Desaparición de Facundo Astudillo Castro: buscan rastros del joven en un patrullero de la Policía bahiense

La Policía Federal Argentina (PFA) y una empresa de monitoreo analizarán los elementos secuestrados en el allanamiento del martes por la noche en la Unidad de Prevención Local de la Policía Bonaerense en Bahía Blanca.

En el procedimiento, entre otros elementos, fue incautado un móvil de esa dependencia que el 8 de mayo pasado realizó un movimiento “inusual y sospechoso” fuera de su jurisdicción, cerca del sitio donde apareció un cuerpo desintegrado que podría ser de Facundo Astudillo Castro, quien tenía 22 años cuando desapareció, el 30 de abril.

El fiscal Santiago Ulpiano Martinez ordenó medidas para precisar los “saltos extraños” en la georreferenciación del patrullero 20.160 luego de que aquel día se detuviera, durante 35 minutos, a unos 800 metros del sitio Cola de Ballena, ubicado en el distrito vecino de Villarino. Allí, el 15 de agosto, tres pescadores divisaron un cuerpo esqueletizado, cuya autopsia se realizó el martes en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en Buenos Aires.

Personal de la empresa de monitoreo Megatrans S.A deberá extraer el GPS o AVL del móvil policial secuestrado y realizar el peritaje para determinar si el dispositivo ha sufrido modificaciones y/o desperfectos técnicos. “Se requirió asimismo que explicara las anomalías advertidas en los registros, cómo es el funcionamiento del GPS incorporado al móvil, que indicará si el vehículo en cuestión posee cámara 360° y que aportará cualquier otra información que pudiera resultar de utilidad para la investigación”, detalló la fiscalía.

A una comisión del área de Ciberdelito de la PFA que se constituyó en Bahía Blanca se le entregaron los tres teléfonos celulares secuestrados a efectivos policiales del puesto allanado. Deberán extraer los datos de los dispositivos con la tecnología UFED y enviar un reporte con su contenido a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas (DBPPD) de la propia PFA y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

“Es con el objeto de su análisis y verificación de posibles elementos que pudieran resultar de interés para la pesquisa”, explicó la fiscalía 1 bahiense en un nuevo comunicado publicado en el sitio fiscales.gob.ar.

En tanto, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) se le solicitó que aportara los registros de llamadas entrantes y salientes, entre el 30 de abril y el 30 de mayo pasados, de esos teléfonos secuestrados.