Educación, una inversión estratégica

Con mucho interés he seguido el fuerte impacto que generó en la sociedad cordobesa nuestra propuesta de aumentar de manera significativa el salario de los docentes. Se hicieron numerosas consideraciones acerca de la viabilidad de la medida, su sentido de oportunidad o sobre la imposibilidad de financiarla, sin un mínimo análisis acerca de su pertinencia o de su valor estratégico, cuestiones que ahora pretendo exponer.

Es extraño que no genere semejante análisis el uso de numerosos recursos para ejecutar obras de ornamentación y suntuarias o el gasto en publicidad, con similar magnitud.

Si el buen gobierno es el arte de asignar prioridades y el deber de un candidato a gobernador es plantear su visión a la sociedad, ¿es lo mismo administrar la realidad, con sus irritantes desigualdades, o abordar los cambios que erradiquen las injustas asimetrías sociales y la inequidad de oportunidades?

Tres consideraciones

1. En primer lugar, la educación debe ser hoy entendida como una inversión estratégica, en el marco de una ya consolidada sociedad de la información y del conocimiento. Los países que lideran el ranking o los tests que miden la calidad educativa han dispuesto ingentes recursos en el sostenimiento de medidas y acciones de mejora constante de sus docentes. Ese tipo de decisiones es necesariamente costoso y tiene un fuerte impacto en el gasto público, tanto de las provincias como del Estado nacional, mientras que sus resultados son visibles recién en el mediano y largo plazo.

El atraso productivo y la decadencia en saberes y valores –que nos arrojan al fondo de la tabla en comprensión de textos y en ciencias– nos imponen un compromiso para no marginar a más compatriotas. Encarar el desarrollo integrado y la calificación de nuestros docentes, para que se corresponda el esfuerzo de unos y el mérito de otros con sus retribuciones significa: dimensionar la densidad de la enseñanza y el valor del aprendizaje, intentar reducir la brecha entre matriculados y egresados, atendiendo a las verdaderas causas de la repitencia y deserción escolar, como también valorar la relación efectiva que existe entre los conocimientos adquiridos y su aplicación en el trabajo digno.

Este tipo de políticas, en el que convergen lo público y lo privado, garantiza beneficios seguros en un sistema educativo moderno, en el que se aprovecha la experiencia de los docentes mayores y se estimula con el salario lo que se brinda, midiendo la calidad del servicio en todas las escuelas, para que no haya condenados a no gozar lo que otros congéneres disfrutan.

 Nada es más atractivo que hacer visible la utilidad de estudiar para afrontar los desafíos fuera de las aulas. Es una apuesta a la convivencia en paz y un ataque a la raíz de la inseguridad.

2. En segundo lugar, los juicios críticos a la propuesta debieran considerar –en una lectura de nuestro pasado– que la Argentina supo construir una sociedad igualitaria, integradora y con movilidad social en la medida que dispuso institucionalizar su política de Estado más exitosa, la Ley de Educación 1.420, de 1884. Ésta proponía convertir a la educación en una prioridad absoluta, en una etapa donde los recursos públicos no eran abundantes.

Si en la actualidad no es lo mismo, es porque, deslizándonos en la desindustrialización, nos resignamos al cortoplacismo, con los atajos del facilismo. A esa renuncia, tales resultados. La distancia entre países industrializados y subdesarrollados se agiganta.

3. Una tercera consideración está relacionada con aquella tradición educativa y con un acuerdo implícito que debe ser puesto en valor.

Los establecimientos educativos y los docentes y autoridades del sistema tenían un indiscutido prestigio en toda la sociedad. Las magníficas estructuras edilicias construidas en aquel tiempo reflejaban el valor simbólico de lo colectivo, de aquello que generaba sentido de pertenencia.

La escuela era de todos y cada uno de nosotros sentíamos genuino orgullo de formar parte de una comunidad educativa. Los docentes, por su parte, representaban la presencia del Estado en la familia y su aporte a la formación de nuestros hijos gozaba de reconocimiento y de estima social. Tenían autoridad profesional y moral.

Nuevo contrato social. Hoy, es imperativo reconstruir esa tradición a través de un contrato social de bases morales entre el Estado provincial, nuestros docentes y el conjunto de los cordobeses.

Mi propuesta está alejada de demagógicas especulaciones electorales. En cambio, está anclada en la absoluta convicción de la necesidad de mejorar, de manera significativa, el atraso salarial de los docentes de los diferentes niveles, a cambio de un fuerte compromiso por parte de ellos de sumarse a un proceso de reformas y de mejora continua del sistema educativo.

Este contrato o compromiso incluye una fuerte apuesta a la capacitación y a la mejora constante de la calidad docente, que debe ser promovida y financiada desde el sector público. Los ahorros en el gasto total, excluido los de personal, nos permitirán reasignar lo necesario para afrontar el aumento y el impacto en el déficit previsional del subsistema docente.

Se trata de una decisión política impostergable. Aspiro a ser gobernador de mi provincia y sueño con una Córdoba integrada, líder en la producción de conocimiento e inclusiva del conjunto de sus ciudadanos. Es un pacto que excede lo institucional y la alternancia gubernamental, en el que deben participar los gremios y los empresarios que articularán, en sus emprendimientos, con los adelantos tecnológicos del caso, la formación para el trabajo.

Para construir ese sueño, debemos apostar a un cambio seguro, sumando talentos e inteligencia de todos los sectores. Ese cambio exige sacrificios y ordenar las preferencias en un presente de recursos públicos escasos, para garantizar un futuro venturoso, que es muy posible alcanzar.