Dura condena al bloqueo a dos diarios
Políticos, empresarios y entidades de prensa rechazaron el piquete que obstaculizó la distribución de LA NACION y Clarín.
Una dura condena por parte de entidades periodísticas, dirigentes políticos y empresariales provocó el bloqueo que sufrieron ayer las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nacion durante cinco horas, por parte de un grupo de piqueteros, identificados con pancartas de la Federación Gráfica Bonaerense. El bloqueo fue considerado como "uno de los más graves atentados a la libertad de prensa que se hayan registrado recientemente en el país" por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
Los manifestantes, que alegaron problemas sindicales, cantaron consignas favorables al Gobierno ("somos los soldados del pingüino") y al jefe de la CGT Hugo Moyano, e impidieron la salida y la entrada de camiones a la planta de Clarín en Barracas, hecho que afectó además la salida de La Nacion, cuya planta es vecina. Los participantes del bloqueo pidieron en su reclamo la reincorporación de delegados despedidos de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), dependiente del Grupo Clarín, arrojaron volantes con insultos a ese diario y amenazaron verbalmente al gerente de Circulación de La Nacion. Las autoridades de Clarín aclararon ayer que el diario "no mantiene conflictos gremiales con su personal", y que los manifestantes son "los mismos que, junto a sindicalistas ajenos al sector y a agrupaciones cercanas al Gobierno bloquearon en diciembre pasado la planta de AGR, donde se imprime la revista Viva ".
Los medios oficialistas como Canal 7 y CN 23, de Sergio Spolszky, cubrieron la noticia desde el primer momento. Los ocupantes de dos patrulleros de la Policía Federal presentes en el lugar no intervinieron para evitar los bloqueos. El 2 de este mes, ante un hecho similar, el juez civil Gastón Polo Olivera prohibió que cualquier persona bloquee los accesos a las plantas impresoras y ordenó que la resolución se notifique, en forma personal, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que tome las medidas que permitan cumplir ese fallo. En su comunicado, ADEPA señaló que el bloqueo a las plantas, sumado a la pasividad estatal, "configuran uno de los más graves atentados a la libertad de prensa que se hayan registrado recientemente en el país", y solicitó a "las autoridades que eviten la reiteración de hechos que impidan la distribución de los diarios". "Obstaculizar la circulación de publicaciones constituye un delito previsto en el Código Penal y un ataque a preceptos constitucionales que sostienen el sistema democrático", afirmó Adepa, que recordó que Clarín ya había sufrido otras dos obstrucciones en los últimos treinta días.
"En una de esas oportunidades, el canciller Héctor Timerman dialogó con los manifestantes que impedían la distribución de ejemplares", recordó ADEPA, que afirmó que "la inacción estatal pone en riesgo la libertad de prensa". Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) señaló que acciones como los bloqueos a las plantas impresoras "transgreden el ordenamiento institucional y lesionan el ambiente de tranquilidad y respeto a la actividad de las empresas necesario para el desarrollo económico y la creación de empleos". El bloqueo a las plantas impresoras generó además un enérgico rechazo en la oposición.
"Todo esto se inscribe en una nueva intención del Gobierno de coartar la libertad de prensa", dijo Eduardo Duhalde, candidato presidencial por el Peronismo Federal. Por su parte, el diputado radical y también candidato Ricardo Alfonsín dijo: "No se pueda afectar de esta manera la libertad y el derecho de expresión. Está claro que al Gobierno le interesa muy poco un derecho fundamental como éste y no toma medidas para evitar que se repitan. Hasta a veces uno tiene la sensación de que incita. No es esta la manera de resolver un conflicto gremial".
Hipólito Solari Irigoyen, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, sostuvo que "la libertad de expresión está cercenada y permanentemente amenazada en la Argentina", y que ese tipo de acciones "por parte de adictos al oficialismo no es un problema entre el Gobierno y dos empresas, es un ataque a la libertad de prensa". "Responsabilizamos al Gobierno por alentar o, en la mejor interpretación, tolerar estos hechos que tienden a silenciar a dos diarios críticos de la gestión de la señora Cristina Kirchner, al mismo tiempo que constituyen una advertencia de lo que les puede suceder a otros medios no enrolados con el oficialismo", concluyó la nota.
El legislador Adrián Pérez, candidato a vicepresidente por la Coalición Cívica, consideró que la Constitución "garantiza la libertad de expresión y de circulación", por lo que "no se puede dejar a un país sin diarios". En tanto, Fernando "Pino" Solanas, diputado de Proyecto Sur y precandidato presidencial, opinó: "Los escraches contra los diarios o contra cualquier medio de comunicación son un ejemplo de autoritarismo e intolerancia que van en contra de la pluralidad y la libertad".
En tanto, el diputado por el Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, perteneciente al espacio que lidera Francisco de Narváez, dijo que los relevos en el ahora Ministerio de Seguridad "no cambiaron una política de absurda tolerancia ante el incumplimiento de la ley". Y añadió: "Es inadmisible que nuestras autoridades no intervengan en este tipo de acciones, que atentan directamente contra la libertad de expresión y nuestro derecho ciudadano a estar informados". Timerman se mostró irónico El canciller Héctor Timerman fue el único del Gobierno que opinó a través de Twitter. "Bloqueas Clarín: ataque libertad de expresión. Bloqueas casino: ataque a la diversión", escribió. Más tarde agregó: "ADEPA es a la libertad de expresión lo que la cámara láctea a la nutrición infantil".
