Diputados oficialistas presentaron el pedido de juicio político contra la Corte Suprema
El día después de oficializarse la convocatoria a sesiones extraordinarias, el oficialismo formalizó su iniciativa y pidió la convocatoria de los cuatro jueces.
Tras oficializarse el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso del 23 de enero al 28 de febrero, el Frente de Todos presentó este viernes el pedido de juicio político a la Corte Suprema, mediante el cual solicita que sean convocados los cuatro miembros del máximo tribunal.
De esta manera, el kirchnerismo avanza con su embestida contra el Poder Judicial. No obstante, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como el resto de los cortesanos, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, no están obligados a asistir a la reunión de la Comisión de Juicio Político, que es controlada por el oficialismo.
El proyecto fue introducido en la Cámara baja por quince diputados del Frente de Todos: Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marin, Mabel Caparros, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer. Lo curioso es que ninguno de los firmantes es miembro de la comisión, lo que marca la intención del kirchnerismo de comprometer a toda la bancada en esta ofensiva contra la Corte.
En línea con lo solicitado por el Presidente y gobernadores de provincias, anoche fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución por el que se promueve el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
— Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) January 13, 2023
El nro. de expediente es 6905-D-2022. pic.twitter.com/KkCn61m4mV
Además, en la presentación, los diputados del Frente de Todos solicitan 35 convocatorias entre funcionarios y organismos, lo elevaría la cantidad de testigos por encima de las 40 personas. Y entre los convocados se destacan el vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.
En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D'Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.
En esta embestida contra el Poder Judicial, el oficialismo también convocará a los gobernadores que suscribieron el pedido de enjuiciamiento de los miembros de la Corte como así también el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
La tensión entre el oficialismo y el Poder Judicial se agudizó luego del fallo de la Corte que ordenó al Gobierno restituir a la Ciudad de Buenos Aires un porcentaje de la coparticipación que el Gobierno le había quitado durante la pandemia.
Fue así que el presidente y un grupo de gobernadores afines acordaron impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, acusándolos por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.
La propuesta, que es impulsada por el diputado oficialista Eduardo Valdés junto a otros legisladores del Frente de Todos, consta de 410 páginas.
Entre los fundamentos del proyecto, el oficialismo precisó: "La presente solicitud se plantea en el convencimiento de que este proceso que se pretende impulsar resguardará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como institución fundamental de nuestra república, limitándose a juzgar la conducta reprochable de sus miembros".
El Frente de Todos sostiene que se buscará "analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial".
"Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes", puntualiza el texto.
En ese punto, indica que "dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional".
Asimismo, acusa a los integrantes de la Corte de haber "realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo".
En el texto también se plantea "el grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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