, que en el mediano y largo plazo incluirá la extensión de sus facultades a otros aeropuertos.
En la actualidad, la Policía Aeroportuaria tiene presencia en 39 estaciones -entre ellas, todas las de vuelos internacionales- de las 53 que forman parte del sistema nacional. El cambio surgió a partir del escándalo por el hallazgo de un avión en España cargado con 944 kilogramos de cocaína, proveniente de la Argentina y tripulado por los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, y por Matías Miret, tres hijos de brigadieres fallecidos.
Los datos provenientes de la Justicia española y de la investigación local motivaron al Gobierno a reconocer como más probable que la droga hubiese sido cargada en la Argentina, luego de haber intentado imponer en un principio la hipótesis de que se había embalado en el avión en una escala previa a Barcelona, en Cabo Verde, África. Fuentes oficiales dijeron que el nuevo protocolo tendrá un capítulo «reservado», que consistirá en una tabla con asignación de puntaje para la evaluación de la matriz de riesgo de cada avión, su tripulación, su pasaje y su carga. Ese capítulo tendrá como eje las tareas de inteligencia a desarrollar por los agentes de la PSA a la hora de controlar un servicio aéreo. Y en función del puntaje obtenido en esa evaluación, se hará una verificación más o menos estricta.
En el Gobierno reconocen graves falencias en el sistema de controles a raíz de la salida del país del jet Challenger de los hermanos Juliá. La aeronave estuvo casi dos meses apostada en la Base Aérea de Morón, donde se presume que fue cargada la cocaína, con un vuelo intermedio a Mar del Plata. Y estuvo 48 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previo a su partida a Barcelona, sin que hubiera verificaciones de ningún tipo por parte de la PSA y la Aduana. El caso disparó acusaciones cruzadas por parte de las autoridades de esos organismos, así como entre la Fuerza Aérea y la ANAC, que comparten la administración de la base de Morón.