Los manifestantes, que alegaron problemas sindicales, cantaron consignas favorables al Gobierno ("somos los soldados del pingüino") y al jefe de la CGT Hugo Moyano, e impidieron la salida y la entrada de camiones a la planta de Clarín en Barracas, hecho que afectó además la salida de La Nacion, cuya planta es vecina. Los participantes del bloqueo pidieron en su reclamo la reincorporación de delegados despedidos de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), dependiente del Grupo Clarín, arrojaron volantes con insultos a ese diario y amenazaron verbalmente al gerente de Circulación de La Nacion. Las autoridades de Clarín aclararon ayer que el diario "no mantiene conflictos gremiales con su personal", y que los manifestantes son "los mismos que, junto a sindicalistas ajenos al sector y a agrupaciones cercanas al Gobierno bloquearon en diciembre pasado la planta de AGR, donde se imprime la revista Viva ".
Los medios oficialistas como Canal 7 y CN 23, de Sergio Spolszky, cubrieron la noticia desde el primer momento. Los ocupantes de dos patrulleros de la Policía Federal presentes en el lugar no intervinieron para evitar los bloqueos. El 2 de este mes, ante un hecho similar, el juez civil Gastón Polo Olivera prohibió que cualquier persona bloquee los accesos a las plantas impresoras y ordenó que la resolución se notifique, en forma personal, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que tome las medidas que permitan cumplir ese fallo. En su comunicado, ADEPA señaló que el bloqueo a las plantas, sumado a la pasividad estatal, "configuran uno de los más graves atentados a la libertad de prensa que se hayan registrado recientemente en el país", y solicitó a "las autoridades que eviten la reiteración de hechos que impidan la distribución de los diarios". "Obstaculizar la circulación de publicaciones constituye un delito previsto en el Código Penal y un ataque a preceptos constitucionales que sostienen el sistema democrático", afirmó Adepa, que recordó que Clarín ya había sufrido otras dos obstrucciones en los últimos treinta días.
"En una de esas oportunidades, el canciller Héctor Timerman dialogó con los manifestantes que impedían la distribución de ejemplares", recordó ADEPA, que afirmó que "la inacción estatal pone en riesgo la libertad de prensa". Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) señaló que acciones como los bloqueos a las plantas impresoras "transgreden el ordenamiento institucional y lesionan el ambiente de tranquilidad y respeto a la actividad de las empresas necesario para el desarrollo económico y la creación de empleos". El bloqueo a las plantas impresoras generó además un enérgico rechazo en la oposición.
"Todo esto se inscribe en una nueva intención del Gobierno de coartar la libertad de prensa", dijo Eduardo Duhalde, candidato presidencial por el Peronismo Federal. Por su parte, el diputado radical y también candidato Ricardo Alfonsín dijo: "No se pueda afectar de esta manera la libertad y el derecho de expresión. Está claro que al Gobierno le interesa muy poco un derecho fundamental como éste y no toma medidas para evitar que se repitan. Hasta a veces uno tiene la sensación de que incita. No es esta la manera de resolver un conflicto gremial".
Hipólito Solari Irigoyen, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, sostuvo que "la libertad de expresión está cercenada y permanentemente amenazada en la Argentina", y que ese tipo de acciones "por parte de adictos al oficialismo no es un problema entre el Gobierno y dos empresas, es un ataque a la libertad de prensa". "Responsabilizamos al Gobierno por alentar o, en la mejor interpretación, tolerar estos hechos que tienden a silenciar a dos diarios críticos de la gestión de la señora Cristina Kirchner, al mismo tiempo que constituyen una advertencia de lo que les puede suceder a otros medios no enrolados con el oficialismo", concluyó la nota.
El legislador Adrián Pérez, candidato a vicepresidente por la Coalición Cívica, consideró que la Constitución "garantiza la libertad de expresión y de circulación", por lo que "no se puede dejar a un país sin diarios". En tanto, Fernando "Pino" Solanas, diputado de Proyecto Sur y precandidato presidencial, opinó: "Los escraches contra los diarios o contra cualquier medio de comunicación son un ejemplo de autoritarismo e intolerancia que van en contra de la pluralidad y la libertad".
En tanto, el diputado por el Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, perteneciente al espacio que lidera Francisco de Narváez, dijo que los relevos en el ahora Ministerio de Seguridad "no cambiaron una política de absurda tolerancia ante el incumplimiento de la ley". Y añadió: "Es inadmisible que nuestras autoridades no intervengan en este tipo de acciones, que atentan directamente contra la libertad de expresión y nuestro derecho ciudadano a estar informados". Timerman se mostró irónico El canciller Héctor Timerman fue el único del Gobierno que opinó a través de Twitter. "Bloqueas Clarín: ataque libertad de expresión. Bloqueas casino: ataque a la diversión", escribió. Más tarde agregó: "ADEPA es a la libertad de expresión lo que la cámara láctea a la nutrición infantil".