Dos posiciones enfrentadas
*Por Carlos Souza. EN estos tiempos se debaten dos grandes lineamientos en materia de drogas, con posiciones que llegan a niveles de tensión que imposibilitan la construcción del contexto de cooperación necesario para el desarrollo de cualquier política de Estado en una problemática tan sensible como es el uso indebido de drogas en nuestro país.
Esto ocurre a pesar de que líderes del mundo reunidos en la Comisión Global de Políticas sobre Drogas emitieron un mensaje contundente: "Cincuenta años después del inicio de la Convención Unica de Estupefacientes, y cuarenta años después que el presidente Nixon lanzara la guerra contra las drogas, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales [mientras recomendaban] terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas, pero que no hacen ningún daño a otros".
La aplicación de estrategias enmarcadas en este cambio de paradigma aparecen representadas por las políticas de reducción de daños. Parten de la base de que existe un porcentaje alto personas que utilizan drogas que no desean abandonar y que no cumplen necesariamente con la imagen estereotipada del adicto compulsivo (aunque lo incluyen), y proponen un conjunto de intervenciones que buscan la mejor calidad de vida para todos. Desde esta visión, corresponde respetar la decisión de consumir evitando, en primer lugar, que empeore la situación. Es decir, se considera un logro que un consumidor de drogas aprenda a regular su consumo y, si es posible, evitar que escale en nuevas sustancias sin dejar de ser un ser socialmente integrado. ¿Esto es un éxito o un fracaso? La respuesta a esta pregunta dependerá, en gran medida, de la posición moral, religiosa, política e ideológica que tenga el lector y los gobernantes a cargo de diseñar las tan necesarias y postergadas políticas de Estado sostenidas en el tiempo.
En nuestro país, las políticas abstencionistas no logran integrarse con las estrategias de reducción de daños. Estas últimas no han demostrado ser la solución definitiva, ya que no la hay, pero sí un indiscutible pilar que, sumado a otros, puede favorecer una visión conjunta sobre la necesidad de articular un conjunto de enfoques en materia de drogas.
Sin embargo, no resiste el menor análisis que convivan dentro del mismo Estado, encargado de garantizar coherencia, dos líneas innecesariamente enfrentadas entre sí. La posición de Aníbal Fernández, encolumnado detrás de la reducción de daños y despenalización, contrasta con el pensamiento de Ramón Granero, titular de la Sedronar, quien adhiere a fortalecer las actuales estrategias de prevención y asistencia. La realidad en nuestro país es que, aun en la actualidad, estas dos visiones del mismo fenómeno cuando no están opuestas se miran con recelo, al contrario de lo que ocurre en los países que han bajado las tasas de muertes y aumento en el consumo, como España y varios países de la Unión Europea que articularon políticas integradoras.
La radicalización de posiciones en el tema drogas no admite matices. Desde esta perspectiva, se hace difícil aceptar que en nuestro país y en el mundo existen consumidores responsables que nunca subirán nuevos escalones, experimentadores que no cumplirán con la teoría del aumento secuencial y sectores excluidos que son, en definitiva, los que más han sido vulnerados en sus derechos y se ven más afectados. Es así como hemos pasado años hablando sobre prevención de las sustancias y poco de los sistemas de creencias en los cuales estamos inmersos, que limitan la posibilidad de articular un amplio conjunto de estrategias que incluyan programas de prevención escolar, integración juvenil, capacitación, asistencia en comunidades terapéuticas, tratamientos ambulatorios y programas de reducción de daños.
Trabajo diariamente en un programa libre de drogas con personas que desean tratarse, pero esta pequeña y sesgada parte de la realidad no representa de ninguna manera la complejidad social con que se manifiesta el problema.
La ideologización de debates que deberían ser estrictamente técnicos y metodológicos nubla la mirada. Es conocido que la mayoría de los accidentes automovilísticos responden a causas humanas, pero nadie pone en duda que los elementos de seguridad de un automóvil salvan vidas y, más aún, nadie diría que otorgar esos elementos a los autos es una forma de promover la riesgosa velocidad. Se acepta un fenómeno no deseado buscando minimizar los daños y preservar la vida.
Recientemente, en un congreso realizado en Buenos Aires, el especialista Efrem Milanese disertó sobre necesidad de construir políticas y plantear la prevención desde escenarios de paz, no de guerra, y no sólo en lo conceptual y político, sino también en lo técnico.
Nuestros gobernantes tienen la obligación de desterrar prejuicios ideológicos entre posiciones opuestas, asumiendo los niveles de responsabilidad asumidos y buscando las mejores formas de llegar a mejoras las condiciones de vida de toda la población.