Desarrollo socioproductivo o economía extractiva de enclave

Tanto el Plan de Integración y Desarrollo rionegrino (1984-1988) de Álvarez Guerrero como el Proyecto Río Negro (Metas Estratégicas para el Desarrollo Provincial), formulado en la gestión Verani, ya contemplaban el desarrollo prioritario de la agroindustria. En la gestión de Saiz se repitieron las expresiones de buenas intenciones en igual sentido. Lo cierto es que los gobiernos provinciales no fueron capaces de desplegar en el tiempo acciones para concretar los objetivos plasmados en los planes. Las herramientas que la provincia dispuso y dispone (promoción industrial, Fondo Fiduciario Hidrocarburífero, Pro Río Negro, Parques Industriales) no se activaron en favor de las pymes agropecuarias y productivas. La impronta dominante en los últimos 20 años fue la de agregar nuevos organismos a los existentes, superponiéndolos como capas geológicas y actuando con absoluta independencia entre sí.

Todo ello contribuyó a configurar una organización productiva y económica caracterizada por la desarticulación y el aislamiento de los actores económicos de las distintas regiones del territorio provincial. Las localidades y actores relegados del proceso de desarrollo sufrieron durante mucho tiempo el deterioro de sus capacidades autónomas de acción.

Lo que se tradujo en la imposibilidad de apropiarse de los excedentes generados en sus propios entornos. Como consecuencia de ello, tarde o temprano son expulsados del circuito productivo regional. Quizás el ejemplo más acabado, aunque no el único, sea lo ocurrido en la fruticultura desde mediados de los 80. Nada hizo el Estado provincial para quebrar la matriz de concentración/exclusión existente. Desde entonces el tejido productivo provincial se caracteriza por una marcada dualidad: un núcleo reducido de empresas dinámicas con inserción internacional y un universo amplio de pequeñas y medianas unidades productivas diseminadas en el territorio provincial libradas a su propia suerte para subsistir.

En este contexto surge el plan agroalimentario, para sistematizar más de 300.000 hectáreas.

Como podemos advertir, no se trata de procesos socioproductivos gestados esencialmente desde nuestro territorio, como ocurriera con el desarrollo de los valles irrigados del río Negro. El plan pergeñado en la provincia de Heilongjiang tampoco es la resultante de un proceso de construcción y distribución gradual de nuevas capacidades productivas, empresariales y laborales o de la superación del umbral productivo existente. Muy por el contrario, el proyecto de los inversores chinos es un implante en nuestro territorio de una estrategia definida de arriba abajo y de afuera adentro.

El Estado provincial abandona el rol de articulador y garante de equilibrios sociales. Lejos de procurar recomponer el tejido socioproductivo, prioriza mediante un acuerdo a un único actor al que le reserva 300.000 hectáreas, áreas de servicios y cobertura logística de todo tipo. ¿Y los productores de nuestra provincia? ¿Qué rol les cabe? ¿Ser arrendatarios? ¿Espectadores? ¿O deben conformarse con obtener algunos beneficios marginales?

¿Por qué no otorgar a los productores y organizaciones sectoriales las condiciones y facilidades dadas al grupo chino, para que junto a los organismos nacionales y universidades de la región construyan las opciones para ampliar el horizonte productivo y, por ende, social de Río Negro?

Ninguna de estas opciones fue merituada. El reducido núcleo político que hoy conduce el Estado provincial intenta avanzar en un modelo de desarrollo delegado en manos de un único inversor, excluyendo a los actores y agentes locales.

El desarrollo regional no es antagónico con la dinámica de la globalización. Ésta representa una amenaza tanto como una oportunidad. El escenario internacional de demanda creciente de alimentos no parece ser adverso para Río Negro. Pero para aprovechar convenientemente oportunidades, flujos e inversiones externas es necesario contar con estrategias propias (desarrollo endógeno) que tengan en cuenta nuestras particularidades y/o prioridades productivas así como también la necesaria reinversión y redistribución en nuestro territorio de las utilidades derivadas de la explotación de recursos provinciales. Es decir: estrategias que sinteticen las aspiraciones de los actores sociales y productivos, ya que de ello dependen no sólo la rentabilidad y la competitividad sino también la cohesión social y, en definitiva, la gobernabilidad democrática.

En resumen, es probable que en las condiciones imperantes, y con el enfoque de implante sostenido por el gobierno provincial, la iniciativa agroalimentaria sea funcional sólo a los que la traen y al núcleo económico con efectiva inserción en la economía global. La iniciativa china forma parte de un proceso mucho más vasto, orientado al control (mediante compra o alquiler) de grandes extensiones de tierras fértiles para atender la demanda alimentaria de millones de personas que viven en países de rápido crecimiento económico y demográfico.

Hace más de dos décadas, los organismos técnicos provinciales advertían sobre modelos productivos vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, con actores y explotaciones de gran escala, sin capacidad para incorporar agentes locales y generar encadenamientos productivos extendidos en el territorio. Este parece ser el camino encontrado por Saiz en China.

En el complejo escenario internacional en el que estamos insertos, de dura competencia entre actores globales, todo indica que el Plan Agroalimentario va a configurar una actividad extractiva, de enclave; como tal, tendrá poca articulación y enraizamiento en el tejido socioproductivo local. El efecto redistributivo, tanto en el plano social como territorial, será marginal. Sin incluir aún en el análisis el balance ambiental, que representa uno de los aspectos más sensibles y delicados.