Diálogo social, ilusiones y realidad
El Gobierno sólo busca un acuerdo de precios y salarios, desentendiéndose de su responsabilidad en el alza inflacionaria.
Ha resurgido la iniciativa de convocar a representantes del empresariado y de los trabajadores a conformar una mesa de diálogo con la denominación, siempre atrayente, de consejo económico y social.
El primer antecedente de una iniciativa de este tipo se remonta a fines de la década del cuarenta, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón formalizó por decreto un foro con esa denominación, respondiendo a la iniciativa de dos influyentes personas de su entorno, Miguel Miranda y José Figuerola. La visión corporativa se imponía, entonces, en la acción de gobierno y daba forma a la constitución de confederaciones únicas, tanto de trabajadores como de empresarios. Estas mismas centrales pasaron en esa época a constituirse en los pilares políticos del flamante Partido Peronista. Desde entonces ha persistido la propensión del justicialismo a este tipo de mecanismos, empleados como instancia alternativa al diálogo interpartidario y al tratamiento parlamentario de determinadas políticas públicas.
Esta propensión ha sido siempre acompañada por las cúpulas sindicales y, en general, también ha tenido la simpatía y el apoyo de las principales entidades empresariales. La historia muestra que el reclamo de este tipo de diálogo y negociación siempre surge cuando aparecen señales críticas en el plano económico y social. Hoy lo es una inflación que, aunque negada formalmente por el Gobierno, está alcanzando niveles preocupantes y ha impulsado peligrosamente la carrera entre precios y salarios.
Probablemente, el Poder Ejecutivo ha entendido que su estrategia de confrontación y el control de los precios por parte del secretario de Comercio no han logrado detener el avance inflacionario. No resigna, sin embargo, su discurso y alega que los precios o los salarios aumentan por la mera decisión de empresarios y de dirigentes gremiales. Dice también que los precios suben porque no aumenta la producción frente al crecimiento de la demanda y que de ello son culpables los empresarios por no haber invertido, ya sea por egoísmo o por irresponsabilidad.
Se trata, por cierto, de argumentos falaces y escapistas para no reconocer que la inflación tiene causas macroeconómicas, principalmente fiscales y monetarias. Si no hubo suficiente inversión, lo que es cierto, también hay una clara responsabilidad del Gobierno que ya lleva siete años en el poder y no creó las condiciones necesarias para crear el clima adecuado para los negocios de riesgo.
En realidad, éste es un discurso que también acompaña un sector importante de la oposición por razones ideológicas. En este contexto, la iniciativa oficial de convocar un consejo económico y social obtiene un amplio apoyo, tanto del espectro político como de las entidades empresarias y del sector gremial. Para el Gobierno, es políticamente preferible hacer esta convocatoria sugiriendo un límite al aumento de salarios, por ejemplo, del 18 por ciento, que imponerlo por decreto. Del acuerdo tendrá que surgir, en apariencia, también un compromiso empresarial de limitar sus aumentos de precios. Si luego la realidad hace que esto no se cumpla, habrá a quien echarle la culpa. Ha sido siempre así.
En efecto, la experiencia histórica argentina sobre concertaciones empresariales-sindicales como la que ahora se propone no ha sido exitosa. Los acuerdos han tenido sólo efectos de corto plazo y se volvieron insostenibles cuando la realidad no los hacía practicables. Al no actuar sobre las causas sino sólo sobre los efectos, las metas de contención de precios y salarios siempre terminaron desbordadas.
En todo caso, sería altamente provechoso que este nuevo diálogo incorporara elementos de diagnóstico bien elaborados que ilustraran a las partes sobre el verdadero origen de la inflación y sus causas primarias, al tiempo que se exhiba voluntad política para tornar más serios y creíbles los índices del costo de vida del Indec, cada vez más alejados de las proyecciones inflacionarias de consultoras privadas que promedian el 27 por ciento para este año.
De esta forma, el diálogo, que es indudablemente mejor que la confrontación, podría lograr un saldo positivo en cuanto a llegar a conclusiones y poder plantear al Gobierno que oriente correctamente sus políticas para corregir las causas de la inflación.