Discriminación entre víctimas

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas -Celtyv- presentó recientemente las conclusiones de su trabajo denominado Proyecto Víctimas, destinado a establecer quiénes y cuántas fueron las personas victimizadas por las organizaciones guerrilleras en la década de los setenta.

En el acto de presentación prestaron su testimonio cuatro hijos de personas inocentes que fueron asesinadas, algunas de ellas cruelmente y en presencia de su familia.

Hay un extendido reclamo debido a la inequidad en la que se encuentran miles de ciudadanos que se convirtieron en víctimas del terrorismo y que no sólo no han sido indemnizados, sino que también han carecido de reconocimiento e incluso han sido rechazados.

Particularmente en estos últimos años la actitud explícita del Gobierno ha sido la de evitar toda aproximación a estas personas que pudiera interpretarse como alguna sombra a la idealización heroica de los militantes guerrilleros.

En el acto del Celtyv que comentamos, su presidenta, Victoria Villarruel, afirmaba: "Este informe debió ser anterior al de la Conadep y el motivo primero de la preocupación de los políticos, pues se trata de lo que le pasó a la población civil inocente y ajena a las hostilidades. El proyecto llena un vacío que inexplicablemente dejó el Estado argentino".

Agregó que esas víctimas inocentes "materializan el bien jurídico que toda legislación doméstica e internacional protege en primera instancia y por sobre todas las cosas. Todos los gobiernos del mundo acuden en ayuda de las víctimas del terrorismo, buscan ejercer la justicia con sus responsables, las reparan, las honran y las cuidan. Sin embargo, en la Argentina permanecen sin reparación, ocultadas y hasta estigmatizadas".

La negación del Estado a conceder los derechos a estas personas constituye una violación masiva de derechos humanos que una democracia que se precie de tal no debe permitir, no sólo porque es contraria a su razón de ser, sino porque el Estado tiene la obligación internacional de investigar y reparar.

Sin embargo, desde hace 35 años les niega a estas víctimas el acceso a la Justicia, la verdad y la reparación, sumiéndolas en una doble victimización: primero la perpetrada por las organizaciones terroristas y ahora la que el Estado produce al negarles sus derechos. Como si esto fuera poco, además las discrimina al otorgar el pleno goce de los derechos y abultadas indemnizaciones a algunos de sus propios victimarios.

El Estado no puede de manera arbitraria decidir a quiénes les reconoce derechos y a quienes no. Los gobiernos son los administradores temporales y transitorios de una parte de nuestros derechos que hemos cedido a personas que tienen voluntad de servir, pero que no deben olvidar que, si bien representan al pueblo y administran nuestros bienes colectivos, no son sus dueños.

Estas víctimas les están reclamando públicamente a sus representantes que les otorguen lo que les corresponde y que cesen en la discriminación a las que éstos las someten.
Resolver su situación es un problema político. De acuerdo con el serio estudio del Celtyv, que debe ser cumplimentado con la información que obra en poder del Estado, hubo 1355 muertos, 2735 heridos, pero el Estado mantiene aún una fuerte deuda en el campo de los derechos humanos, con más de 18.331 personas directamente agredidas por el terrorismo.