Diplomacia de vuelo rasante

Solamente un recién llegado a la política internacional, o sumamente ajeno a ella, como parece ser nuestro canciller Héctor Timerman, pudo imaginar que los Estados Unidos se disponían a perpetrar un atentado terrorista en la Argentina, transportando al presunto comando terrorista en un avión militar hasta el aeropuerto de Ezeiza, con armas y medicamentos que violarían la seguridad nacional.

Nadie ignora que la Argentina es una gigantesca pista de aterrizaje, virtualmente desprotegida de un efectivo sistema de radares. La única precaución que debe tomar un avión incursor es la de evitar una colisión con algún aparato de la bien nutrida fuerza aérea de los narcotraficantes. Lo demás es lo de menos. Un experto navegante de las redes sociales como el canciller, debiera conocerlo suficientemente. Quizá sus frenéticas intervenciones (injerencias) en la política interna, es decir, en el otro extremo de las funciones para las que fue designado, le hayan hecho olvidar ese detalle de la generosa política de cielos abiertos.

Esto, naturalmente, en el supuesto de que las agencias norteamericanas hubiesen decidido ensayar a campo un nuevo explosivo de alto poder o un producto tóxico. Quizá esos y otros supuestos temibles pudo haber suscitado la misteriosa valija, que activó la sagacidad de nuestro canciller y arrojó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a un conflicto diplomático gratuito y oneroso en términos de dignidad nacional y jerarquía regional. La actitud descontrolada de Timerman es sólo imaginable en otros personajes como Hugo Chávez o Muamar Kadhafi.

Sólo así pudo arrastrarse durante cuatro meses un gratuito conflicto diplomático que dañó todavía más la imagen internacional argentina, que desde hace demasiado tiempo tiene una curiosa y penosa similitud con la que proyectan los países llamados "bananeros" en la resolución de las cuestiones externas.

Cuatro meses después de iniciado el escándalo por la incontinencia verbal del ministro de Relaciones Exteriores, se encontró una decorosa solución al diferendo, mediante el simple recurso de desplazar a ese funcionario de cualquier intento de intervención en las negociaciones. Según confirmó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, el conflicto "fue resuelto por el juez administrativo de la Aduana", que es lo que debió hacerse desde el primer momento, y los elementos incautados serán devueltos "por etapas".

En un país medianamente organizado, nada de esto habría sucedido. Pero es posible, inevitable casi, en un país imprevisible en lo institucional, en el que el jefe de Gabinete actúa como vocero presidencial, el secretario de Comercio Interior como poderoso ministro de Economía, el canciller como funcionario de contraespionaje y un largo e inextricable etcétera administrativo.