¿Directores tontos?

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, afirmó durante el Seminario para Representantes del Estado Nacional en Empresas de Oferta Pública, realizado en la sede del organismo que dirige, que en la Argentina hay empresarios que sienten "nostalgia por el regulador tonto [y] por los directores tontos". En su curiosa visión de las cosas, por fortuna y en buena hora el Gobierno ha resuelto nombrar directores "dispuestos a pelear con uñas y dientes cada peso y cada dólar que hay detrás de la inversión del Estado" en las empresas privadas.

Más allá de lo inapropiado de la tribuna utilizada -la sede de una entidad autárquica cuya función técnica es preservar la transparencia de los mercados accionarios-, sería bueno que el funcionario de marras identifique a los "reguladores tontos" a los que hizo referencia y aclare por qué los juzga de tal manera. Si fueron tontos porque las normas les impidieron actuar diligentemente, esa contribución podría llevar a mejorar las regulaciones respectivas. Si además tuviera evidencias de las "tonterías" cometidas por esos reguladores, no estaría mal que cumpliera con las leyes respectivas y los denunciara.

El mencionado funcionario olvida que el kirchnerismo gobierna la Argentina desde 2003, por lo que la demora de ocho años de la Comisión Nacional de Valores en tomar las decisiones necesarias para evitar ese lamentable estado de cosas parece un plazo por demás generoso.

Es cierto que el Estado sólo pudo nombrar directores en las empresas privadas a partir de la apropiación de los fondos previsionales de propiedad de sus aportantes, pero bien podría haber legislado adecuadamente para evitar que se cometieran las "tonteras" a las que hace referencia. Olvida también que ha sido precedido en el cargo por muchos y buenos funcionarios, que supieron convertir a la Comisión Nacional de Valores en un organismo público eficiente, respetado en el país y en el extranjero, que no merecen apelativos semejantes.

También olvida (o quizá no quiera recordar) el notorio fracaso del Gobierno que integra, no ya en el control, sino en la gestión de una empresa, como Aerolíneas Argentinas, cuyas acciones siguen en manos privadas, pero cuyos resultados negativos soportamos todos los argentinos. Aunque fuera "tonto", a cualquier regulador le llamaría la atención semejante fracaso.

Además, el funcionario mencionado se equivoca grandemente al describir la tarea de los directores designados por el Gobierno como la de defender "con uñas y dientes la inversión del Estado". El Gobierno no ha depositado fondos (a la vista o a plazo, no importa) en las sociedades de las que posee acciones como podría hacerlo en un banco: ha invertido en empresas que pueden perder o ganar dinero en el desarrollo de una actividad lícita y elegida libremente por los accionistas. Exigir sí o sí un rédito como si se tratara de recuperar fondos prestados es otro grave error de concepto. El Estado es ahora un inversor, y lo que debería preocuparle es que todos los accionistas, grandes o pequeños, controlantes o minoritarios, públicos o privados, reciban el trato igualitario que exigen las leyes mercantiles y que las empresas que ofrecen públicamente sus acciones a través de los mercados de valores estén sujetas a los mismos controles técnicos que se aplican en el resto del mundo y que son tan necesarios. Las amenazas de "uñas y dientes" no integran esos controles técnicos: hay modos mejores y más probados.

Si el Estado quiere recibir dividendos, debe seleccionar cuidadosamente a quiénes propone como directores, para que la gestión de las empresas sea exitosa. Pero, además, debe lograr un adecuado clima de negocios que favorezca la inversión y, por sobre todas las cosas, imponer un irrestricto respeto a la ley y a la autoridad de los magistrados. Designar para que utilicen "uñas y dientes" a personas sin calificaciones adecuadas, además de constituir una violación a la ley, perjudica los propios intereses estatales. Los antecedentes de algunos candidatos, en el ejercicio de funciones directivas en empresas estatales deficitarias, no son precisamente una adecuada carta de presentación.

Es lamentable que un funcionario cometa desbordes verbales y equívocos técnicos. Sus frases efectistas sólo pueden causar impacto entre quienes desconocen aspectos fundamentales de la vida económica del país y del ordenamiento legal. Tristemente, esas palabras intentan esconder y disimular una vasta serie de errores, preconceptos y creencias arraigadas que les han hecho mucho daño a todos los argentinos.

La constante referencia a intereses ocultos dedicados a conspirar contra la felicidad de nuestros compatriotas es un arma primitiva para justificar sucesivos fracasos en muchas áreas de gobierno. El falso y cansador recurso al carácter épico de esta gestión gubernamental, que supuestamente libra con denuedo una lucha contra antagonistas anónimos que siembran de obstáculos la gestión gubernamental, desprecia la inteligencia de quienes escuchan esas bravuconadas. Es penoso que, en muchas ocasiones, tales "obstáculos" no sean más que la simple exigencia de cumplir con la Constitución y las leyes.