Detuvieron a nueve policías en Tucumán por los saqueos
Se los acusa de presunta "autoría mediata" de una serie de delitos cometidos en esa provincia durante la ola de ataques a comercios y viviendas.
La Justicia provincial ordenó la detención de nueve policías, a los que se los acusa de presunta "autoría mediata" de una serie de delitos cometidos en Tucumán durante la ola de ataques a comercios y viviendas mientras la fuerza de seguridad no prestaba funciones por un reclamo salarial.
La medida se cumple bajo estricto secreto y hasta el momento no hubo información oficial, aunque voceros judiciales aseguran que al menos cuatro de los uniformados fueron detenidos en las últimas
horas y se realizan procedimientos para detener a otros cinco efectivos policiales.
La figura de "autoría mediata" determina que alguien colabora o instiga con su accionar para que se cometan determinados delitos como robos, lesiones y hasta homicidios.
Hasta el momento no se conocen los nombres de los policías que están en la mira de la Justicia, pero trascendió que al menos uno tendría el rango de comisario.
Los hechos ocurrieron entre el lunes y el martes, cuando las calles de Tucumán se quedaron sin seguridad debido a una medida de fuerza iniciada por la Policía para reclamar mejoras salariales, algo que finalmente consiguieron cuando el gobierno, luego de intensas negociaciones, les otorgó un aumento del 35 por ciento.
El acuerdo elevó a 8.700 pesos el sueldo inicial de un agente, el menor rango de la fuerza, pero generó una fuerte fractura en la relación entre los uniformados y la sociedad, y el gobernador José Alperovich dijo que fue víctima de "una extorsión".
Mientras los policías permanecían autoacuartalados, bandas se dedicaron a saquear comercios, supermercados, distribuidoras y hasta casas de familia, lo que hizo que los vecinos se armaran y levantaran barricadas en las calles para protegerse de los ataques.
El Gobierno provincial, a través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, presentó en los Tribunales penales una denuncia por sedición contra policías, debido a la modalidad de protesta que
adoptaron.
A partir de ese momento, diferentes fiscales comenzaron a trabajar lograr identificar a los saqueadores y determinar la responsabilidad de los policías en esos ataques.
Tras las tensas jornadas, que provocaron la muerte de cuatro personas y casi un centenar de heridos, además de pérdidas millonarias por los ataques a a comercios y viviendas, el gobernador Alperovich aceptó la renuncia del jefe de Policía, Jorge Racedo y designó en su reemplazo a Dante Bustamante.
La medida se cumple bajo estricto secreto y hasta el momento no hubo información oficial, aunque voceros judiciales aseguran que al menos cuatro de los uniformados fueron detenidos en las últimas
horas y se realizan procedimientos para detener a otros cinco efectivos policiales.
La figura de "autoría mediata" determina que alguien colabora o instiga con su accionar para que se cometan determinados delitos como robos, lesiones y hasta homicidios.
Hasta el momento no se conocen los nombres de los policías que están en la mira de la Justicia, pero trascendió que al menos uno tendría el rango de comisario.
Los hechos ocurrieron entre el lunes y el martes, cuando las calles de Tucumán se quedaron sin seguridad debido a una medida de fuerza iniciada por la Policía para reclamar mejoras salariales, algo que finalmente consiguieron cuando el gobierno, luego de intensas negociaciones, les otorgó un aumento del 35 por ciento.
El acuerdo elevó a 8.700 pesos el sueldo inicial de un agente, el menor rango de la fuerza, pero generó una fuerte fractura en la relación entre los uniformados y la sociedad, y el gobernador José Alperovich dijo que fue víctima de "una extorsión".
Mientras los policías permanecían autoacuartalados, bandas se dedicaron a saquear comercios, supermercados, distribuidoras y hasta casas de familia, lo que hizo que los vecinos se armaran y levantaran barricadas en las calles para protegerse de los ataques.
El Gobierno provincial, a través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, presentó en los Tribunales penales una denuncia por sedición contra policías, debido a la modalidad de protesta que
adoptaron.
A partir de ese momento, diferentes fiscales comenzaron a trabajar lograr identificar a los saqueadores y determinar la responsabilidad de los policías en esos ataques.
Tras las tensas jornadas, que provocaron la muerte de cuatro personas y casi un centenar de heridos, además de pérdidas millonarias por los ataques a a comercios y viviendas, el gobernador Alperovich aceptó la renuncia del jefe de Policía, Jorge Racedo y designó en su reemplazo a Dante Bustamante.