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Discriminación escandalosa

* Por Daniel Gattás. Un porteño vale 34 veces más que un cordobés en materia de subsidios. Todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los subsidios en la Argentina crecieron, entre 2003 y 2011, de ocho mil millones de pesos a 80 mil millones; es decir, se multiplicaron por 10.

Lo más sorprendente es que para Buenos Aires se destinan 2.100 pesos por habitante por año, incluyendo entre otros rubros subsidios al transporte, energía, gas y alimentos, mientras que para Córdoba aquella cifra se reduce a 60 pesos por habitante por año. Esto significa que un porteño vale 34 veces más que un cordobés. O, para decirlo en palabras del británico George Orwell, en la Argentina todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros.

Semejante discriminación se puede percibir de manera rápida en los costos y la calidad de los servicios. Mientras en Buenos Aires la frecuencia de los colectivos es muy buena, en Córdoba, pagando el doble por boleto, los pasajeros deben esperar mucho tiempo y sufrir peor que el ganado. Además, los porteños tienen acceso a medios alternativos (trenes o subtes), a costos irrisorios.

Por otra parte, los recursos para sostener a la Policía Federal, que patrulla sus calles, y para garantizar el funcionamiento de la Justicia Federal, son provistos por el presupuesto nacional, a diferencia del resto de las provincias, que debe hacer ingentes esfuerzos para financiar con recursos propios su seguridad y la Justicia.

Ni hablar de las penurias económicas y el tiempo que debe sufrir la mendicante población del interior para conseguir un pasaporte o una visa, trámites que quienes viven en Buenos Aires tienen al alcance de la mano y en tiempo récord. Además, la problemática de los pasaportes genera bolsones de corrupción.

Quién se anima. Es fácil dilucidar las razones que llevaron a diseñar un país macrocéfalo: entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires suman el 50 por ciento del padrón electoral y concentran más del 60 por ciento de la riqueza. ¿Quién tendrá el coraje de expresar que desea construir un país más justo y que, con una visión prospectiva y aun corriendo el riesgo de perder las elecciones y de no conseguir financiamiento para las costosas campañas, piense que las futuras generaciones merecen disfrutar de un desarrollo armónico a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, que les garantice igualdad de oportunidades?

Esta nueva mirada exige cambiar los paradigmas que garantizan privilegios a una pequeña porción de la sociedad, caracterizada por el lujo y la extravagancia, y que se erige altanera frente a la pobreza y la humillación de los sectores más postergados. Pero principalmente requiere modificar la conducta de la clase dirigente, que es la responsable de esta situación, para que no se conforme con el facilismo y no se encandile con las luces de la noche porteña y se comprometa a romper el statu quo de antaño.

También supone romper con el pragmatismo, palabra que encierra un eufemismo trágico para la Argentina de los últimos 50 años y que se traduce en hacer lo más fácil y conveniente, sin importar límites éticos y las restricciones morales.

Frente a la cercanía de las elecciones, se hace necesario ejercer nuestros derechos como habitantes de primera y exigir a los candidatos cordobeses definiciones claras sobre sus futuras conductas. Basta de llenarse la boca de federalismo cuando, en la práctica, se goza de los beneficios de un país centralizado, aunque en la cotidianeidad se deambule de oficina en oficina buscando un subsidio o un aporte del Tesoro para disimular carencias.