Drama a puerta cerrada

El nivel de violencia va aumentando en nuestra sociedad de manera llamativa, en todos los órdenes. El ámbito intrafamiliar es uno de ellos, y quizás el más complicado para quienes ejercemos la magistratura penal al momento de valorar los elementos probatorios, que suelen ser escasos porque todo sucede -en la mayor parte de los casos- a puerta cerrada o solapado detrás de un pacto de silencio del grupo conviviente, que puede tener origen en el desinterés, la complicidad o el miedo. Generalmente son los dos últimos los más comunes.

La violencia de género alcanza una gravedad social inusitada y se extiende a un ritmo inquietante, sin reconocer límites sociales, económicos ni culturales

Este fenómeno contiene las acciones que se denominan "violencia de género" y que podemos conceptuar como "todo acto o amenaza de violencia que tenga como consecuencia perjuicio en la salud física o psicológica de una mujer", aunque en verdad la situación puede ser inversa y el sujeto pasivo bien puede ser un varón, alternativa que es menos común que la primera pero no por ello inexistente.

El problema se inscribe también en el campo de la "violencia familiar", siendo la de género una de sus variantes. Recientemente la UNESCO consideró que se trata de una epidemia que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo, y se instituyó el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, fecha que fue elegida porque en el año 1960 en la República Dominicana hubieron tres hermanas activistas políticas mandadas a matar por el entonces dictador Rafael Trujillo. Y el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer" mediante Resolución 48/104. Se destacan en su texto algunos argumentos que considero principales para entender el cuadro de situación de esta problemática creciente. En el artículo 4to. se tiene en cuenta "adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer, reciban una información que los sensibilice respecto de las necesidades existentes". Y "... adoptar las medidas apropiadas -especialmente en el sector de la educación- para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y prácticas consuetudinarias o de otra índole, basados en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos".

Como podemos observar, hay un elemento cultural que resulta preponderante, el que debe ser corregido a través de la prevención, palabra que en este último tiempo parece haber sido descuidada en todos los rubros de su aplicación. El tema es muy serio, porque con los hechos consumados suelen producirse consecuencias imposibles de restañar en su totalidad, y en muchos casos lamentablemente, la crónica policial de los medios de comunicación nos informa de asesinatos.

ALGUNAS CIFRAS

Se ha difundido hace algunos días una estadística que indica en la provincia de Buenos Aires la cantidad de 30.000 llamadas telefónicas diarias al teléfono de emergencias 911. Y que en el ámbito de nuestra Justicia bonaerense se iniciaron durante el año 2009 casi 60.000 causas por estos hechos. También ha trascendido que quienes más solicitan el servicio son mujeres cuya edad oscila entre los 25 y 35 años, y que la violencia de los hombres con los cuales conviven las mujeres que efectúan las llamadas prevalece sobre otras situaciones conflictivas dentro del plano intrafamiliar. En ese universo el informe destaca que se produce violencia física en el 86% de los casos, violencia psicológica en el 96% y amenazas de muerte en un 38%, panorama que se agrava porque en el 74% de esos incidentes se involucran a menores presentes en los episodios.

Es importante destacar que la Dra. Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, ha dicho que la violencia de género alcanza en este tiempo una gravedad social inusitada en la medida en que se extiende a un ritmo inquietante, sin reconocer límites sociales, económicos ni culturales. He aquí una de las características más salientes del flagelo, pues no podemos sectorizarlo ni clasificarlo como sucede con otras formas de ilicitud. Así se lleva a cabo una tarea de capacitación para los agentes judiciales, personal policial y agentes del municipio que se ocupen de esta problemática. La Procuradora General, Dra. María del Carmen Falbo, ha acompañado esta preocupación que intenta fortalecer la faz preventiva y reforzar la tarea ante la formación de causas criminales.

VERGÜENZA Y HUMILLACION

Estamos ante situaciones muy complejas, de abordaje multidisciplinario, pues se conjugan sentimientos y conceptos que llegan a las raíces de la conformación de la familia, involucrando sentimientos genuinos y patologías que se traducen en vergüenza y humillación por parte de las víctimas, lo que les hace guardar silencio y ocultar el castigo. Todo parte entonces de adecuar los resortes necesarios para que los organismos públicos vinculados puedan llevar adelante un trabajo que produzca como resultado persuadir a estas personas para que puedan contar su calvario, y así poder ser escuchadas, contenidas y ayudadas.

No son pocos los casos de esta naturaleza que llegan a juicio oral en nuestra ciudad. Quienes actuamos en esa área específica de la Administración de Justicia, advertimos que -en muchos casos- las víctimas han acudido varias veces a efectuar denuncias de malos tratos psicológicos o físicos sin haber encontrado una respuesta concreta por parte de las autoridades policiales. Pero afortunadamente, en la mayor parte de los casos el sistema ha actuado. Obviamente que desde el ámbito judicial ya no existe la posibilidad de implementar prevención, pero no obstante pueden -a través de una decisión que involucre el conocimiento de la problemática- disponerse medidas correctivas que mejoren estos servicios en el futuro.

Pero se trata de cuestiones muy complejas donde los operadores de las distintas áreas debemos seguir coordinando tareas para que a través de la denuncia de las víctimas, del correcto proceder de quienes las deben recepcionar y luego, mediante la etapa de investigación judicial, logremos contener la situación social y no tener que escuchar -como nos ha sucedido algunas veces en el recinto del debate oral y público- a un hombre acusado de asesinar a su pareja decir: "Si no era mía, no era de nadie!".