Desobediencia de la política a la Justicia

El problema se presentó en el ámbito de la Capital Federal, pero no deja de ser serio y preocupante para el resto del país, porque las que están en juego son las instituciones de la República. Se trata de la toma (por parte de usurpadores) de un complejo habitacional, de la decisión de un juez federal y de la desobediencia de la Policía Federal -ordenada por el Poder Ejecutivo- a cumplir una orden del magistrado.

Desde el Gobierno nacional se aducen problemas de competencia del magistrado, derivando entonces a la Policía Metropolitana -creada no hace mucho por Mauricio Macri- la responsabilidad de intervenir, a pesar de que ese organismo no fue creado precisamente para ese tipo de actuaciones. Pero los indicios llevan a pensar que detrás de todo se esconde una competencia política, en este año electoral, entre el Ejecutivo nacional y la jefatura del Gobierno porteño.

Las "explicaciones" del jefe de Gabinete para justificar la decisión oficial nacional se remitieron a problemas de competencia del magistrado y ratificó la no participación de la Policía Federal. No tuvo respuestas cuando se le consultó sobre la actuación de la Federal para evitar la ocupación de un complejo de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, también en la Capital Federal.

Las ocupaciones de predios, por parte de habitantes de villas inestables, se multiplicaron a fines del año pasado y tuvieron su punto culminante con la crisis del parque Indoamericano, con un costo de tres personas muertas como consecuencia del enfrentamiento entre los ocupantes y la policía. A esos aspectos se sumaron otras ocupaciones, las que en algunos casos aún persisten con una situación no menos inquietante: una jueza federal consideró que no había existido "delito" en las ocupaciones.

Respecto del accionar policial, órdenes judiciales emanadas del mismo magistrado que reclamó la desocupación de las viviendas fueron aceptadas -actuando los efectivos- en los disturbios ocurridos en la estación Constitución y posteriormente durante una insólita protesta encabezada por vendedores ambulantes que habían cortado las vías del ferrocarril en reclamo de puestos de trabajo.

Sea cual fuere el motivo de la decisión del Ejecutivo nacional -la falta de competencia del juez en el problema, la necesidad de evitar enfrentamientos y, el más grave, una determinación política- lo cierto es que se está generando un peligroso antecedente, como es el de quitar a la Justicia el elemento fundamental para hacer cumplir sus fallos.

Con un aspecto no menos inquietante: esa falta de accionar puede derivar en que se multipliquen las tomas de barrios por parte de familias necesitadas, en lo que amenaza convertirse en una lucha de pobres contra pobres, como sucedió en diciembre.

Mendoza no estuvo ajena a hechos de esa naturaleza. Ocurrió en Las Heras, con la ocupación de un predio. Algo similar sucedió en Maipú, mientras un grupo de familias tomó durante horas un barrio a punto de ser entregado por el IPV en Luján. En todos los casos, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas personales porque la desocupación fue pacífica. Pero también se sabe que cuando se producen hechos de este tipo en Buenos Aires, se repiten en cadena en el interior del país.

Por esos motivos es que cobra importancia la disputa que se mantiene en la Capital Federal, porque están en juego las instituciones republicanas, el respeto que se le debe a la Justicia por parte de los funcionarios y la tranquilidad pública que nuevamente vuelve a estar en peligro.