Destruir la prensa independiente para silenciar

No sólo se busca expropiar Papel Prensa para otorgar el vital recurso producido por esa empresa a discreción, sino que mientras un juez instigado por un grupo seudoperiodístico de contratistas del Estado intervenía Cablevisión y los principales funcionarios del gobierno nacional lanzaban todas las amenazas posibles contra la medios de comunicación no oficialistas, uno de tales funcionarios advertía que la opinión periodística puede ser calificada de terrorista. La libertad de disentir se está destruyendo a pasos acelerados en el país de los argentinos.

Ya no caben dudas: el Gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre ha ratificado su decisión de declarar enemiga del Estado a la prensa independiente y al principal grupo de comunicaciones y servicios periodísticos argentino. Así lo indican la sanción de leyes que permiten controlar el papel para diarios y sus contenidos y la insólita intervención de la empresa de televisión por cable Cablevisión.

Pero, más allá de la ratificación de una política preexistente, la gran novedad con que se inicia el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner es la de unificar todos los poderes que otorga la administración del Estado nacional para, esta vez, acallar enteramente la voz de Clarín y sus empresas asociadas.

Para ello no habrá escrúpulo posible que frene el ataque por demolición; se requerirán los "servicios" de todos los jueces adictos, de todos los propagandistas oficiales disfrazados de periodistas "militantes" y de todos los grupos privados de comunicación creados o cooptados desde el poder político para delatar, difamar o competir desleal y arbitrariamente contra cualquier periodismo o periodista que no se arrodille ante el oficialismo.

Declarar al papel de diarios como servicio público no resiste el menor análisis: ni jurídico (ya que la Constitución Nacional y los tratados internacionales lo prohíben expresamente), ni económico, en tanto es una materia prima que hoy abunda en la Argentina y en el mundo, por lo que no existe la menor posibilidad de que alguien no pueda disponerlo. Sólo se trata de una burda maniobra para controlar la empresa Papel Prensa a fin de que el gobierno pueda decidir quién dispondrá de ese insumo para hacer diarios y quién no.

Al igual que en la aplicación concreta de la ley de medios y servicios audiovisuales, bajo el argumento de multiplicar las voces y democratizar la información, lo único que se busca es imponer una voz única: la del mayor poder político y económico concentrado y unificado que tuvo la Argentina de las últimas décadas.

La intervención de la empresa de televisión por cable del grupo Clarín ordenada por el Juez Federal, Bento, mediante el uso de la fuerza de Gendarmería Nacional, fue estimulada por un conglomerado que, bajo una fachada mediática, esconde su verdadera razón de ser económica: el manejo de los servicios públicos y de los recursos naturales, en particular los petroleros, como moneda de cambio otorgada por el poder político a cambio de su afirmación como prensa adicta.

Todo dentro de una lógica con la cual se persigue con saña cualquier integración de servicios periodísticos acusándola de monopólica, pero se premia a toda empresa "privada" que utilice la presión mediática y sus relaciones políticas para apoderarse del usufructo de los más vitales servicios públicos.

Vale decir, otro desguace del Estado que, esta vez bajo una ideología seudo estatista, esconde el interés de fortalecer una nueva camada de capitalistas amigos del poder, que se enriquezcan a cambio de cumplir un rol de mercenarios.

El ataque frontal y sistemático a Clarín y sus empresas es apenas la excusa, un enemigo inventado al que se pretende doblegar para destruir algo mucho más importante que cualquier empresa periodística: la libertad de disentir con el poder, el bien público que hoy más peligro corre en la Argentina