Desarmar y derrotar a las bandas
Las peleas entre facciones rivales por enemistades irreconciliables o por el control de ciertas zonas y la acción de barras bravas deben ser desterradas de la sociedad cordobesa.
A fines de febrero último, los humildes vecinos de A una barriada conocida como villa El Nailon, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, se vieron sorprendidos por lo que fue un grave enfrentamiento con armas entre bandas rivales que supuestamente luchaban por el control de determinados sectores para la venta de drogas.
El episodio fue minimizado luego por autoridades provinciales, pero nunca se esclareció cuál fue el motivo real de la disputa.
Un episodio similar, aunque con connotaciones mucho más dolorosas, se produjo el fin de semana último en barrio Juan Pablo II, también de la capital provincial. Aquí se enfrentaron dos familias en una pelea que se extendió durante dos jornadas, al cabo de las cuales el saldo fue de un joven muerto, cinco personas con heridas de distinta consideración, además de la quema de viviendas y vehículos particulares, y los destrozos sufridos por los móviles policiales que llegaron para detener a los contendientes. En este caso, además de enemistades personales, también asoma el trasfondo del tráfico de drogas.
Finalmente, casi medio centenar de hinchas del club Instituto Atlético Central Córdoba protagonizaron graves incidentes contra los propios jugadores de fútbol de la institución y destrozaron el ómnibus que los condujo a las ciudades de Corrientes y Resistencia. Al regresar a esta Capital, fueron detenidos por la Policía, que les secuestró armas, drogas y otros elementos peligrosos.
Las barras bravas de los clubes engordan su pasión con todo tipo de actividades ilegales, las que en no pocas situaciones tienen la protección de los propios directivos de los clubes y de militantes políticos.
Las autoridades policiales y el Gobierno provincial deben asumir la responsabilidad que les concedió la sociedad y, a través de la fuerza pública y apoyados en las normas legales vigentes, deben proceder a desarmar y a derrotar a las bandas que actúan en los barrios y clubes de Córdoba en pos de la conquista de zonas y actividades ilegales.
Si es cierto que la lucha contra el mundo de las drogas y la trata de personas es uno de los objetivos primordiales de la gestión del gobernador José Manuel de la Sota, como lo ha declarado y firmado en sendos proyectos de ley enviados a la Legislatura, éstas son oportunidades en las que debe demostrar en los hechos el verdadero impacto de sus anuncios públicos.
Quienes habitan en los sectores mencionados y en los restantes barrios de la ciudad de Córdoba, así como los hinchas de fútbol, sólo pretenden vivir en paz, sin que ninguna banda armada les quite el sueño de poder desarrollar sus actividades, integrar una familia, estudiar y trabajar con dignidad. Por lo tanto, no puede haber excusas para permitir la existencia de bandas ni de zonas controladas por la delincuencia.
El episodio fue minimizado luego por autoridades provinciales, pero nunca se esclareció cuál fue el motivo real de la disputa.
Un episodio similar, aunque con connotaciones mucho más dolorosas, se produjo el fin de semana último en barrio Juan Pablo II, también de la capital provincial. Aquí se enfrentaron dos familias en una pelea que se extendió durante dos jornadas, al cabo de las cuales el saldo fue de un joven muerto, cinco personas con heridas de distinta consideración, además de la quema de viviendas y vehículos particulares, y los destrozos sufridos por los móviles policiales que llegaron para detener a los contendientes. En este caso, además de enemistades personales, también asoma el trasfondo del tráfico de drogas.
Finalmente, casi medio centenar de hinchas del club Instituto Atlético Central Córdoba protagonizaron graves incidentes contra los propios jugadores de fútbol de la institución y destrozaron el ómnibus que los condujo a las ciudades de Corrientes y Resistencia. Al regresar a esta Capital, fueron detenidos por la Policía, que les secuestró armas, drogas y otros elementos peligrosos.
Las barras bravas de los clubes engordan su pasión con todo tipo de actividades ilegales, las que en no pocas situaciones tienen la protección de los propios directivos de los clubes y de militantes políticos.
Las autoridades policiales y el Gobierno provincial deben asumir la responsabilidad que les concedió la sociedad y, a través de la fuerza pública y apoyados en las normas legales vigentes, deben proceder a desarmar y a derrotar a las bandas que actúan en los barrios y clubes de Córdoba en pos de la conquista de zonas y actividades ilegales.
Si es cierto que la lucha contra el mundo de las drogas y la trata de personas es uno de los objetivos primordiales de la gestión del gobernador José Manuel de la Sota, como lo ha declarado y firmado en sendos proyectos de ley enviados a la Legislatura, éstas son oportunidades en las que debe demostrar en los hechos el verdadero impacto de sus anuncios públicos.
Quienes habitan en los sectores mencionados y en los restantes barrios de la ciudad de Córdoba, así como los hinchas de fútbol, sólo pretenden vivir en paz, sin que ninguna banda armada les quite el sueño de poder desarrollar sus actividades, integrar una familia, estudiar y trabajar con dignidad. Por lo tanto, no puede haber excusas para permitir la existencia de bandas ni de zonas controladas por la delincuencia.