Destituyeron a la jueza de La Rioja que pidió una coima millonaria para agilizar un expediente
El jury de enjuiciamiento removió de su cargo Norma Abate de Mazzuchelli. Consideró que tuvo "conductas lesivas para los intereses de la sociedad" y una "manifiesta indignidad moral".
La jueza Norma Abate de Mazzuchelli, una reconocida magistrada de La Rioja, fue destituida del cargo luego de haber sido denunciada por pedir 8 millones de pesos de coima para agilizar el expediente de una sucesión.
La funcionaria riojana fue sometida a un jury de enjuiciamiento que este mediodía la condenó y ordenó su destitución por "mal desempeño de sus funciones".
El jurado, compuesto por seis miembros, decidió destituir a Abate de Mazzuchelli del cargo de magistrada "en virtud de las conductas lesivas para los intereses de la sociedad, la manifiesta indignidad moral demostrada y el quiebre de la confianza pública en la magistratura".
La historia de este caso se conoció a mediados del pasado mes de mayo cuando la jueza fue denunciada por una comerciante de La Rioja.
"Desconozco eso", fue la defensa que ensayó Abate de Mazucchelli cuando fue abordada por una de las periodistas de “Telenoche” (El Trece) que realizó el informe que sacudió a la Justicia riojana.
En un video que mostró ese programa, la jueza le realiza a la denunciante, Manuela Saavedra, una pregunta directa y concisa, en lo que parece ser una cámara oculta: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”.
“Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirma Abate de Mazzucchelli. Lo hizo después de anotarle en una libreta el número 8, a modo de sugerencia de un monto posible para la hipotética suma de dinero a entregarle, en millones, según dijo la denunciante.
La denuncia de un pedido de coimas por $ 8.000.000
Según pudo saber Clarín, la causa comenzó por la denuncia de Manuela Saavedra, dueña de una librería que queda a solo tres cuadras de los Tribunales riojanos. La mujer había sido designada como administradora de una sucesión en la que también había sido declarada heredera.
Los herederos habían arrancado el trámite hace cuatro años y ya estaban en la parte de la liquidación de los bienes de la sucesión. Desde el año pasado esperaban el permiso de la Justicia para disponer de una cuenta bancaria en la que la persona fallecida tenía US$ 87.000. Varias veces habían presentado los trámites con sus abogados, pero no había avances.
Entonces Saavedra decidió ir por su cuenta a la Cámara Cuarta donde tramitaba la sucesión. Allí fue que se encontró con el planteo de Abate, que le pidió plata para agilizar el expediente, según la denuncia.
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