Día Mundial sin Tabaco
El lema de este año denuncia la "interferencia de la industria" en las estrategias preventivas. Sin embargo, hay motivos para festejar, como los espacios libres de humo.
Desde 1987, el 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial sin Tabaco, que en está ocasión se centra en denunciar los intentos de la industria para socavar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, aprobado en 2003.
La "interferencia de la industria del tabaco", el lema de este año, tiene especial interés en Uruguay, el primer país que enfrentó una demanda contra el Estado por parte de una tabacalera, la poderosa Philip Morris, que la interpuso en 2010 ante el Ciadi, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El motivo de la demanda fueron medidas como subir los impuestos a los cigarrillos, prohibir productos etiquetados como "light" o suave, o exigir que el 80 % de la superficie de las cajetillas esté dedicado a las advertencias, adoptadas durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, oncólogo del profesión y un enemigo acérrimo del tabaco.
Hasta entonces eran solo las compañías fabricantes de cigarrillos las demandadas por algunas de las numerosas víctimas del tabaquismo, que, según la OMS, es la segunda causa de muerte en el mundo, con cerca de seis millones de fallecidos cada año, de los cuales más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno.
No solo Uruguay ha soportado el embate de las tabacaleras por las leyes contra el tabaquismo. El año pasado, el Tribunal Constitucional de Perú declaró improcedente una demanda de la empresa British American Tobacco.
Pese a las medidas contra el tabaco, un producto oriundo de América que se extendió por el mundo después de la conquista española, en Uruguay se registró un inesperado incremento del consumo en 2011 y actualmente, según datos oficiales, un 31 % de los habitantes del país de edades entre 15 y 65 años es fumador.
En Brasil, el consumo del tabaco cayó desde un 34,8 % en 1989 hasta un 14,8 % en 2011, según datos del Ministerio de Salud. México ocupa el sexto lugar mundial en número de fumadores con 10,9 millones, el 15,9 % de la población mayor de 15 años, de los cuales 8 millones son hombres y 2,9 millones mujeres, según un estudio presentado en abril pasado.
Las normas para controlar y prevenir el consumo de tabaco en Venezuela han logrado que entre 1999 y este año se reduzca de 32 % a 17 % la prevalencia en personas mayores de 15 años.
Desafíos
Según la OMS, a menos que se actúe, el tabaco matará hasta 8 millones de personas en 2030, de las cuales más del 80 % vivirá en países de bajos y medianos ingresos, como son los de América Latina.
Actualmente hay 1.100 millones de fumadores en el mundo, con una tendencia al aumento del número de mujeres jóvenes consumidoras de tabaco en regiones como Latinoamérica, Europa y partes de Asia, precisó este miércoles el experto de la OMS Armando Peruga.
En América Latina solo dos países, República Dominicana y Colombia, no han suscrito el Convenio Marco para el Control del Tabaco (2003) y la mayoría de los firmantes ya lo han ratificado, de acuerdo con datos de la organización de la ONU para la salud.
En El Salvador, uno de los que tienen pendiente la ratificación, uno de los graves problemas es que el 34 % de los niños de 13 a 15 años "ya fumaba o fumó" y la mitad de ellos comenzó a fumar a los 10 años, de acuerdo con Eduardo Ortiz, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Si bien ya está prohibido fumar en cines, colegios, teatros, oficinas y supermercados en la mayoría de América Latina, todavía hay resquicios en las leyes, por los cuales se permite fumar en espacios reservados dentro de los lugares públicos, algo con lo que quieren acabar en Chile, donde se discute agregar a la Ley del Tabaco artículos "draconianos".
Se busca eliminar los lugares especiales para fumadores en restaurantes y bares y hasta prohibir fumar en las plazas públicas, lo contrario de lo que acaba de suceder en Nueva York, donde la presión ejercida por grupos de activistas que defienden los derechos de los fumadores ha puesto en suspenso la prohibición de fumar en parques públicos, piscinas, playas y lugares históricos.
No obstante, en muchos países latinoamericanos, como es el caso de Paraguay, existen deficiencias para aplicar los controles pertinentes debido a la falta de reglamentación de las normativas anti-tabaco, como la especificación de multas.
En Puerto Rico, la violación de la Ley del Tabaco puede acarrear multas administrativas de hasta 250 dólares, mucho menos que en Panamá, donde aquellos que fumen en espacios públicos cerrados se arriesgan a sanciones que van desde los 5.000 a los 100.000 dólares.
En Argentina está prohibido incluso hasta el denominado "cigarrillo electrónico" por considerar las autoridades que no es un método seguro y eficaz para dejar de fumar.
"Todos tenemos que aliarnos en esta batalla contra la interferencia de la industria tabacalera" y rechazar "terminantemente sus intentos de intimidación y sus sucias artimañas", declaró el director de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, Douglas Bettcher, con motivo del Día Mundial sin Tabaco.
