Designan a Eduardo Mallea como titular de la Aduana en reemplazo de Rosana Lodovico, acusada por sobornos

En medio del escándalo por un hecho de supuesta corrupción luego de tomar un crédito de una empresa acusada de contrabando, el Gobierno desplazó a Rosana Lodovico al frente de la Aduana y designó en su lugar a Eduardo Mallea, un abogado especialista en Comercio Exterior y derecho aduanero.

Mallea, que hasta el momento era socio del reconocido estudio de abogados Bruchou & Funes de Rioja, deja ese cargo para asumir en el organismo que depende de la AFIP.

"La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dra. Florencia Misrahi, ha decidido designar al Dr. Eduardo Mallea como el nuevo Director General de Aduanas, con el objetivo de profesionalizar, modernizar y despolitizar el organismo, y continuando con su plan de reestructuración del mismo", informó la AFIP a través de un comunicado al que tuvo acceso Clarín.

Desde el Gobierno destacaron que la designación de Mallea y la "reestructuración" que lleva adelante Misrahi en la AFIP "se condicen con los lineamientos definidos por el presidente Javier Milei para la reorganización eficiente de los organismos del Estado".

Pese a que había circulado el rumor de que Misrahi podría dejar el cargo, la funcionaria, cuyo jefe directo es el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue al frente de la AFIP y este viernes firmó la designación de Mallea y otras modificaciones en la estructura de la Aduana.

Los nuevos movimientos en la estructura del organismo pusieron el foco en aduanas estratégicas como la del puerto de San Lorenzo, que controla exportaciones cerealeras, y la de Campana y Aeroparque.

Entre esas modificaciones, hay dos que se destacan. Por un lado, la AFIP designó a Gladys Morando, que estaba en el área fiscal de la aduana en Aeroparque y pasará a desempeñarse como mano derecha de Mallea, al frente de la Dirección de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera. Morando. Es funcionaria de carrera y había sido ascendida a subdirectora durante el macrismo.

El otro nombramiento es el de Horacio Miguel Font, que fue ascendido a jefe de departamento en la Aduana de Campana.

Lodovico fue desplazada del cargo después de haber quedado en el ojo de la tormenta por el préstamo de US$ 250.000 que recibió con su ex marido, Luis Antonio Bocassi. Esa deuda es con una empresa implicada en actividades de contrabando. El crédito fue pactado en 2022 con Promarlon SA, una sociedad anónima vinculada a prácticas ilícitas en el ámbito aduanero.

La ahora ex funcionaria dijo que el préstamo, obtenido en octubre del año pasado, fue destinado a la adquisición de una propiedad en Canning, valuada en US$330.000, con aportes adicionales de ahorros personales.

Al momento de recibir el préstamo, Lodovico ejercía cargos en la Aduana, primero como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel, y posteriormente ascendida como titular del organismo durante la administración de Javier Milei.

La continuidad de Lodovico al frente de la Aduana incomodaba al Gobierno, que evaluó la situación durante algunos días antes de confirmar su desplazamiento.

Lodovico era conocida de Michel, hombre de Massa en la Aduana, e incluso había trabajado durante la gestión del kirchnerista Ricardo Echegaray. Con el gobierno de Mauricio Macri había quedado relegada y nuevamente fue promovida durante la gestión del Frente de Todos.

Más cambios en AFIP: desplazan decenas de jefes y supervisores

Entre las muchas modificaciones que dispuso, Misrahi realizó una fuerte depuración en la Subdirección General de Fiscalización y trasladó varios agentes que controlaban el trabajo informal hasta el ámbito de la DGI.

Como informó Clarín, parte de la reforma incluyó el traslado del área operativa de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, dedicada a esta tarea, a la DGI.

Algunas versiones adjudican la sorpresiva reestructuración a un informe crítico del FMI que advertía sobre fallas en la fiscalización del mercado laboral por parte del Estado.

Además, hubo una poda importante en la Subdirección General de Fiscalización, eliminando de la estructura unos 40 cargos.