Distorsiones y costos por la política energética oficial
La política energética oficial derivó, en los últimos siete años, en un creciente déficit en todo el arco de la oferta energética, que fue cubierto con subsidios e importación de combustibles y que causó aumentos de costos e interrupciones en la producción en el sector privado, así como cortes de electricidad domiciliaria.
El aumento de la actividad interna y de los precios de los combustibles en el mercado internacional crearon, por una parte, la necesidad de aumentar la oferta, pero también, las condiciones propicias para la inversión en nuevas y tradicionales fuentes de energía.
Sin embargo, el Gobierno, lejos de tomar en cuenta esas necesidades y posibilidades eligió una política de subsidios al consumo que mantuvo bajos los precios de la energía, una decisión que pudo estar justificada en los primeros momentos de la pos crisis, pero que luego perdió sentido con la recuperación del empleo y del ingreso y que prácticamente eliminó los estímulos a las inversiones en el área.
Un reciente documento elaborado por ex secretarios de Energía de diferentes gobiernos analiza el sector energético y pone de manifiesto las distorsiones y costos de semejante orientación y la carga que supone para el futuro inmediato.
Según el mismo, entre 2003 y 2010 la demanda eléctrica aumentó un 44%, mientras la capacidad instalada lo hizo en sólo un 21% y para cubrir la brecha existente sería necesario una capacidad de generación equivalente a ocho centrales atómicas Atucha. Un dato dramático de este cuadro es que la construcción de esas centrales costaría una suma equivalente al 60% de los subsidios pagados por el Gobierno en el período considerado.
En el área petrolera, hubo una fuerte reducción de las inversiones en la exploración petrolera que se tradujo en una caída del 18% en la producción de petróleo y del 8% en la de gas. También cayeron las reservas, en lo que se considera un hecho sin precedentes en los últimos cincuenta años, lo cual implica una pérdida de recursos por un monto estimado en 100.000 millones de dólares.
Para compensar la reducción de la oferta se realizaron importaciones de combustibles, las cuales aumentaron un 711% desde 2003, dando lugar a un creciente déficit de divisas en el renglón energético.
A esto debe agregarse que tanto algunas compras externas de combustible -como las realizadas en Venezuela-, como los subsidios otorgados, se han llevado a cabo con escasa transparencia y están, por ese motivo, cubiertos por un manto de sospecha. Actitud comprensible si se tienen en cuenta los numerosos casos de manejo discrecional y oscuro de dinero público, que han dado origen a numerosas causas judiciales.
Todo indica que la política energética oficial se profundizará en el corriente año ya que, por motivos electorales, no se modificarán las tarifas, lo cual obligará a aumentar subsidios e importaciones y provocará crecientes costos en las empresas que ven obstruida su actividad y/o tienen que invertir en fuentes alternativas de energía. Como esta orientación no es sustentable en el tiempo, especialmente si se mantienen elevados los precios del petróleo, en un futuro cercano llegará la hora del sinceramiento de la explicitación de los costos económicos y sociales de la política actual. Sólo es de esperar que, en se momento, se formule, finalmente, una estrategia de largo plazo para la generación de energía.
La política energética oficial ha derivado en una pérdida de reservas de gas y petróleo, un aumento en la oferta eléctrica menor al de la demanda y en un creciente déficit de divisas en el sector. El déficit de la oferta fue compensado con subsidios y ocasionó trastornos en el consumo domiciliario y costos en el sector privado. Esta política no es sustentable y debe dar lugar a una estrategia de largo plazo.