El "vicio" de fumar cuesta a la economía mundial 200.000 millones de dólares al año, según la organización internacional. Para un país pequeño como Costa Rica, según el Gobierno, el coste es de unos 140 millones de dólares anuales. Los números hablan por sí solos.
La "interferencia de la industria del tabaco", el lema de este año, tiene especial interés en Uruguay, el primer país que enfrentó una demanda contra el Estado por parte de una tabacalera, la poderosa Philip Morris, que la interpuso en 2010 ante el Ciadi, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El motivo de la demanda fueron medidas como subir los impuestos a los cigarrillos, prohibir productos etiquetados como "light" o suave, o exigir que el 80 % de la superficie de las cajetillas esté dedicado a las advertencias, adoptadas durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, oncólogo del profesión y un enemigo acérrimo del tabaco.
Hasta entonces eran solo las compañías fabricantes de cigarrillos las demandadas por algunas de las numerosas víctimas del tabaquismo, que, según la OMS, es la segunda causa de muerte en el mundo, con cerca de seis millones de fallecidos cada año, de los cuales más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno.
No solo Uruguay ha soportado el embate de las tabacaleras por las leyes contra el tabaquismo. El año pasado, el Tribunal Constitucional de Perú declaró improcedente una demanda de la empresa British American Tobacco.
Pese a las medidas contra el tabaco, un producto oriundo de América que se extendió por el mundo después de la conquista española, en Uruguay se registró un inesperado incremento del consumo en 2011 y actualmente, según datos oficiales, un 31 % de los habitantes del país de edades entre 15 y 65 años es fumador.
En Brasil, el consumo del tabaco cayó desde un 34,8 % en 1989 hasta un 14,8 % en 2011, según datos del Ministerio de Salud. México ocupa el sexto lugar mundial en número de fumadores con 10,9 millones, el 15,9 % de la población mayor de 15 años, de los cuales 8 millones son hombres y 2,9 millones mujeres, según un estudio presentado en abril pasado.
Las normas para controlar y prevenir el consumo de tabaco en Venezuela han logrado que entre 1999 y este año se reduzca de 32 % a 17 % la prevalencia en personas mayores de 15 años.
Desafíos
Según la OMS, a menos que se actúe, el tabaco matará hasta 8 millones de personas en 2030, de las cuales más del 80 % vivirá en países de bajos y medianos ingresos, como son los de América Latina.
Actualmente hay 1.100 millones de fumadores en el mundo, con una tendencia al aumento del número de mujeres jóvenes consumidoras de tabaco en regiones como Latinoamérica, Europa y partes de Asia, precisó este miércoles el experto de la OMS Armando Peruga.
En América Latina solo dos países, República Dominicana y Colombia, no han suscrito el Convenio Marco para el Control del Tabaco (2003) y la mayoría de los firmantes ya lo han ratificado, de acuerdo con datos de la organización de la ONU para la salud.
En El Salvador, uno de los que tienen pendiente la ratificación, uno de los graves problemas es que el 34 % de los niños de 13 a 15 años "ya fumaba o fumó" y la mitad de ellos comenzó a fumar a los 10 años, de acuerdo con Eduardo Ortiz, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Si bien ya está prohibido fumar en cines, colegios, teatros, oficinas y supermercados en la mayoría de América Latina, todavía hay resquicios en las leyes, por los cuales se permite fumar en espacios reservados dentro de los lugares públicos, algo con lo que quieren acabar en Chile, donde se discute agregar a la Ley del Tabaco artículos "draconianos".
Se busca eliminar los lugares especiales para fumadores en restaurantes y bares y hasta prohibir fumar en las plazas públicas, lo contrario de lo que acaba de suceder en Nueva York, donde la presión ejercida por grupos de activistas que defienden los derechos de los fumadores ha puesto en suspenso la prohibición de fumar en parques públicos, piscinas, playas y lugares históricos.
No obstante, en muchos países latinoamericanos, como es el caso de Paraguay, existen deficiencias para aplicar los controles pertinentes debido a la falta de reglamentación de las normativas anti-tabaco, como la especificación de multas.
En Puerto Rico, la violación de la Ley del Tabaco puede acarrear multas administrativas de hasta 250 dólares, mucho menos que en Panamá, donde aquellos que fumen en espacios públicos cerrados se arriesgan a sanciones que van desde los 5.000 a los 100.000 dólares.
En Argentina está prohibido incluso hasta el denominado "cigarrillo electrónico" por considerar las autoridades que no es un método seguro y eficaz para dejar de fumar.
"Todos tenemos que aliarnos en esta batalla contra la interferencia de la industria tabacalera" y rechazar "terminantemente sus intentos de intimidación y sus sucias artimañas", declaró el director de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, Douglas Bettcher, con motivo del Día Mundial sin Tabaco.
El "vicio" de fumar cuesta a la economía mundial 200.000 millones de dólares al año, según la organización internacional. Para un país pequeño como Costa Rica, según el Gobierno, el coste es de unos 140 millones de dólares anuales. Los números hablan por sí solos.