Diez días

Pablo Romá

Sociólogo. Miembro de Circuitos Consultora

En estos días la anécdota que relató el presidente en varios momentos de la campaña respecto a la metáfora del "taller" para definir su forma de comprender la economía se materializó. Alberto Fernández está recorriendo el difícil equilibro entre políticas redistributivas, políticas recaudatorias y politicas de incentivo a la producción. Lo hace con el pragmatismo que anunció cuando dijo “en economía no defiendo ninguna doctrina en particular”.

En este sentido, el proyecto de Ley de Emergencia Económica y Solidaridad Social enviado al Congreso es testigo de esta combinatoria, un proyecto de ley que incluye medidas que dan alivio a los sectores más bajos de la sociedad quienes sufrieron las consecuencias más importantes del retroceso económico en la gestión Macri, con concesiones a las pequeñas y medianas industrias, a los ahorristas en pesos, pero también concesiones a las mineras y petroleras entre otros.

La Ley que aprobó el Congreso plasmó la tensión entre atender a los más necesitados y las consecuencias injustas para aquellos jubilados que cobran por arriba de los $19.067. Los ruidos de está medida motivaron que el gobierno virara hacia un "ajuste de la política".

El pacto social que piensa Alberto Fernández necesita una combinatoria que le permita recaudar dólares para renegociar las deudas, con el FMI y con los tenedores de bonos del Estado, así como una política que atienda a la urgencia de los sectores populares. 

Dentro de la alianza gobernante el proyecto no enfrentó fisuras. El más activo en su defensa y aprobación fue Sergio Massa, quien se puso al frente del debate parlamentario atendiendo las críticas esgrimidas por la oposición. La primera de ella fue contra los poderes discrecionales que la Ley habilitaba al Poder Ejecutivo. Pero el pivote de Juntos por el Cambio se desplazaba desde un ala radical dialoguista que está en el poder de los estados provinciales y que por lo tanto necesita certidumbres en torno a las políticas públicas y las cuentas estatales, y un ala más dura, más ideológica que tuvo expresión en acciones de rechazo que recorrieron los barrios de Recoleta y Belgrano el viernes por la noche.

Tanto la intervención de Alberto Fernández como la de  Sergio Massa supieron atender a estas sutilezas de la política parlamentaria para, en una  maratónica sesión de 48 horas, modificar puntos y aprobar la Ley.

Estamos en las últimas semanas del mes de diciembre, fechas siempre complicadas para los gobiernos. Es un mes difícil por tradición y por las expectativas de mejoras cotidianas que se materializaron en el voto al nuevo gobierno.

En este sentido se pone en juego también una disputa cultural. Alberto Fernández junto a los diputados y senadores del Frente de Todos ponen en el centro de sus argumentos la apelación a la solidaridad, que deben tener los ciudadanos frente a los que están por debajo de las condiciones de dignidad humana. El concepto de solidaridad tiene una larga tradición en la política y en la sociología. Emile Durkheim llamaba solidaridad orgánica al tipo de lazo social que surgía en la sociedad industrial. Era una solidaridad que surgía desde el modelo productivo y que habilitaba la autonomía individual. Pero en una sociedad segmentada como la nuestra donde el sistema productivo ha dejado afuera a un sector que no ha parado de crecer en los últimos años, la solidaridad a la que se apela es a la de la sensibilidad, al sentimiento de solidaridad que debe regir la moral y las costumbres de los ciudadanos. 

El dilema está en que sin recomposición del tejido productivo la solidaridad permanezca en la esperanza de los hombres y mujeres sensibles. Algo que hoy divide a las sociedades del capitalismo tardío tanto en nuestro país y como a nivel global.