Discriminación de género

Tres de cada 10 mujeres latinoamericanas no reciben ningún tipo de ingreso, "lo que significa que dependen de otros para subsistir, mientras que sólo uno de cada 10 hombres se encuentra en la misma situación". La dramática síntesis de la injusticia estructural de género que padece el hemisferio fue realizada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en la 46ª Conferencia Regional de la Mujer, que sesionó en Santiago de Chile. Esta dependencia se agrava, expresó, en casos "de rupturas conyugales o de viudedad".

Otro aspecto que condiciona de manera negativa el panorama se vincula con la residencia de las mujeres. Si viven en ciudades, el 31,6 por ciento de ellas carece de ingresos propios, sin ningún tipo de salario, subsidio o pensión (en los hombres, la proporción es del 10,6 por ciento), pero si habitan en regiones rurales, ese porcentaje trepa al 43,9 por ciento, mientras que en los hombres es mucho menor: 13,6 por ciento, según registros de 2008 realizados por el Observatorio de Igualdad y Género en Latinoamérica, incorporados en el informe anual de 2011 de la Cepal.

Las mujeres sin ingresos propios se dedican en su gran mayoría a los quehaceres hogareños, aunque esa actividad no remunerada representaría el 30 por ciento del producto interno bruto de la región.

México es el único país del área que lleva un análisis sistemático de este aporte de la mujer al PIB latinoamericano, que rara vez es tomado en cuenta por gobiernos, fuerzas políticas y economistas del hemisferio. Rocío García Reynal, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, declaró que la contribución femenina al PIB de su país llega al 23 por ciento.
Además de las tareas del hogar, las mujeres tienen a su cargo el cuidado de niños, ancianos, enfermos y discapacitados, lo que, es obvio, les impide salir a la búsqueda de ingreso en el mercado laboral. "Las mujeres deben dejar de subsidiar la economía del cuidado de nuestros países, que no pueden demorar más la adopción de políticas de Estado en materia de cuidado, como lo están haciendo Uruguay, Costa Rica o Ecuador", señaló Bárcena.

El 16 de julio de 2010, la Cepal sancionó, con el voto de representantes oficiales de 33 países del hemisferio, el llamado Consenso de Brasilia, un exhaustivo análisis útil para diseñar políticas no discriminatorias de género y avanzar en la estructuración de esquemas legales que valoricen el trabajo no remunerado que prestan las mujeres en los ámbitos doméstico y del cuidado.

Ha pasado un año y medio desde entonces, sin demasiados progresos. Lentitud que contrasta con la celeridad con que la mayoría de esos países adoptaron otro Consenso, el de Washington, cuyos efectos devastadores en lo económico y social aún se sufren en gran parte de la región.