Dos modelos en pugna
*Por Alberto Dearriba. Cuando llegue octubre, los argentinos irán a las urnas no sólo a definir quién gobernará los próximos cuatro años, sino a expresar si quieren más Estado o más mercado, si profundizar el modelo o darle laxitud, si se avanza a un nuevo país o se vuelve al pasado.
A poco más de dos meses del vencimiento del plazo para presentar a los postulantes para las primarias obligatorias que oficializarán a los candidatos presidenciales de octubre, Elisa Carrió es la única que tiene el camino despejado porque se apresta a marchar en soledad hacia una segura paliza electoral. Y hasta su participación en las elecciones nacionales está en duda, porque antes debe reunir en la interna obligatoria el 1,5% del padrón para poder competir.
Aparte de esta insignificante certeza, existe consenso entre oficialistas y opositores en que Cristina Fernández sería reelecta en octubre. Pero la presidenta no ha dicho aún que irá por un nuevo mandato. En suma, el escenario preelectoral sigue siendo un mar de dudas.
El llamado formulado el martes por Mauricio Macri a una alianza tan amplia como la Unión Democrática se hundió entre el rechazo y la indiferencia. Sólo la derecha radical encarnada en Ernesto Sanz y Julio Cobos, y la peronista, acaudillada por Eduardo Duhalde, aceptan el convite. El resto miró para otro lado o lisa y llanamente rechazó el acuerdo.
Macri repite que es candidato presidencial, pero admite que se bajaría a la Ciudad si no consiguiera juntar a los opositores en una sola candidatura. Las presiones para marchar por la reelección se fundan en que las encuestas lo ubican 25 puntos debajo de la presidenta. Otro tanto ocurre con Pino Solanas, quien también concluyó que puede hacer buena elección en Capital y mala en Nación, porque –según dijo después de los comicios en Salta– en las provincias chicas "el voto es de baja calidad". Esa opinión fue más desagradable aun que la que sepultó a su compañero Claudio Lozano, cuando afirmó que "mide mal".
En tanto, Duhalde continúa con su devaluada internita y tampoco se sabe qué haría si el jefe de gobierno porteño decidiera finalmente asegurar su feudo porteño para no perderlo todo.
Por su parte, Felipe Solá espera formalmente que se resuelva la novela del Peronismo Federal para presentarse a las primarias abiertas y obligatorias de agosto, pero atiende los llamados de Macri y de Alfonsín, al tiempo que no descarta bajarse a la provincia de Buenos Aires, donde competiría con su compañero peronista disidente, Francisco de Narváez, que sigue buscando desesperadamente un candidato a presidente de la Nación en el PRO o en la UCR.
En medio de este tire y afloje, Ricardo Alfonsín está convencido de que será el único candidato opositor, ya que calcula que Pino y Macri se bajarán, mientras que Carrió no mueve el amperímetro. Sin embargo, no tiene la misma certeza sobre quién lo acompañará porque su mayor aliado, el socialista Hermes Binner, no descarta postularse a presidente por un frente de centroizquierda, si gana la interna en Santa Fe.
Como si al guiso le faltara algún ingrediente, los medios volvieron a iluminar de pronto el nombre de Carlos Reutemann, a partir de una insignificante mención en Facebook.
La olla de las candidaturas puede continuar bullendo hasta la última semana de junio, cuando vence el plazo de presentación de las listas para las primarias obligatorias. Pero los plazos vencerán antes en la Capital, por lo que Macri y Pino deben definir con premura si estarán en misa o tocarán la campana.
Lo que en cambio quedó claro una vez más esta semana es que –al margen de los candidatos– en la elección de octubre confrontarán dos modelos de país.
La sobreactuación macrista fue ampliamente difundida por los medios más concentrados, que el mismo martes recibieron un regalo del jefe de gobierno: un decreto que establece sanciones en la Ciudad Autónoma para quien impida, obstruya u obstaculice la impresión o distribución de publicaciones.
El decreto antisindical es una tácita respuesta al conflicto de la planta impresora de Clarín y establece una clara desigualdad contra los trabajadores de los medios de comunicación, ya que el bloqueo sindical a una publicación sería castigado con una sanción que no existe para una medida similar en un hospital o en un medio de transporte. Para el ministro de Trabajo y precandidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo, Carlos Tomada, la medida es lisa y llanamente "anticonstitucional".
Los sectores conservadores están siempre prestos a cacarear por la "inseguridad jurídica" cuando se rozan intereses poderosos, pero nunca cuando se afectan los derechos de los trabajadores.
Eso fue lo que pasó cuando lo más granado del establishment, alineado tras la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), puso el grito en el cielo ante la decisión gubernamental de que el Estado aumente la cantidad de representantes en los directorios de 42 empresas privadas en las que tiene invertidos fondos de las jubilaciones, en proporción con sus acciones. Cuestionaron obviamente la "injerencia estatal" sobre la sacrosanta propiedad privada, pero no la participación accionaria que pasó a manos del Estado cuando el sistema jubilatorio fue reestatizado. Reniegan del control, pero reclaman subsidios, créditos blandos y asistencia. Rechazan a los custodios de esas acciones, pero no están dispuestos a reintegrar el capital. Son liberales cuando les conviene y estatistas cuando lo necesitan.
Baten el parche con la calidad institucional y los derechos ciudadanos, pero cuando tienen que defender a los consumidores avasallados por las corporaciones, se borran o juegan en contra. Eso fue lo que ocurrió también en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, cuando la oposición encabezada por el bloque radical trabó una vez más el tratamiento del marco regulatorio de las prepagas que pretende proteger de abusos a 4 millones de usuarios del sistema.
En la vereda opuesta, el diputado Héctor Recalde consiguió hacer avanzar en la comisión de Legislación laboral de la Cámara Baja el proyecto que propicia que toda suma que se pague a los asalariados resulte a todos los efectos "remunerativa".
Recalde es el diputado más cercano al cascoteado Hugo Moyano, al cual hasta el moderado gobernador Juan Manuel Urtubey calificó de "piantavotos". El líder sindical soporta por estos días las presiones empresarias por las negociaciones paritarias, la oposición a que algunos de los suyos ingresen al directorio de las empresas con participación de la ANSES y la campaña en contra de que un sindicalista sea compañero de Cristina Fernández en la fórmula oficial. Como si esto fuera poco, uno de sus hijos reveló lo que era un secreto a voces: que el secretario general de la CGT se llevaba mejor con Néstor Kirchner que con su sucesora.
En medio del barullo –y con el INADI analizando una cuestión de género– Recalde espera que escampe para poder impulsar nuevamente el proyecto de reparto de ganancias empresarias que también horroriza a los defensores de la sacrosanta propiedad privada, pese a que el sistema está previsto en la Constitución Nacional.
Cuando llegue octubre, los argentinos irán a las urnas no sólo a definir quién gobernará los próximos cuatro años, sino a expresar si quieren más Estado o más mercado, si profundizar el modelo o darle laxitud, si se avanza a un nuevo país o se vuelve al pasado